El primer ministro de Reino Unido Boris Johnson. / EP

Johnson regresa al fango para iniciar el nuevo año

Los conservadores se quejan por la incapacidad del primer ministro de decir la verdad sobre las reuniones durante el confinamiento

ÍÑIGO GURRUCHAGA Corresponsal en Londres

El futuro del primer ministro británico, Boris Johnson, depende quizás de que le exculpe la investigación de una funcionaria del Gobierno sobre la legalidad de reuniones sociales en Downing Street, cuando el resto de la población debía cumplir reglas de confinamiento. La reanudación de la vida parlamentaria ha estado marcada por la emergencia de otro episodio de reunión supuestamente ilegal.

La televisión ITV ha obtenido un correo electrónico del secretario privado de Johnson, Martyn Reynolds, en el que invitaba a cien empleados en la oficina del primer ministro a una reunión informal en el jardín. Pedía a los asistentes que mantuviesen las distancias y que llevasen al encuentro su propia bebida. Era el 20 de mayo, el tiempo era espléndido y Reynolds les invitaba «tras un tiempo con increíble carga de trabajo».

El que fuera principal asesor de Johnson, Dominic Cummings, ya había adelantado en su blog la existencia de esta reunión, que considera de dudosa legalidad a diferencia de otras en las que él estuvo presente y de las que se han publicado fotografías. En una de ellas, aparecen sentados en una mesa del jardín Cummings, Reynolds, Johnson y su mujer, Carrie. Otros funcionarios se sientan en otras mesas y, como este grupo, parecen compartir una botella de vino o cervezas.

Eran reuniones de trabajo, asegura Cummings. Y quienes las critican, argumenta, parecen recomendar que se celebren en el interior del edificio de Downing Street, mucho más peligroso para la transmisión del virus que reuniones al aire libre. El buen tiempo lo favorecía. Y la costumbre de invitar a «drinks», a bebidas, al final de la tarde, forma parte de la vida social británica.

Policía

El argumento de Cummings no protege a Johnson sobre las reuniones supuestamente ilegales en diciembre de 2020, a puerta cerrada. Y en mayo de 2020 las reglas de confinamiento no autorizaban la reunión social de más de dos personas en el exterior. El mayor donante en las elecciones de 2019 y el alcalde conservador de Sunderland han pedido a Johnson que dimita si no es capaz de detener este martilleo continuo.

Un diputado unionista norirlandés lloró en los Comunes recordando que su suegra murió sola por covid, como consecuencia de las restricciones. Los medios recogen testimonios de personas afligidas por sus experiencias en el confinamiento de aquellos días. En la semana del 15 al 21 de mayo de 2020, la Policía emitió 807 multas por incumplimiento de las reglas.

Abogados opuestos al Gobierno de Johnson están denunciando a la Policía Metropolitana por no iniciar una investigación sobre los posibles delitos cometidos en Downing Street. Se ha escudado en la falta de indicios- un argumento chocante- o en una política de no persecución de casos antiguos, que nunca se ha publicado. La sanción, si se confirma el delito, es una multa de 120 euros.

Una funcionaria con reputación de recta, Sue Gray, investiga las reuniones tras suceder al más alto funcionario del país, Simon Case, secretario del Gabinete. Tuvo que renunciar tras desvelarse que había participado en una de las reuniones investigadas. Los resultados de la pesquisa de Gray no son inminentes y la reputación de Johnson seguirá siendo motivo de constante especulación.