Cristina Gallach. / E. P.

Exteriores afea ante la Embajada de Venezuela las declaraciones de Maduro

La secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe, Cristina Gallach, expresa la «decepción» del Ejecutivo español a un representante del Gobierno bolivariano

EUROPA PRESS Madrid

La secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe, Cristina Gallach, se ha reunido este lunes «a iniciativa propia» con el representante del Gobierno de Nicolás Maduro en Madrid después de que el mandatario venezolano diera orden de revisar las relaciones con España. Según han informado fuentes diplomáticas a Europa Press, Gallach ha trasladado al encargado de negocios venezolano, Mauricio Rodríguez Gelfenstein, la «decepción» del Gobierno por la expulsión de la embajadora de la UE en Caracas decidida la semana pasada.

Asimismo, la secretaria de Estado ha aprovechado para indicarle que actuaciones como esa o las declaraciones de Maduro tras la visita de la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, a la frontera entre Colombia y Venezuela «no favorecen que pueda concretarse el interés de España y de la Unión Europea de ser actores constructivos en la salida de la crisis».

La reunión, sobre la que la Embajada venezolana en Madrid no ha querido hacer comentarios, se ha producido dos días después de que Maduro diera orden de «revisar a fondo todas las relaciones con España». El mandatario echó en cara a González Laya su visita a la frontera con Venezuela junto a la canciller colombiana, Claudia Blum, para conocer de primera mano la situación de los migrantes venezolanos.

«¿Qué hace la canciller de España en la frontera colombo-venezolana, en vez de irse al Mediterráneo a buscar a los refugiados y a la gente que huye de África y se muere en el Mar Mediterráneo? ¿Por qué la canciller de España viene a meterse en los asuntos de Venezuela?», señaló, acusando a la ministra de «injerencia» y de «doble rasero».

La visita de González Laya ya había suscitado críticas por parte del Gobierno de Maduro desde que se conoció una semana antes. Así, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, denunció que el Gobierno de Pedro Sánchez articula con el presidente colombiano, Iván Duque, «planes golpistas y desestabilizadores contra Venezuela desde Colombia».

La propia ministra salió al paso de estas acusaciones, defendiendo que «el Gobierno de España no se dedica a actividades golpistas ni en Latinoamérica ni en ningún otro lugar del mundo», y tras las palabras del sábado de Maduro contra ella, se limitó a reclamar «respeto», defendiendo el objetivo de su visita, que no era otro que respaldar a Colombia en el proceso de paz y también en su acogida de 1,7 millones de venezolanos.

Este rifirrafe a nivel bilateral también se ha visto acompañado de otro a nivel europeo. El lunes pasado, la UE decidió ampliar las sanciones contra dirigentes implicados en las elecciones del 6 de diciembre en Venezuela, cuyo resultado los Veintisiete no reconocen. En respuesta, Caracas decidió el miércoles expulsar a la embajadora de la UE, a la que dio 72 horas para abandonar el país si bien, según ha podido saber Europa Press su salida aún no se ha producido pero tendrá lugar «en los próximos días».

Además, el ministro de Exteriores venezolano, Jorge Arreaza, entregó notas de protesta a los representantes diplomáticos de España, Francia, Alemania y Países Bajos, denunciando que estos cuatro países actuaron «con mayor mala intención para fomentar nuevos ataques contra Venezuela».

La Embajada venezolana en Madrid no cuenta actualmente con un embajador acreditado, después de que el anterior responsable, Mario Isea, fuera relevado tras cumplir más de siete años en el puesto. España tampoco tiene un embajador en Caracas, ya que el último, Jesús Silva, fue relevado por el diplomático Juan Fernández Trigo en calidad de encargado de negocios, dado que España no reconoce la legitimidad del Gobierno de Nicolás Maduro.

Críticas contínuas

Pero al margen de estos dos últimos hechos, en las últimas semanas han sido varios los reproches enviados desde Caracas. Por una parte, las acusaciones han estado centradas en la supuesta complicidad de España, y principalmente del que fuera el embajador español en Caracas, Jesús Silva, en supuestas acciones violentas orquestadas por el líder opositor Leopoldo López, quien permaneció refugiado durante más de un año en la Embajada española antes de huir el pasado octubre a Madrid.

En este sentido, el propio Maduro dijo que el Gobierno español «se hace el sordo» frente a las pruebas que incriminarían en presuntas acciones violentas a Leopoldo López, recriminando al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, su «falta de coraje» para entregar a quien considera un líder «golpista». Precisamente, a finales de enero, el presidente de la nueva Asamblea Nacional controlada por el chavismo, Jorge Rodríguez, acusó a Leopoldo López de ordenar y planificar un ataque con bombas contra la sede del legislativo.

Ante estas acusaciones, el Ministerio de Asuntos Exteriores recalcó que el Gobierno español «no practica la injerencia en asuntos internos ni participa en la planificación de actos violentos y contrarios al ordenamiento interno de otros estados». Mientras estuvo al frente de la Embajada en Caracas, Silva actuó «siempre con arreglo a estos principios que rigen nuestra política exterior», se defendió.