Juzgan en Francia al gigante del cemento Lafarge por supuesta financiación del Estado Islámico

Seis exdirectivos de este grupo franco-suizo, incluido su expresidente Bruno Lafont, deben defenderse de la durísima acusación de haber pagado a esas milicias islamistas radicales para mantener abierta entre 2013 y 2014 una fábrica en Jalabiya, en el norte de Siria. Todos ellos, junto con un intermediario sirio —otro se encuentra en paradero desconocido y dictaron para él una orden de detención internacional—, se sientan en el banquillo de los acusados en el Tribunal de París. El juicio está previsto que dure hasta el 16 de diciembre.

Lafarge pagó hasta cinco millones de euros a grupos yihadistas, según los jueces de instrucción galos. La investigación del caso divide esos pagos entre 3,13 millones en «pagos de seguridad», destinados a garantizar la libre circulación de las mercancías y los empleados de esa planta, y 1,9 millones en la compra de primeras materias a proveedores asociados con el EI, que controlaba entonces buena parte del norte de Siria. Otro estudio del gabinete Baker McKenzie estimó en 14,3 millones el dinero que la multinacional pagó a milicias entre 2011 y 2015 en ese país, inmerso en una sangrienta guerra civil.

Además del Daesh, los magistrados galos acusan a Lafarge de haber financiado al Frente al Nusra y Ahrar al Sham, la organización fundamentalista que lideró el actual presidente interino de Siria, Ahmed al Shara. Una de las peculiaridades del juicio consiste en que el gigante del cemento no podrá defender su inocencia. Lafarge, que en 2015 se fusionó con la suiza Holcim, firmó hace tres años un acuerdo con la Justicia estadounidense. Ese pacto incluía un reconocimiento de culpabilidad y el pago de una multa de 778 millones de dólares a cambio de que no la juzgaran por este caso, aparentemente muy grave, en ese país.

Ese acuerdo «supuso una vulneración evidente de la presunción de inocencia al haber sacrificado a los exdirectivos de Lafarge», han denunciado los abogados de Lafont, quien sí que parece dispuesto a defender su inocencia durante el juicio, cuya primera jornada se ha consagrado a aspectos técnicos. La Fiscalía Antiterrorista acusa a los seis ex altos cargos de la multinacional de los delitos de «financiación del terrorismo» y de no haber respetado las sanciones financieras internacionales, que ya pesaban entonces sobre esas organizaciones yihadistas. Estos se enfrentan a posibles penas de un máximo de diez años de prisión y multas de 225.000 euros. A la empresa, en cambio, podrían castigarla con una sanción de un máximo de 1,12 millones, una cifra más bien baja.

Lafarge había adquirido en 2008 la planta de Jalabiya e invertido en ella hasta 680 millones de dólares. Era la más importante que poseía en Oriente Medio. A pesar de que se encontraba en un territorio que se convirtió en un polvorín en plena revuelta y guerra civil en Siria, la multinacional hizo todo lo posible para evitar su cierre. Pero eso comportó que pusiera en peligro a sus trabajadores. Este sulfuroso caso salió a la luz tras un reportaje en 2016 de la periodista Dorothée Myriam Kellou, publicado en el diario Le Monde, sobre las condiciones de esos empleados y cómo vivieron la toma de la fábrica por Daesh.

Uno de los aspectos en juego en el juicio es si esos extrabajadores obtienen una indemnización por parte de la empresa. Hasta 193 de ellos se han constituido como parte civil. «La financiación de esos grupos terroristas tenía como objetivo que continuara la actividad de la fábrica y los asalariados fueron la víctima de ello», defendió Anna Kiefer, responsable de este caso para Sherpa —una oenegé que ha tenido rol clave para llevar el caso ante los tribunales—, en declaraciones al diario L'Humanité. También se han presentado como partes civiles varios de los supervivientes del Bataclan. Los puntos en común entre ambos hechos van más allá de una coincidencia en el calendario.