La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. / EP

La justicia imputa a Colau por coaccionar a un fondo buitre

Es la segunda causa penal contra la alcaldesa de Barcelona

CRISTIAN REINO Barcelona

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, deberá comparecer como investigada ante el juzgado en una nueva causa penal, la segunda contra la dirigente de los comunes. La Audiencia de Barcelona ha ordenado este lunes a un juzgado de instrucción que admita la querella presentada por un fondo buitre que el juez había archivado. Colau fue denunciada en 2020 por Vauras Investments, dedicada al sector inmobiliario. La firma consideró que se vio forzada por parte del Ayuntamiento de Barcelona a ceder unos pisos de su propiedad para que fueran destinados a alquileres sociales. El inmueble, conocido como Bloc Llavors, estaba ocupado por familias en situación vulnerable. La oposición acusó a la alcaldesa de trato de favor a los ocupas.

Según el fondo buitre, el consistorio le coaccionó bajo la amenaza de no concederles nuevas licencias de obras o no desbloquear las que tenían paralizadas si no cedían sus pisos para alquileres sociales. En un primer momento, el juez no apreció indicios de delito. Ahora, la Audiencia de Barcelona considera que Colau, dos concejales y una funcionaria del ayuntamiento pudieron cometer los delitos de coacción y prevaricación. La inmobiliaria se querelló también por extorsión, cohecho, revelación de secretos o infidelidad en la custodia de documentos, pero estas acusaciones han sido desestimadas.

El auto afirma que no cuestiona la facultad que tiene el consistorio para fomentar la vivienda social de alquiler. Lo que podría ser «repudiable penalmente», según la Audiencia Provincial, es que para conseguir la cesión de pisos se presione a los propietarios con causarles perjuicios. El ayuntamiento insiste en que se limitó a cumplir con la ley, en que se trataba de «un caso claro de especulación inmobiliaria» y confía en que el caso se vuelva a archivar.

Se trata de la segunda causa abierta contra la alcaldesa de Barcelona. Colau está investigada (ya declaró ante el juez) por presuntas irregularidades en unas subvenciones otorgadas por el consistorio barcelonés entre 2019 y 2020 a entidades afines a En Comú Podem. En esta causa, Colau está imputada por los presuntos delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionario público. La entidad que presentó la querella -la Asociación para la transparencia y la calidad democrática-, que desde el entorno de Colau vinculan con el lobby de la gestión del agua, acusa a la edil barcelonesa de firmar de manera arbitraria y discrecional, sin concurrencia pública y sin justificar el interés público una serie de ayudas económicas para entidades afines a los comunes, como el Observatorio Desc, donde trabajaba la propia alcaldesa antes de dar salto a la política institucional; Ingenieros sin fronteras; la PAH, de la que Colau fue portavoz y su figura más visible; y la Alianza contra la Pobreza energética.