El Gobierno alemán endurece drásticamente las condiciones para recibir ayudas

Las formaciones conservadoras de la Unión –cristianodemócratas y socialcristianos bávaros (CDU/CSU)- y el Partido Socialdemócrata Alemán (SPD) llegaron a un acuerdo tras arduas negociaciones de sus líderes dentro del marco de la comisión de la coalición que finalizaron a las 02.00 de la madrugada de este jueves.

«Aumentaremos considerablemente las obligaciones de cooperación e incrementaremos notablemente las posibilidades de imponer sanciones» a los 5,5 millones de beneficiarios del subsidio ciudadano, muchos de ellos parados de larga duración, anunció Merz en rueda de prensa, en la que comentó que los afectados se enfrentarán a condiciones más estrictas para recibir ayudas del Estado.

Con estos cambios se pretende revertir parte de la reforma del subsidio ciudadano que entró en vigor a principios de 2023. En el futuro la prestación se denominará simplemente «prestación básica para solicitantes de empleo». Con las medidas acordadas se pretende lograr un mejor equilibrio entre el apoyo y las exigencias, así como controlar mejor los abusos.

En concreto, se impondrán sanciones más severas a quienes incumplan las normas de las oficinas de empleo, por ejemplo, no acudiendo a una cita o negándose a aceptar un trabajo. Quienes, como beneficiarios de la prestación básica, falten a una cita en la oficina de empleo, verán reducida su ayuda mensual en un 30% en la segunda cita perdida, que se fijará rápidamente.

Si se pierde una tercera cita, se suspenderán por completo las prestaciones económicas. Se suprimirán todas las subvenciones, incluida la ayuda para el alojamiento, a quienes no se presenten al mes siguiente. «Quien no participe, lo tendrá difícil. Endureceremos las sanciones hasta el límite de lo constitucionalmente admisible», advirtió la ministra federal de Trabajo, la socialdemócrata Bärbel Bas.

Esta iniciativa acaba con la introducción hace dos años del llamado subsidio ciudadano del anterior gobierno de Olaf Scholz, muy criticado por facilitar los abusos y no fomentar el retorno a la vida laboral. «Quien trabaja debe ingresar apreciablemente más que alguien que no trabaja», subrayó el líder de la CSU y primer ministro de Baviera, Markus Söder.

El ingreso básico garantizará el mínimo vital constitucional, por ejemplo, a los desempleados de larga duración. Las personas solteras recibirán 563 euros al mes. Los niños recibirán entre 357 y 471 euros, dependiendo de su edad. El año que viene se producirá la segunda congelación consecutiva de esas ayudas, tras el considerable aumento de las prestaciones en 2023 y 2024 debido a la inflación.

Las medidas más estrictas pactadas por la Unión y el SPD para los beneficiarios del subsidio ciudadano que no estén dispuestos a cooperar no se aplicarán a las personas con discapacidades físicas o psíquicas. «No queremos perjudicar a quienes no deben ser perjudicados», afirmó Bas, que negoció personalmente con Merz las reformas sociales en nombre de los socialdemócratas.

Los socios de la coalición alcanzaron también un acuerdo en el tema de las pensiones activas. Este prevé que los trabajadores puedan ganar hasta 2000 euros libres de impuestos al mes después de alcanzar la edad de jubilación. Otras medidas incluyen la aprobación de la pensión para madres, la reforma de los planes de pensiones privados y la introducción de una pensión anticipada. La pensión activa se evaluará al cabo de dos años para comprobar su eficacia.

En la disputa sobre la financiación de las infraestructuras de transporte, los partidos de la coalición acordaron proporcionar 3.000 millones de euros adicionales para la construcción de nuevas carreteras. «Para nosotros era importante poder comenzar hoy mismo con todos los proyectos listos para su construcción», afirmó Merz. Pasados dos años, se revisará si los fondos han sido suficientes.

El Gobierno federal alemán también tiene previsto adoptar medidas para fomentar la movilidad respetuosa con el clima. Hasta 2029 se destinarán 3.000 millones de euros del Fondo Social Climático de la UE y del Fondo de Transformación Climática (KTF) para ayudar a los hogares con ingresos bajos y medios a adquirir vehículos que no produzcan emisiones.