El despacho que fundó Montoro pide archivar la causa por «gravísimas anomalías» en la instrucción

Se trata de un recurso de apelación contra el auto que el Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona dictó el 2 de agosto de 2018 para declarar el secreto de las actuaciones, así como «contra los autos sucesivos que acordaron sus reiteradas prórrogas, hasta el auto de 19 de junio de 2025 por el que se acordó levantar el secreto». La defensa, a cargo del letrado José Antonio Choclán (el mismo que lleva al empresario Víctor de Aldama en el 'caso Cerdán'), también ha reclamado que «se decrete el sobreseimiento libre y archivo de la presente causa» abierta hace siete años por el juez Rubén Rus.

Para ello, pide a la Audiencia Provincial que estime lo solicitado «en atención a las gravísimas anomalías advertidas en el procedimiento, la importancia de los derechos fundamentales que se encuentra afectados, y ante los también gravísimos perjuicios reputacionales que se vienen produciendo por el traslado del sumario a los medios de comunicación».

El despacho reprocha que el instructor haya mantenido la causa bajo secreto casi siete años, algo que entiende que ha determinado que el proceso se encuentre «viciado de nulidad». Del mismo modo, denuncia que se hayan retrasado las imputaciones «más allá de lo estrictamente necesario» cuando el juzgado consideraba que «existían indicios de criminalidad desde al menos el 16 de diciembre de 2021».

El juez Rus, que buscó proteger la instrucción para evitar que se fuera «al traste» si llegaba a oídos de Montoro, indaga entre otros asuntos si organismos y empresas en manos de gobiernos del PP pagaron al menos 5,2 millones de euros entre 2008 y 2019 a Equipo Económico. La cifra, no obstante, podría ser incompleta, porque no incluye los dos primeros años de la consultora que creó el exministro, que supuestamente abandonó en 2008 aunque los investigadores lo ponen en duda.

Pero esos 5,2 millones dan idea de los millonarios ingresos que recibió la firma y muchos de sus colaboradores en el Gobierno de Aznar (hay nueve investigados). La cantidad está calculada a partir de un informe de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) que recopila los clientes de Equipo Económico con operaciones superiores a 60.000 euros en el periodo 2008-2019. Detalla sus relaciones comerciales y las de sus socios con empresas, asociaciones y organismos públicos, entre otras entidades.

Uno de los principales clientes fue Red Eléctrica de España (REE), cuyo mayor accionista es el Estado y que en julio pasado, tras estallar el escándalo, anunció la ruptura del contrato que todavía tenía con Equipo Económico para asesoramiento fiscal. REE pagó a la firma y a su sucesora 2,34 millones: 1,56 millones a Equipo Económico y otros 778.635 euros, a Global Afteli.

Global Afteli es la sociedad a la que los socios de Equipo Económico traspasaron su actividad en 2015, tras trascender que la Fiscalía Anticorrupción estaba investigando al bufete por un contrato a dedo de las Cámaras de Comercio, un asunto distinto al que ha llevado a la imputación del exministro y otras 30 personas físicas y jurídicas.

Además, en otro escrito, la defensa pide también el archivo de la causa y la nulidad de actuaciones al entender que el juez no motivó suficientemente el registro de la empresa Messer «para la averiguación del nuevo delito concreto que se desprendía de los correos electrónicos intervenidos». Se refiere al «hallazgo casual» por los investigadores de, entre otros, un correo de Rubén Folgado, director técnico de Messer, en el que aseguraba que, para conseguir favores, «la vía más directa, como siempre, es pagar a Equipo Económico, que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro».

La defensa incide en que el registro fue acordado en el marco de una investigación sobre la construcción de una planta gasística en El Morell (Tarragona) y subraya que los investigadores de la Guardia Civil, de la Unidad Central Operativa (UCO), «no se abstuvieron de investigar el nuevo hecho, sino que iniciaron una investigación policial sin haber obtenido previamente la autorización judicial».

En todo caso, defiende que la acusación «es manifiestamente infundada». «No hay evidencia alguna de que se ejerciera ningún tipo de presión ante las autoridades o los funcionarios públicos. No se ha probado contacto alguno al respecto, sino meras suposiciones o sospechas basadas en relaciones de parentesco o de relaciones profesionales anteriores a los hechos investigados», agrega.

Respecto a los delitos de cohecho, negociaciones prohibidas y corrupción en los negocios, manifiesta que «no hay en la causa evidencia de haberse pagado dávida, comisión o retribución ilícita a funcionario o autoridad alguna». También descarta que se haya cometido un delito de fraude contra la Administración. «No hay menoscabo de los intereses públicos, sino un adecuado encuadramiento de una actividad industrial de acuerdo con la naturaleza de su proceso productivo», añade.

Por su parte, el juez ha admitido la personación de varias acusaciones populares en la causa: la Confederación General del Trabajo (CGT), Manos Limpias, Vox, Sociedad Humana, Luis José Sáenz de Tejada Vallejo, Asociación Defensa Integral de Víctimas de Delitos Especializada (bajo la dirección letrada de Jorge Piedrafita) e Iustitia Europa. De esta forma, estas nuevas partes se unen al PSOE, que tras levantarse el secreto de sumario fue admitida.