La lucha contra el coronavirus

El BOE prorroga un mes las medidas del Gobierno una vez concluya el estado de alarma

02/04/2020

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto ley que contempla la prórroga de un mes tras el estado de alarma de todas las medidas ya implementadas para mitigar el impacto del Covid-19, salvo las que tengan un plazo específico, y ha aprobado más de 50 nuevas medidas en materia de alquiler, moratoria de cuotas a autónomos y pymes o un subsidio para contratos temporales o empleadas del hogar despedidas, entre otras. Además, espera tener «muy pronto» planes de reactivación e impulso económico.

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Esto es lo que dice el BOE del 31 de marzo, publicado el 1 de abril de 2020.

Disposición final duodécima. Vigencia.

1. Con carácter general, las medidas previstas en el presente real decreto-ley mantendrán su vigencia hasta un mes después del fin de la vigencia de la declaración del estado de alarma. No obstante lo anterior, aquellas medidas previstas en este real decreto-ley que tienen un plazo determinado de duración se sujetarán al mismo.

2. Sin perjuicio de lo anterior la vigencia de las medidas previstas en este real decreto-ley, previa evaluación de la situación, se podrá prorrogar por el Gobierno mediante real decreto-ley.

La ministra Calviño ha dicho esperar que «muy pronto» haya planes para la reactivación y el impulso económico con el fin de que la economía recupere el ritmo que venía marcando hasta finales de febrero, cuando comenzó a tener impacto la pandemia del Covid-19.

Según la vicepresidenta, la economía española mantuvo su «enorme robustez» hasta finales de enero incluso mediados de febrero, por lo que ha pedido no contraponer el ámbito económico y la salud, porque para que haya un buen funcionamiento económico primero hay que atajar el problema sanitario.

50 NUEVAS MEDIDAS Y PRÓRROGA DE LAS YA APROBADAS

El real decreto ley aprobado este martes prorroga un mes tras la finalización del estado de alarma las medias urgentes aprobadas las últimas dos semanas para mitigar el impacto económico y social del Covid-19, a excepción de las que cuenten con plazos propios, como la moratoria hipotecaria, determinados aplazamientos o las ayudas de alquiler.

Atendiendo a una de las principales demandas, el Gobierno ha aprobado un paquete de medidas en materia de alquiler que beneficiarán a 500.000 familias vulnerables, según ha precisado Iglesias.

En concreto, aprueba la suspensión de lanzamientos sin alternativa habitacional durante seis meses tras el estado de alarma y la prórroga extraordinaria de 6 meses de los contratos de alquiler de vivienda habitual para evitar subidas abusivas aprovechando el Covid-19. También impulsa un microcrédito para colectivos vulnerables que dará el estado a tipo de interés cero, a devolver en 6 años ampliable a 10, con condiciones de vulnerabilidad amplias que permitirá acogerse a trabajadores bajo un ERTE, reducción de jornada o autónomos con dificultades.

Para los que continúen con dificultades tras la crisis, el Estado pagará la deuda de alquiler con una línea de ayudas públicas por importe de 700 euros que contempla ayudas de hasta 900 euros al mes y 200 euros de suministros y mantenimiento.

Además, los grandes tenedores o fondos de inversión tendrán que realizar una quita del 50% o bien reestructuración de la deuda en 3 años.

MORATORIA HIPOTECARIA Y SUMINISTROS

En paralelo, amplía a tres meses la moratoria en el pago de hipoteca para aquellas personas que hayan perdido su empleo o hayan visto reducidos sus ingresos como consecuencia, frente al mes previsto hasta ahora, y ha extendido la medida a todo tipo de préstamos.

Igualmente, mientras esté en vigor el estado de alarma, no podrá cortarse el suministro energético de ningún tipo, ni el agua en la vivienda habitual, salvo por motivos ligados a la seguridad de suministro, según la norma aprobada este martes, que amplía también el bono social para que las personas que han quedado en situación de vulnerabilidad puedan acogerse a él, ampliándolo con una moratoria en el pago de suministros para autónomos y pymes y la posibilidad de adaptar sus contratos a sus nuevas realidades de consumo, sin penalización.

En el caso de los viajes combinados, los usuarios podrán solicitar su reembolso o recibir un bono canjeable en un año.

MORATORIA DE CUOTAS A PYMES Y AUTÓNOMOS Y SUBSIDIO A TEMPORALES

Otra de las medidas aprobadas más reclamadas, la moratoria del pago de las cotizaciones a la Seguridad Social durante seis meses de los autónomos y empresas, para lo que dispondrán de diez naturales para solicitar la medida, que viene acompañada de un aplazamiento del pago de deudas hasta el 30 de junio de 2020 y una moratoria de las cuotas por los días trabajados de marzo sin intereses.

Igualmente, se amplía la cobertura para proteger nuevas situaciones de trabajadores afectados por la crisis sanitaria al cubrirse en este caso a los trabajadores temporales cuyo contrato llegó a su fin tras la declaración del estado de alarma.

Para ello, se establece un subsidio de 430 euros de desempleo excepcional, de un mes de duración ampliable, sin requisito de carencia, para estos trabajadores temporales que no tengan la cotización necesaria para acceder a otra prestación o subsidio.

El decreto recoge también la extensión, de manera excepcional, la prestación por incapacidad temporal (IT) a aquellos trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia obligados a desplazarse de localidad y con obligación de prestar servicios esenciales que no puedan hacerlo debido al confinamiento de la población.

EMPLEADAS DEL HOGAR E INDUSTRIA

Además, se crea un subsidio por desempleo temporal para las empleadas de hogar que pueden solicitar si se quedan en el paro o si ven reducidas sus horas de trabajo, y que es compatible con el mantenimiento de una parte de la actividad laboral.

Por otra parte, se modifica el régimen de garantías para agilizar y facilitar la gestión de ayudas del Ministerio de Industria y Pyme, con facilidades para la refinanciación, y se habilita al ICEX a devolver a las empresas los gastos incurridos en ferias organizadas por el organismo que han tenido que ser canceladas.

También se suspende un año el pago de intereses del programa Emprendetur, entre otras y permite la utilización de hoteles y alojamientos turísticos como «alternativa habitacional segura» para víctimas de este tipo de violencia si los servicios de acogida no tienen disponibilidad, entre otras.