La Audiencia de Valencia reabre la causa contra Oltra por el encubrimiento de la denuncia a su exmarido

La sección cuarta de la Audiencia ha aceptado los recursos de las acusaciones particulares y populares (Vox y una asociación en la órbita de Cristina Seguí) y coincide en que no se puede descartar «claramente» la existencia de una infracción penal.

La decisión complica el futuro político y judicial de Oltra. El auto obligará al juez instructor, que no apreció delito, a seguir con las diligencias o muy probablemente a dictar el conocido como auto de procesamiento, una resolución que atribuye delitos y supuestos autores y que aboca a la dirigente a sentarse en el banquillo de los acusados junto al resto de miembros de su equipo.

La resolución de la Audiencia sorprende porque el archivo inicial contaba con el visto bueno de la Fiscalía. En un auto de apenas siete páginas rebata las tesis del juez instructor quien, en su momento, concluyó, siempre de manera indiciaria, que en ningún caso se hizo nada para desacreditar la versión de la niña: «Se ha reiterado hasta la saciedad que no existe ni un solo indicio de que se dictara orden o instrucción alguna emanada de los cargos directivos de la conselleria dirigidas a ocultar los hechos o a desacreditar a la menor».

La Sala considera ahora, siempre en este nivel de indicios, que el relato de hechos que consta en el auto de archivo también admite como «hipótesis plausible» que los investigados hubieran pretendido ocultar el abuso sexual «para lo que se habrían valido de un informe ficticio, pues se emite un pronunciamiento de inexistencia de indicios de abuso sexual cuando ni siquiera se preguntó a la menor sobre ello». De igual modo, los magistrados recuerdan que no se denunciaron los hechos en Fiscalía, como otro de los elementos que disparan las sospechas.

El auto continúa con que las acciones anteriores colocaron a la menor en una situación de riesgo. «Pues el educador que había cometido los abusos fue reincorporado a su puesto de trabajo en el centro de acogida». No fue hasta pasados unos meses cuando la Policía Autonómica conoce la existencia de esta denuncia -se lo traslada la propia menor- durante uno de los traslados al centro de protección donde residía la adolescente y coincidía con el exmarido de Oltra.

Los magistrados concluyen en que no se puede descartar la comisión de infracción penal «derivada del incumplimiento del deber de denunciar y de proteger a la menor tutelada por la Generalitat con la finalidad de ocultar la existencia de unos abusos sexuales».

El auto también aprecia la existencia de indicios delictivos, al contrario que el juez, en la formación del citado expediente. Una decisión que se activa desde la Conselleria para aclarar los protocolos empleados una vez Oltra ya conoce que su expareja estaba siendo investigada por abusos sexuales. Pero no creen los magistrados que esta fuera la finalidad de ese trabajo. Todo lo contrario. «El expediente parece dirigido a determinar la falta de credibilidad del testimonio de la menor, a la que se hace pasar, de manera indiciariamente ilegal, por una entrevista y una prueba pericial, cuando el asunto estaba ya judicializado, con la victimización secundaria que ello supone y con la finalidad indiciaria de desacreditar su testimonio o influir en su ánimo acusador».

Los magistrados y el juez instructor, en cambio, mantienen la misma interpretación respecto al hecho de que la menor acudiera engrilletada al juicio celebrado en su momento en la Audiencia. Era un proceso que se había suspendido en anteriores ocasiones por incomparecencia de la joven. No aprecian que esa acción, ejecutada en su momento por la Policía Autonómica, puede tener un reproche penal.

Los hechos se remontan a los años 2016 y 2017. Las sospechas transitan desde que la menor denunciara ser víctima de un abuso sexual por parte de un educador hasta las decisiones tomadas por los responsables del centro de menores, las gestiones realizadas por los especialistas de la conselleria, las peticiones de la Fiscalía de Menores y el día en que Oltra, el 4 de agosto de 2017, se entera del hecho y ordena que se adopten una serie de medidas para que se aclare toda la situación. El famoso expediente donde la Sala aprecia un cúmulo de sospechas.