Hong Kong mantiene el proyecto de ley de extradición a China pese a las protestas

10/06/2019

Los gobiernos de Pekín y Hong Kong mostraron este lunes su intención de continuar con la reforma legislativa que podría permitir la extradición de "fugitivos" a la no democrática China continental, a pesar de la multitudinaria manifestación en contra de este domingo en la excolonia británica.

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La primera en responder a los manifestantes -más de un millón, según los organizadores; 250.000, según la policía local-, fue la jefa del Ejecutivo hongkonés, Carrie Lam, quien explicó hoy que no retirará el controvertido proyecto de ley de extradición ni dimitirá como responsable ejecutiva.

"Para aquellos que han expresado sus puntos de vista, ya sea que estén de acuerdo o en desacuerdo con nosotros, quiero darles las gracias. El escrutinio de nuestro trabajo es un factor importante para mejorar el gobierno de Hong Kong", dijo.

Por otro lado, Lam confirmó que el proyecto de ley se someterá a una segunda lectura en el Consejo Legislativo del próximo miércoles, pero que el gobierno continuaría explicando las "salvaguardas" incorporadas en el proyecto de ley para ganarse a los opositores al texto.

Por su parte, y pocas horas más tarde de la intervención de Lam, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China Geng Shuang declaró en la rueda de prensa diaria que Pekín "continuará apoyando de manera firme al gobierno de la región administrativa especial (de Hong Kong) en la modificación de las dos ordenanzas (sobre la ley de extradición)".

Además, Geng fue más allá y sugirió que existe "intervención exterior" en las protestas de Hong Kong.

"El Gobierno central se opone fuertemente a la intervención exterior en la legislación de Hong Kong", aseguró.

Hong Kong mantiene el proyecto de ley de extradición a China pese a las protestas

Preguntado por qué fuerzas externas estarían interviniendo en el proceso de aprobación del texto, Geng se limitó a responder: "Algunas partes han estado haciendo comentarios irresponsables".

El portavoz apuntó que "más de 800.000 hongkoneses participaron en las actividades de apoyo a la modificación" y restó credibilidad a las cifras de manifestantes de este domingo, que según algunos organizadores superó el millón de asistentes.

"Desde el regreso de Hong Kong (a soberanía China de manos británicas, en 1997), los derechos y las libertades de la gente en Hong Kong están totalmente protegidos y garantizados. Esto es incuestionable", apostilló.

La prensa oficial del país asiático insistió en la tesis de que las protestas fueron instigadas por "fuerzas extranjeras", cuyo objetivo sería "dañar a China" pero, al igual que Geng, no aportaron detalles.

El diario estatal China Daily sugirió en uno de sus editoriales: "Desafortunadamente, algunos residentes de Hong Kong han sido engañados por la oposición y sus aliados extranjeros para apoyar la campaña contra la extradición".

"(Los ciudadanos de Hong Kong) no se han dado cuenta de que la oposición los está utilizando como peones en sus maniobras para obtener ganancias políticas, o que algunas fuerzas extranjeras están aprovechando la oportunidad para avanzar en su estrategia de dañar a China, intentando crear estragos en Hong Kong", concluyó el texto.

Otros periódicos adscritos al régimen se pronunciaron en el mismo sentido, como Global Times, que señaló que el Gobierno de Hong Kong no se echará atrás en su propuesta legislativa.

"Los esfuerzos del gobierno de Hong Kong y de la opinión pública general a favor del Estado de Derecho y la justicia no deberían abandonarse a mitad de camino", indicó la cabecera en un editorial.

Los opositores a la propuesta de ley, que se someterá a una segunda lectura en la cámara hongkonesa el próximo miércoles, alegan que dejará a los ciudadanos de la excolonia británica desprotegidos frente a una China carente de contrapesos o separación de poderes.

Propuesta en febrero y con una votación final que podría efectuarse antes del fin de julio, el texto permitiría a la Jefatura del Ejecutivo y a los tribunales de Hong Kong tramitar las solicitudes de extradición de jurisdicciones sin acuerdos previos -en particular, China y Taiwán- sin supervisión legislativa.

En teoría, los tribunales locales revisarían los casos de manera individual y podrían usar poder de veto para impedir ciertas extradiciones, mientras que el Ejecutivo hongkonés insiste en que el texto intentar tapar un vacío legal.

El plan se ha topado con la oposición de un gran espectro social -desde activistas a empresas- que han expresado su preocupación por el riesgo de que residentes en Hong Kong -que pertenece a China pero cuenta con autonomía en campos como las leyes o la moneda- acusados de delitos sean trasladados a la parte continental de China.