José Manuel Villarejo. / EFE

Los arrepentidos que contrataron con Villarejo comienzan a declarar en el juicio

La intervención del comisario jubilado se espera cuando pasen ante el tribunal de la Audiencia Nacional los clientes que pagaron sus servicios parapoliciales

Mateo Balín
MATEO BALÍN Madrid

Los clientes que contrataton los servicios parapoliciales del comisario jubilado José Manuel Villarejo, y que han reconocido los hechos ante la Fiscalía Anticorrupción, serán los primeros en declarar a partir de hoy en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por tres piezas separadas de la llamada 'operación Tándem'.

La vista oral cuenta con más de 30 acusados, si bien se espera que el policía jubilado no tome la palabra hasta más adelante. Los arrepentidos han llegado a un acuerdo a cambio de rebajas de la pena de prisión. Ello pese a que los perjudicados por el presunto espionaje y chantaje de Villarejo han reprochado a actitud de los fiscales Miguel Serrano y Cesar de Rivas por haber acordado «a sus espaldas» sin que se haya resarcido económicamente el daño causado.

De acuerdo con el calendario del Ministerio Público, el desfile de acusados comenzará con los presuntos clientes en la pieza dos, llamada 'Iron'. Se juzga si el despacho de abogados Herrero&Asociados contrató a la empresa Cenyt en junio de 2013 para que espiara a un bufete de la competencia con el objetivo de obtener información para nutrir una denuncia y causar un daño reputacional.

A continuación intervendrán los contratantes de 'Land', la pieza número tres. Se trata de Susana García-Cereceda, Francisco Lorenzo y David Fernández, que requirieron los servicios de Villarejo entre 2012 y 2014 en calidad de responsables de Procisa, la promotora inmobiliaria de La Finca, una urbanización de lujo de Madrid. El motivo era una disputa familiar.

La ronda de supuestos clientes la cerrarían los de la pieza seis o 'Pintor', esto es, los empresarios Fernando y Juan Muñoz Támara (marido de la periodista Ana Rosa Quintana). Villarejo habría recibido en 2017 el encargo de extorsionar a otro empresario y a su abogado, el ex juez De Urquía, a fin de que afrontara el pago de una deuda de más de 1,5 millones que Hacienda les reclamaba de forma solidaria.