Anticorrupción pide la imputación del presidente de Iberdrola en el 'caso Villarejo'

Esta solicitud, a la que ahora debe dar respuesta el magistrado, llega cuatro días después de la celebración de la junta de accionistas del Iberdrola, y también de que se incorporara en mayo pasado a la causa un nuevo informe de la Policía Judicial en el que se analizaban supuestas conversaciones mantenidas entre el comisario y el responsable de Seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo, principal investigado por estos hechos.

En ellas, el comisario jubilado se refería en diferentes momentos al presidente de la eléctrica como «don Ignacio» o el «señorito» y sugería su posible conocimiento de estos servicios de inteligencia, es decir, sobre los encargos de espionaje a ACS o Endesa. Sin embargo, Asenjo desvinculó por completo a Sánchez Galán en su declaración hace unos meses ante el juez.

El pasado 25 de mayo, en vista a la previsible petición de la Fiscalía Anticorrupción, la comisión ejecutiva de Iberdrola, máximo órgano interno, acordó informar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de su disposición a declarar en el juzgado. Este movimiento incluyó a Galán y a toda la cúpula directiva, ante lo que consideraban la mejor manera de proteger el «interés social» de sus accionistas y tratar de atenuar el «significativo desgaste reputacional» que vienen sufriendo desde que se abrió en 2019 la pieza separada número 17 del 'caso Villarejo'.

Según informó entonces la eléctrica, este paso se produce «sobre la base de la confirmación de las conclusiones alcanzadas en las investigaciones internas» realizadas por la compañía sobre estos contratos, que se extendieron entre 2004 y 2017 y por los que se abonaron cerca de un millón de euros. La intención es remitir al juzgado «cualquier información relevante» contenido en su informe forense y reclaman que las comparecencias sean «tan pronto como sea posible» para «facilitar la finalización de la investigación».

Ibedrola apuntó, además, que esta pieza separada «ha sido aprovechada por competidores que han atacado la reputación y buen nombre de la compañía», lo que la ha obligado a tomar acciones legales en defensa de su honor y reputación, y señala que lleva «sufriendo» desde 2018 «un significativo desgaste» que ahora quieren controlar.

La decisión de la eléctrica llegó en un momento crucial para el devenir de la causa. La razón es que los fiscales anticorrupción, como este martes ha ocurrido, tenían previsto informar de manera favorable al juez sobre la citación como investigado de Sánchez Galán y el resto de directivos. El espejo son los antecedentes de otra pieza del 'caso Villarejo' en las que están imputados el presidente de Repsol, Antonio Brufau, y el de la Fundación La Caixa, Isidro Fainé, que se asemejaría a la situación ahora del presidente de Iberdrola.

Todo se remonta a la dura batalla empresarial que mantuvieron Iberdrola y ACS hace más de una década. En aquel momento, el presidente de la constructora, Florentino Pérez, quería hacerse con un sillón en el consejo de la eléctrica, donde ACS llegó a tener más de un 20% de su capital. Sin embargo, tras una importante pelea jurídica, empresarial y hasta con tintes políticos, Pérez no consiguió su objetivo. En ese contexto, Galán evitó el desembarco del consejero de ACS aunque el conflicto entre ambas compañías se mantuvo latente varios años más hasta que definitivamente Pérez abandonó su objetivo y, con ello, la participación histórica en la eléctrica.