Boris Johnson, este jueves en el centro de coordinación de salvamento del Canal de la Mancha en Dover. / Reuters

Reino Unido quiere enviar a los solicitantes de asilo a Ruanda

El plan de Boris Johnson se centra en los inmigrantes que llegan de manera clandestina que serán repatriados al país africano

LOURDES GÓMEZ Londres

«Cruel, inmoral, impráctico». Asociaciones de refugiados respondieron así al nuevo plan británico de inmigración, confirmado este jueves por el primer ministro Boris Johnson, que posibilita la deportación a Ruanda «decenas de miles» de migrantes clandestinos en un acuerdo alcanzado con el Gobierno del presidente Paul Kagame.

La polémica medida trata de disuadir a los que cruzan el Canal de la Mancha en embarcaciones frágiles e inestables – unos 28.000 en 2021 y cerca de 5.000 en lo que va de año- y pretende romper el modelo de negocio de las bandas de traficantes humanos que operan a ambos lados de la costa, tanto en Reino Unido como en la Unión Europea.

Los 'ilegales' serán trasladados al país africano en vuelos fletados por el Gobierno británico, y sin posibilidad de retorno. Las autoridades ruandesas procesarán las solicitudes de asilo y ofrecerán asentamiento permanente a los que obtengan el visto bueno oficial. A cambio, Ruanda recibirá un pago inicial de 120 millones de libras (unos 145 millones de euros). El Consejo Conjunto para el Bienestar de los Refugiados (JCWI) advirtió que el Reino Unido acoge refugiados que huyen de esta república africana por motivos de persecución sexual.

Johnson aseguró que «no hay otra opción» para frenar la inmigración por rutas declaradas ilegales y sugirió que el nuevo sistema podría erigirse en «prototipo» de la solución al problema global del desplazamiento de refugiados. Sin embargo, anticipó una cascada de querellas legales del «regimiento de abogados» de Derechos Humanos, lo cual retrasará su despegue y operatividad. Pero, en el discurso pronunciado en el condado sureño de Kent, punto de entrada de los que viajan desde playas francesas y belgas, expresó su confianza en que el plan «cumple completamente con las regulaciones internacionales«.

El primer obstáculo podría presentarse en el Parlamento de Westminster durante la tramitación final del proyecto de ley de Nacionalidad y Fronteras, prevista la semana próxima. La Cámara de los Lores enmendó el texto con cláusulas específicamente contrarias al procesamiento en terceros países de solicitudes de asilo en Reino Unido y se corre el riesgo de un choque constitucional con los Comunes, de mayoría conservadora. Mientras, el Gobierno pasó el mando de las operaciones en el Canal de la Mancha de la Guarda fronteriza a la Marina real.