El Gobierno levanta la supervisión de las cuentas de Cataluña

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08/06/2018

El nuevo Ejecutivo español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, decidió este viernes levantar la supervisión de las cuentas regionales de Cataluña, controladas por el Ministerio de Hacienda desde septiembre de 2017 para evitar que dinero público se destinara a promover la independencia de esa comunidad autónoma.

En la primera reunión de su gabinete, Sánchez entregó una carta a cada uno de los ministros para pedirles que respeten en sus decisiones la estabilidad económica y presupuestaria derivadas de la pertenencia a la Unión Europea (UE).

En la moción de censura que lo llevó al poder el 1 de junio, Sánchez se comprometió a mantener el proyecto de Presupuestos del Estado de 2018 del anterior gobierno conservador, que aún no ha sido aprobado definitivamente por el Parlamento.

El Gobierno no decidió otras medidas, al margen del nombramiento de varios altos cargos.

La nueva portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, avanzó en rueda de prensa que la decisión sobre Cataluña se tomó como gesto de "normalidad política" y con la confianza de que "funcionará bien".

El anterior Gobierno español, de centroderecha, gestionó la administración de Cataluña desde octubre de 2017 -cuando destituyó a las autoridades regionales por promover y declarar la independencia- hasta el 2 de junio pasado, cuando tomó posesión un nuevo gobierno catalán, salido de las elecciones autonómicas de diciembre de 2017.

Pagos sin control

El Ejecutivo de Sánchez dio instrucciones a los bancos para que los nuevos gobernantes catalanes puedan abordar los pagos que le corresponden sin necesidad de pasar por la supervisión del Ministerio de Hacienda.

Según Celaá, se trata de una "medida de normalización", aunque el Gobierno central estará informado de las eventuales partidas que "pudieran dirigirse a cuestiones catalanas".

Respecto a una posible entrevista de Sánchez con el presidente de la región de Cataluña, el independentista Quim Torra, Celaá aseguró que está prevista, igual que con el resto de gobernantes regionales de manera bilateral, aunque no dio fechas.

"El gran objetivo" es "normalizar institucionalmente el país", argumentó Celaá en alusión a las tensiones entre las administraciones regionales y el ejecutivo español de la etapa anterior.

La portavoz precisó que Sánchez llevará "la Constitución en una mano y el diálogo en la otra con la voluntad de avanzar".

Insistió en que solucionar el conflicto catalán es una cuestión "prioritaria" y situó la integridad territorial como "el principal problema" que tiene España.

Por su parte, Torra, expresó la necesidad de "rebajar la crispación" política y ofreció diálogo con Sánchez "sin condicionantes ni límites".

Vocación europeísta

En la carta entregada a los ministros, Sánchez cita como retos de España "la consolidación y modernización de la economía, el fortalecimiento de la cohesión social y territorial y la regeneración democrática".

Insiste en que el nuevo Ejecutivo nace con una clara vocación europeísta, decidido a recuperar protagonismo en la construcción europea y consciente de que muchos de los desafíos del país, como el cambio climático, la despoblación, la precariedad y desigualdad, las migraciones y las amenazas globales de seguridad, tienen en el ámbito europeo el espacio idóneo de respuesta.

Recuerda Sánchez el compromiso por la igualdad como principio inspirador y recalca la lucha contra toda discriminación, especialmente de las mujeres, como transversal en la acción política de todos los departamentos.

Guante feminista

La portavoz del Gobierno destacó que el nuevo Ejecutivo, donde 11 de los 17 ministros son mujeres, ha recogido "el guante" del feminismo.

Sánchez pide a los ministros trabajar "con la urgencia debida y la prudencia exigible", consciente de que la actual legislatura termina, en principio, en 2020.

En este sentido, Celaá destacó la "rapidez", "la sobriedad y la serenidad" con la que se ha constituido el Ejecutivo, con ministros que no han venido "a aprender", sino que llegan sabiendo ya cada uno las competencias que tienen que gestionar.

Añadió que el Gobierno tiene "toda la legitimidad" constitucional para agotar la legislatura, aunque corresponde a Sánchez decidir cuándo convocará elecciones generales, algo que le exigen urgentemente los opositores de Ciudadanos (liberales).

El Partido Popular (PP, centroderecha), que gobernaba antes, consideró que el nuevo Gobierno es "mucho más efectista que efectivo", y habrá que juzgarlo por los hechos.

Podemos (izquierda), que apoyó la moción de censura contra el PP, avisó de las dificultades de un gobierno socialista en solitario, pues solo dispone de 84 de los 350 diputados del Congreso.

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