Un veterano británico, al borde de la cárcel por no revelar sus fuentes en la guerra de Afganistán

Mercer tiene hasta el 5 de abril para dar las identidades al juez, sir Charles Haddon-Cave, que le ha asegurado que tiene los medios para evitar que se divulguen los nombres de sus informantes. Los portavoces del primer ministro han indicado que el miembro del Gabinete tiene que cumplir con la petición del magistrado. Mercer estaría consultando con sus compañeros de armas y confidentes.

El diputado por Plymouth tuvo una carrera militar antes de entrar en la política. Batalló en la guerra de Irak y en tres turnos en Afganistán, uno de ellos con un escuadrón de Fuerzas Especiales. Boris Johnson lo incluyó en el Gobierno para que siguiese su campaña para obstaculizar «denuncias irritantes' contra veteranos que habían servido en Irak, Afganistán o Irlanda del Norte.

Cuando accedió al puesto no creía en absoluto las denuncias sobre la conducta de las Fuerzas Especiales, basándose en su experiencia. Pero los rumores aumentaron. Uno de sus confidentes le dijo que el asunto es grave. Otro que, cuando se preparaba para un turno en Afganistán, le ordenaron que llevase una pistola irregular.

Lo que se investiga es si soldados del regimiento Servicio Especial del Aire mataron a afganos que se habían rendido o no presentaban ningún riesgo. Para evitar problemas legales, dejaban en el cuerpo de los fallecidos la pistola adicional, ajena al armamento de la OTAN, para que se justificase el crimen como un acto inevitable de la guerra. Entre las presuntas víctimas se cuentan niños.

Mercer ha presentado un testimonio escrito al tribunal investigador en el que cuenta su cambio de opinión. En el inicio de su carrera ministerial, pidió al jefe del Estado Mayor, al director de las Fuerzas Especiales y al ministro de Defensa, que le asegurasen que no había motivos para creer en las denuncias porque, de ser vedad, los proyectos de ley que promovía parecerían una tapadera.

El ministro le había pedido que investigase a fondo lo ocurrido. Quería saber cómo comenzaron los rumores. Pidió documentos y un alto cargo militar le dejó ver durante un rato una carta de un comandante al jefe de las fuerzas especiales. Pero un documental de la BBC abrió la brecha en 2020. No probaba los crímenes, pero las muertes parecían entonces inexplicables.

Mercer pidió las grabaciones de cámaras adosadas al cuerpo de los soldados. Le dijeron que no había, y le pareció inverosímil. El secretario de Estado entendió que funcionarios estaban ocultándole documentos. Los miembros de las unidades investigadas no recuerdan nada de un día en el que han matado a adultos y niños. El juez describió el fenómeno como una «amnesia colectiva».

Australia identificó 39 asesinatos de sus fuerzas especiales. La BBC contó 53 afganos muertos en su investigación. Expertos legales consideran sorprendente que el Gobierno de Johnson abriera esta investigación pública, cuando la tendencia en casos similares ha sido distraer. Quizás es síntoma de que Mercer, ahora convencido de que se cometieron crímenes siguiendo una regla de «matar o capturar», está en lo cierto.