La justicia rusa ilegaliza la organización que investiga los crímenes del estalinismo

La jueza Alla Nazárova, leyó este martes la sentencia, según la que todas las organizaciones vinculadas a Memorial quedan proscritas. La Fiscalía General de Rusia, en palabras del fiscal Alexéi Yafiárov, aseguró durante el juicio que Memorial, que con anterioridad ya había sido estigmatizada como «agente extranjero», «representa una amenaza pública, ya que especula en relación con la represión de naturaleza política (…) y crea una falsa imagen de la Unión Soviética como estado terrorista». Yafiárov fundamentó también la petición de disolución por «las constantes violaciones de la legislación sobre agentes extranjeros».

En el exterior del edificio del tribunal se congregó un nutrido grupo de activistas opositores que, tras conocer el fallo que ordena el cierre de Memorial gritaron «¡oprobio, oprobio! El abogado defensor de la oenegé, Henri Réznik, calificó la sentencia de «motivada políticamente». A su juicio, «el discurso de la Fiscalía nos ha recordado los juicios represivos de 1930», organizados contra los adversarios de Stalin e instigados también por imperativos de naturaleza política.

Y, en efecto, la prohibición de Memorial se enmarca en la ola represiva lanzada por el Kremlin contra sus críticos, que se ha visto intensificada en 2021 con la detención y encarcelamiento del líder opositor, Aléxei Navalni, además del desmantelamiento de su plataforma, la llamada Fundación de Lucha contra la Corrupción (FBK).

Otra de las abogadas de Memorial, María Eismont, opinó este martes que lo sucedido con Memorial «es una decisión nefasta, injusta (...) devuelve a Rusia a su pasado y aumenta el peligro de más represión». Al mismo tiempo, en otra causa judicial abierta en el Tribunal Municipal de Moscú, cuya vista está prevista para hoy miércoles, se acusa a Memorial de «apología del terrorismo y del extremismo» por velar por las condiciones de reclusión de personas acusadas por delitos de terrorismo, por lo general, miembros de organizaciones radicales islámicas.

El pasado 11 de noviembre, la Fiscalía de Moscú presentó una demanda ante el Tribunal Municipal de la capital rusa contra la sección de Derechos Humanos de Memorial y la Fiscalía General contra la organización en su conjunto, que agrupa 50 entidades y recibe financiación internacional, por violar presuntamente la Ley de Agente Extranjero de forma «sistemática y repetida».

Memorial, catalogada como «agente extranjero» desde 2016 y, por tanto, obligada a presentarse como tal en sus publicaciones y eventos, niega haber incumplido la ley y subraya que vigilar que se garantice un trato humano en la cárcel, incluso a terroristas, no significa estar de acuerdo con sus actividades y mucho menos justificarlas o hacer apología.

Memorial surgió en 1988 de la mano de disidentes soviéticos, entre ellos el premio Nobel de la Paz, Andréi Sájarov, con el objetivo principal de investigar los crímenes cometidos durante la época de Stalin. Pero más adelante, sobre todo tras llegada al poder del actual presidente ruso, Vladímir Putin, extendió sus pesquisas contra todo tipo de abusos en otros ámbitos, por ejemplo, las atrocidades cometidas por las tropas y fuerzas de seguridad en Chechenia o por mercenarios rusos en Ucrania y otros países.

La responsable de Memorial en Chechenia, Natalia Estemírova, fue secuestrada y después asesinada de un tiro en la cabeza en julio de 2009. Hasta ahora no se ha esclarecido el crimen.

Pero el clamor general en apoyo de Memorial ha sido unánime. Han mostrado su solidaridad la ONU, la UE, el Consejo de Europa, la OSCE, Amnistía Internacional y los premios Nobel rusos, Mijaíl Gorbachov y Dmitri Murátov. A juicio del diputado de la Asamblea Legislativa de San Petersburgo, Borís Vishnevski, «los herederos de los verdugos de Stalin quieren destruir una de las principales organizaciones de Derechos Humanos de Rusia porque impide que sus crímenes sean olvidados».