El Supremo rectifica y obliga al cliente a pagar el impuesto de las hipotecas

07/11/2018

El Tribunal Supremo de España rectificó este martes una sentencia de hace tres semanas y decidió que sean los clientes y no la banca la que abone el impuesto sobre las hipotecas, lo que ha provocado una fuerte contestación entre políticos y consumidores, que califican la resolución de "bochornosa" e "indignante".

Tras dos días de deliberaciones, los 28 magistrados encargados de tomar la decisión acordaron por un estrecho margen de 15 votos frente a 13 recuperar la doctrina anterior, de modo que sea el hipotecado el que asuma la tasa.

Ante esta decisión sin precedentes en España, las reacciones no se han hecho esperar, tanto desde el ámbito político como desde las asociaciones de consumidores, los grandes perjudicados, ya que 1,5 millones de hipotecados no podrán recuperar el impuesto abonado en los últimos cuatro años, periodo de prescripción.

El Gobierno español anunció que fijará su posición el próximo jueves en su reunión semanal, tras analizar con detenimiento la resolución, informaron fuentes del Ejecutivo.

Sin embargo, sí reaccionó con rapidez el líder de Podemos (izquierda), Pablo Iglesias, muy activo en sus críticas a la banca, quien afirmó que la "independencia" del Tribunal Supremo está en "entredicho" por esta resolución.

Iglesias, a través de Twitter, llamó a una "gran movilización cívica" que sería el próximo sábado, al considerar que "gana la banca y pierden los ciudadanos" y consideró que la democracia en España está "debilitada".

"Aberración"

También las principales asociaciones de consumidores han reaccionado inmediatamente, pidiendo la dimisión del presidente de la Sala que adoptó este martes la sentencia, que califican de "bochornosa" y "absoluta aberración" y anuncian recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ante el "gran favor" que el alto tribunal español hace a los banqueros.

La asociación de usuarios de la banca, Adicae, consideró una "barbaridad" corregir el criterio por el que los bancos debían pagar el impuesto y anunció que mantendrá sus demandas colectivas, pese a la decisión del Supremo, a la vez que recurrirá a la Justicia Europea.

Por su parte, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), principal organización que apoya a los afectados por la crisis hipotecaria de los últimos años, calificó de "indignante" la rectificación y acusó al Tribunal Supremo de plegarse a los intereses y la "presión del lobby financiero e inmobiliario".

Desde la judicatura, la asociación Jueces para la Democracia, de tendencia progresista, consideró que se ha hecho un daño irreparable a la Justicia y auguró que queda "un largo camino" en este asunto, ya que los consumidores recurrirán a la corte europea.

Giro radical

Sin embargo, la banca, que es la principal beneficiaria de la rectificación fijada este martes, de momento no ha reaccionado.

Con la nueva resolución, el Tribunal Supremo de España se desdice de su doctrina tres semanas después de que una sala del mismo tribunal diera un "giro radical", al sentenciar que los bancos debían pagar el impuesto por la suscripción de una hipoteca, y no los clientes, como ocurría hasta entonces.

Pero la sentencia no precisaba si el pago tenía que hacerlo a partir de esa sentencia o, por el contrario, también debía asumir el coste por las hipotecas suscritas en los últimos cuatro años -plazo de prescripción del impuesto en España-.

Ahorro

Finalmente los magistrados del Supremo rectificaron el fondo de la sentencia emitida anteriormente, algo que contradice las declaraciones del propio presidente de ese Tribunal, Carlos Lesmes, quien tras conocerse la anterior sentencia, explicó que era "firme y no susceptible de revisión", y que producía "plenos efectos en relación con las partes en litigio".

Con la decisión de este martes, la banca se ahorra un desembolso de unos 640 millones de euros al año (730 millones de dólares), según cálculos de la agencia de calificación Moody's.Asimismo, se mantienen las reglas del juego en el mercado hipotecario y garantiza la seguridad jurídica, en línea con la demanda de la banca española.

Además, evita un problema a la Hacienda española, que si se hubiera tenido que devolver el impuesto pagado en los últimos cuatro años habría tenido que desembolsar unos 5.000 millones de euros (unos 5.700 millones de dólares al cambio actual), según calculó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.