El Congreso pagó casi dos millones de euros en dietas durante el estado de alarma

29/06/2020

La mayoría de los grupos donó esta retribución a ONG e instituciones médicas, aunque solo un diputado del PSOE renunció a ella

Una de las postales más icónicas que dejaron los 99 días de estado de alarma fue la del hemiciclo del Congreso casi vacío durante la sesión del pasado 18 de marzo, la primera tras la imposición de las medidas restrictivas para paliar los efectos de la epidemia. Esta situación generó un debate entre los diferentes grupos políticos sobre la conveniencia de renunciar o no a las indemnizaciones que perciben los diputados por los gastos originados por su actividad, como el alquiler de un piso u otras cuestiones relacionadas con el ejercicio del cargo. Sin embargo, la Mesa de la Cámara especificó que el reglamento no permite decidir sobre el abono de las retribuciones de sus miembros al considerarse un derecho y por tanto no se puede ordenar la retirada a todas sus señorías de forma conjunta. Una cantidad que desde el 14 de marzo al 21 de junio ascendió a 1.943.000 euros.

El único diputado que renunció a esta indemnización fue Odón Elorza, del grupo socialista, que el 2 de abril envió un «escrito motivado» al director de Presupuestos de la cámara para que su renuncia fuera efectiva, tal y como confirmó él mismo a este periódico. Dejó así de percibir los 1.959,62 euros mensuales que le corresponden por no residir en Madrid –en el caso de que sí lo hiciera, como ocurre con 37 de los 350 parlamentarios, la cuantía se reduciría a 935,37 euros al mes–. «Ha sido un gesto de empatía. Sentía la necesidad de no cobrar una indemnización de unos gastos que estaba teniendo. Al poco de esta iniciativa el resto de diputados socialistas decidieron donar una cantidad, cercana al millón de euros, al instituto de investigación Carlos III de Madrid», explica el exalcalde de San Sebastián, que no cuenta con domicilio en la capital, sino que se aloja en un hotel cuando acude al hemiciclo.

Este tipo de iniciativas también partieron de otros grupos como el del Partido Popular, que creó, en palabras de su portavoz parlamentario, Teodoro García Egea, «un fondo común para ayudar a la gente que más lo necesita». Desde Unidas Podemos, la ministra deIgualdad, Irene Montero, recordó que sus cargos ya donan parte de su sueldo.

En su contexto
1.959,62

euros percibe al mes un diputado que no resida en Madrid por indemnización para dietas, traslados y otras actividades relacionadas con su cargo. Si está domiciliado en la capital la cifra baja a 935,37 euros.

313

diputados tienen su domicilio habitual fijado fuera de Madrid, mientras que el resto, 37, reside en la capital.

3.000

euros es el límite de gasto de la tarjeta que se entrega a los diputados para utilizar el servicio de taxi en Madrid.

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, en cambio expuso su desacuerdo con la posibilidad de que los diputados del Congreso dejen de cobrar la indemnización que compensa los gastos de actividad ya que «en el caso de los diputados de fuera de Madrid, hay que entender que esos pagos se usan para pagar el alquiler, el cual se sigue pagando pese al parón». Poco después, el anunció que donará la subvención del grupo parlamentario en el Congreso a asociaciones de víctimas del coronavirus. Desde Ciudadanos, sus diputados han hecho lo propio, pero a título personal.

En el caso del Senado, su reglamento recoge expresamente que esta indemnización es «irrenunciable», como se comunicó a principios de abril a todos los senadores que preguntaron por la posibilidad de no cobrarlo.

Gastos de transporte

No hay que confundir esta indemnización con los gastos derivados del desplazamiento directo a la cámara –el que se produce estrictamente del domicilio o del hotel, de la estación o del aeropuerto en Madrid hasta el hemiciclo, por ejemplo–. Para este caso, el Congreso incluye un tipo de ayudas para cubrir los gastos de transporte que deben ser justificados. No se trata de una cantidad fija de forma mensual sino que se abona directamente el billete a la empresa transportista o se reembolsa el gasto una vez justificado. Además, a cada diputado sin vehículo oficial se le entrega una tarjeta con un límite anual de 3.000 euros para utilizar el servicio de taxi en Madrid.

Los partidos barajan convocar plenos extraordinarios en julio

Con la llegada del verano finaliza el segundo periodo de sesiones del año en el Congreso –de febrero a junio– por lo que la actividad normal, como fija el artículo 73 de la Constitución, no regresará a la Cámara baja hasta septiembre. Durante este espacio de tiempo (julio y agosto) la legislación prevé que permanezca de guardia la Diputación Permanente, formada por 68 diputados. Un órgano que puede convocar comisiones y plenos extraordinarios. Sin embargo, a efectos prácticos y como ha ocurrido en años anteriores, los diferentes grupos parlamentarios planean convocar al menos dos sesiones a mediados del próximo mes en los que se voten decretos que siguen pendientes, como las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción, que finalizó sus trabajos la semana pasada. Por el momento aún no hay acuerdo ni decisión en firme todavía, aunque se sigue negociando. Para marcar la fecha definitiva habrá que tener en cuenta las elecciones autonómicas en Galicia y País Vasco fijadas para el 12 de julio.