El Parlamento británico aprueba el informe crítico de Boris Johnson por el 'partygate'

Un total de 118 conservadores, incluidos miembros del gabinete, votaron a favor de las conclusiones del Comité, mientras que el primer ministro Rishi Sunak se sumó al conjunto de 225 colegas de partido que se abstuvieron. La oposición tachó de cobardía y debilidad de liderazgo la posición adoptada por el jefe del gobierno y ministro del Tesoro de Johnson, además de su vecino en Downing Street durante el periodo examinado.

El ex 'premier' había torpedeado el proceso disciplinario al renunciar a su escaño, con efecto inmediato, días después de recibir el borrador de la investigación sobre su conducta durante el llamado «partygate». Intentó desacreditar la labor del comité, equiparándolo despectivamente con una «corte de canguros», pero finalmente solo atrajo el respaldo en los Comunes de un puñado de fieles seguidores.

Johnson se ausentó de la sesión parlamentaria, que destacó por la escasa presencia de diputados conservadores en la Cámara. El propio Gobierno dio luz verde al absentismo al dispensar a sus filas 'tories' de acatar la disciplina de partido habitual en otras ocasiones y con Downing Street indicando desde el mediodía que la agenda del primer ministro Rishi Sunak no incluía «acudir al Parlamento» este lunes. El ministro de Vivienda y Nivelación Socioeconómica, Michael Gove, confirmó el día anterior su intención de abstenerse en la votación.

El abandono de Johnson de su cargo parlamentario deshinchó la capacidad de actuación del comité, encargado de valorar si se había ceñido a la verdad cuando declaró a los Comunes en distintas ocasiones que se cumplieron las normas de reunión y distancia social del confinamiento durante las fiestas del 'partygate'. Pero el dictamen final fue rotundo. El panel de comisionados, de mayoría conservadora y presidido por la veterana laborista Harriet Harman, concluyó que Johnson «engañó deliberadamente» no sólo al Parlamento sino también al propio comité.

La sentencia recomendada incluía una suspensión de 90 días del escaño parlamentario del hasta hace unos días diputado por Uxbridge y Ruislip sur, en el oeste de Londres. La penalización hubiera precipitado una elección parcial en la circunscripción, aunque Johnson hubiera podido revalidar su candidatura. Esta opción parece ahora descartada en cualquier distrito a largo plazo.

El castigo se limitó finalmente a la retirada del libre acceso al Parlamento de Westminster. La Cámara aprobó por amplia mayoría la propuesta del Comité de Privilegios de negar a Johnson el carné parlamentario que se concede automáticamente, en circunstancias normales, a los exprimer ministros. La decisión implica, en la práctica, que deberá guardar cola y pasar los habituales controles de seguridad cada vez que desee entrar en el palacio de Westminster.

El Comité destapó suficientes evidencias para concluir que el también ex alcalde de Londres «engañó en numerosas ocasiones» a los diputados, los comisionados y a la población en general al insistir en que se observaron las reglas del confinamiento durante los eventos sociales que tuvieron lugar en los meses de la pandemia en su residencia oficial de Downing Street.

Penny Mordaunt, portavoz del Gobierno en los Comunes, defendió la labor del Comité que, según declaró en la apertura del debate, «existe para defender nuestros derechos y privilegios en este lugar». Confirmó que ella votaría a favor de las conclusiones, instó a sus colegas a «hacer lo que piensen que es correcto» y advirtió al corrillo de Johnson de que se abstuviera de intimidar a los demás. Miembros del comité han sido acusados de traición por un puñado de conservadores afines al ahora consagrado embustero.

 «Johnson socavó y atacó nuestras instituciones democráticas», denunció Thangam Debbonaire, portavoz laborista en los Comunes. La ex primera ministra Theresa May respaldó a su vez al Comité y se hizo eco de una repetida crítica de la oposición parlamentaria al señalar que «si la gente nos ve haciendo reglas para ellos y actuando como si a nosotros no nos atañen, se quebraría la confianza entre la población y el Parlamento»