El fiscal califica el «procés» de golpe de Estado con medios violentos

04/06/2019

El fiscal Javier Zaragoza ha responsabilizado este martes a los acusados en el juicio del procés de protagonizar «un golpe de Estado» entre marzo de 2015 y octubre de 2017, y ha subrayado la "violencia" a lo largo de ese último mes "insurreccional".

La Fiscalía ha sido tajante al manifestar que el "procés" fue "un golpe de Estado" articulado a través de "una insurrección" que trató de liquidar la Constitución por medio de una "violencia suficiente" promovida por los líderes independentistas, que actuaron como "una organización criminal".

Este martes el tribunal ha escuchado los alegatos finales de las acusaciones con relatos cruzados entre la Fiscalía, que aprecia una violencia "evidente" para respaldar la rebelión, y la Abogacía del Estado, que ha defendido un delito de sedición, dado que "no se puede considerar probado que la violencia haya sido un elemento estructural" del plan llevado a cabo por los acusados para alcanzar sus fines.

Conflicto entre la abogada del Estado y la Fiscalía

Tanto es así que los cuatro fiscales no solo han dedicado esfuerzos a ampliar el concepto de violencia para apuntalar la rebelión sino también a desvirtuar la sedición, términos que ha invertido la abogada del Estado dando lugar a una paradójica situación en la que ambas partes han entrado en conflicto corrigiendo y arremetiendo contra los argumentos del otro.

La Fiscalía ha insistido en que hubo "violencia física, compulsiva e intimidatoria", que ha atribuido a los acusados por desoír las advertencias de la cúpula de los Mossos al Govern y por "incitar a los ciudadanos a enfrentarse, a defender los colegios y a oponerse a las fuerzas de seguridad".

Su responsabilidad se materializa en los 1.093 heridos del 1-O, de manera que la Fiscalía no deslinda, como hacen las defensas, los 93 agentes lesionados de los 1.000 civiles heridos.

La violencia solo fue, en su opinión, la herramienta final para culminar el "golpe del Estado" que se consumó el 27 de octubre con la proclamación de independencia, momento en que "la Constitución queda derogada de hecho y de derecho en Cataluña".

Ataque al orden constitucional

Dicho de otro modo, se perpetró "la sustitución de un orden jurídico por otro por medios ilegales", lo que supone "un ataque contra el orden constitucional, no contra el orden público, por eso no puede ser una sedición", han dicho los fiscales, que han recordado las palabras del rey en su intervención del 3 de octubre.

"Esto es lo que pretendían. Derogar, suspender total o parcialmente la Constitución y declarar la independencia de una parte del territorio nacional. Eso es el 'procés'", ha dicho el fiscal Javier Zaragoza.

El fiscal califica el «procés» de golpe de Estado con medios violentos

A su juicio, "ninguno de los acusados ha querido asumir responsabilidades", que se reparten en tres pilares, ejecutivo, legislativo y social, que funcionaron como una "organización criminal" cuyo liderazgo, en ausencia del expresident Carles Puigdemont, ejerció su vicepresidente Oriol Junqueras, a quien se ha referido como el "motor de la rebelión".

Del líder de ERC ha criticado el "ejercicio de cinismo sin precedentes" que supuso su declaración; de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha dicho que fue "el auténtico bastión desde la Mesa" para aprobar las leyes de desconexión; del exconseller Joaquim Forn ha resaltado que controló de forma absoluta el "montaje" de los Mossos el 1-O; y de los Jordis, que fueron "los reyes y señores del orden cívico de Barcelona".

Rebelión y malversación

Todos ellos, junto a otros cuatro acusados, fueron coautores de la rebelión, una acusación que se suma a la de malversación contra todo el Govern por el "inmenso derroche de fondos públicos" que no solo perjudicó a la hacienda publica española y catalana, sino que fue un execrable ataque al Estado democrático social y de derecho".

Para la Fiscalía, "que la Generalitat no se haya personado para defender sus derechos es una evidencia escandalosa del control que el entorno de los acusados sigue ejerciendo sobre la administración catalana", hasta el punto de convertirla en "su particular cortijo".

Dejando al margen la malversación, la Abogacía -dependiente del Gobierno- ha tratado de desvirtuar la violencia "como un instrumento nuclear" al no ser "idónea, suficiente o proporcionada" para sus fines.

El Estado rebate la rebelión

Lo que ha hecho la abogada del Estado Rosa Seoane durante parte de la hora y media de su intervención ha sido enterrar jurídicamente la rebelión en favor de la sedición como nunca antes se había visto en el juicio, lo que ha sido bien recibido por algunas defensas, que creen que les ha hecho parte del trabajo para combatir a la Fiscalía.

Cree Seoane que nueve acusados participaron "de forma absolutamente predeterminada y organizada" en un "alzamiento público y tumultuario que tuvo lugar" el 1-O, es decir, no hubo violencia pero sí la fuerza que requiere la sedición en las "concentraciones masivas de personas dotadas de cierta organización", preparadas para "impedir la aplicación de la ley".

Vox, que ejerce la acusación popular, ha cerrado la jornada con un informe centrado en probar la existencia de una organización criminal entre todos los "golpistas".

A sus letrados les ha bastado apenas 45 minutos, la mitad de su tiempo, para pedir "una sentencia que tenga una finalidad de castigo y disuasoria" para que "nunca más nadie se atreva a atentar contra el ordenamiento constitucional". En una semana, la respuesta de las defensas.