Europa frente a la inmigración: así ha cambiado una década después de su mayor crisis

La concienciación colectiva y los índices relativamente bajos de inmigración impulsaron una política de puertas abiertas. Las tragedias en la isla griega de Lesbos -en la que desembarcó casi medio millón de personas-, las brutales imágenes que llegaban de la cruenta guerra civil siria y el escaso peso político de la ultraderecha facilitaron que se acuñase el lema 'Refugees welcome' que muchas localidades colgaron en las balconadas de sus edificios oficiales.

Sin embargo, a lo largo de esta década la situación ha dado un vuelco. En 2015, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) era una institución con una pequeña oficina en Varsovia; hoy es la agencia más nutrida de la UE, con más de 10.000 efectivos en una fuerza dotada con un presupuesto de mil millones de euros. «En 2015, la inmigración no estaba en la agenda política; hoy es una de sus prioridades. Y se aprecia un claro giro hacia la derecha del espectro político», señala la directora del Instituto Europeo para la Política Migratoria, Camille Le Coz.

La ultraderecha gobierna ya media docena de países europeos, ya sea en solitario o en coalición, y es la segunda fuerza en potencias como Alemania o Francia. Portugal se ha convertido este año en el último país de esa lista. En todos ellos, la inmigración se ha convertido en uno de los asuntos que provocan mayor debate y división, a pesar de que las llegadas irregulares se han reducido considerablemente desde 2015 hasta el entorno de las 100.000 al año.

En estos últimos años, se han aprobado en la UE más de cuatro millones de solicitudes de asilo. A estas cifras hay que sumar las de quienes entran legalmente en el continente pero luego se quedan más allá del tiempo permitido por su visado. Este flujo explica en gran medida que, con una tasa de natalidad desplomada, España haya pasado de 46,4 millones de residentes al inicio de 2015 a los 49,3 millones de la actualidad. Más del 25% de la población de ciudades como Madrid ya ha nacido en el extranjero.

Es una realidad no exenta de riesgos. Según Eurostat, en el primer trimestre de este año se emitieron más de 123.000 órdenes de expulsión -la mayoría de argelinos, marroquíes, sirios y afganos-, pero solo se ejecutaron 28.400 -la mitad de ellas por la fuerza-. Estadísticas como esa dan alas a políticos como la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que traza una relación clara entre inmigración y delincuencia e incluso propone enviar a los migrantes a Albania, algo que el Reino Unido ya trató de hacer con Ruanda. Allí, el 'Refugees welcome' se ha convertido en 'Stop the boats' (parad las pateras).

Tras la aprobación el año pasado del acuerdo sobre asilo e inmigración de la UE, los expertos coinciden en que es solo cuestión de tiempo que se legalicen iniciativas para el envío de migrantes a terceros países, y que se fortalezcan los pactos con esos estados de partida -como Marruecos o Turquía- para que se esfuercen más en el control de sus fronteras.

Michael Spindelegger, director general del Centro Internacional para el Desarrollo de Políticas Migratorias (ICMPD), sostiene que el pico de llegadas registrado en 2015 ha servido para diseñar sofisticadas políticas que hace diez años «habrían sido consideradas ambiciosas». Sin embargo, reconoce que hay una brecha entre lo que se hace y lo que la ciudadanía percibe. «Hemos mejorado mucho en políticas migratorias, pero la magnitud del reto también ha crecido sustancialmente y por eso no se aprecia», afirma.

Esta realidad se refleja en la Encuesta Social Europea que se realiza a nivel continental entre población nacida en la UE. Solo el 36% considera que la inmigración convierte a su país en un lugar mejor, con retrocesos significativos en Irlanda o Países Bajos. Curiosamente, el último informe, que data de 2023, señala que la aceptación de la inmigración crece con el nivel de estudios y se reduce con la edad, aunque en general la percepción se ha deteriorado en todos los estratos desde el final de la pandemia.

Maite Fouassier, investigadora del Observatorio Vasco de Inmigración Ikuspegi, explica que en la última década se han producido situaciones excepcionales «como las guerras en Siria y Ucrania o la epidemia de covid que han tenido un impacto positivo en la tolerancia hacia la población extranjera, porque en momentos de crisis aumenta la solidaridad». Según los datos que recoge su institución, «ahora da la sensación de que retrocede esa tolerancia, pero lo que hace es volver a los niveles previos, que ya eran buenos».

Además, Fouassier indica que en las encuestas influye sustancialmente el momento en el que se hacen. «Las preocupaciones cambian con la actualidad y con los discursos políticos. Lo vemos ahora con la vivienda», añade. Eso sí, reconoce que, si bien el porcentaje de ciudadanos que se identifica con ideologías extremas -tanto de derecha como de izquierda- se mantiene más o menos estable, «el grueso es moderado y tiene una postura ambivalente» que puede decantarse por uno u otro lado según las circunstancias y sus experiencias.

Desafortunadamente, las perspectivas no son halagüeñas. «El número de conflictos armados casi se ha duplicado en la última década. Se estima que dos mil millones de personas viven en zonas afectadas por conflictos. A nivel mundial, estas zonas se han expandido un 65% desde 2021», explica Spindelegger. «Como referente de libertad y estabilidad en un entorno global cada vez más volátil, Europa se ha convertido en un destino principal para refugiados, solicitantes de asilo y migrantes irregulares. En la década de 2000, el promedio anual de solicitudes de asilo presentadas en un Estado miembro de la UE rondaba las 302.000. En la década de 2020, esta cifra se ha triplicado con creces, alcanzando un promedio de casi 950.000 casos al año», añade.

Es una coyuntura en la que solo se prevé un desenlace: la inmigración continuará creciendo. «Ya no es un mero problema humanitario; está profundamente vinculada a las transformaciones políticas y económicas globales. También se caracteriza por una creciente instrumentalización de la migración, como lo evidenciaron las acciones hostiles de Bielorrusia hacia la UE tras el ataque a Ucrania. Estos cambios desafían los enfoques políticos tradicionales y exigen respuestas más contundentes, adaptativas y cooperativas a nivel nacional, regional y global», apostilla Spindelegger.

Para evitar que este complejo cóctel explote, el responsable del instituto señala que, entre otras cosas, «es necesario mejorar el control de las fronteras externas, buscar el equilibrio entre el control migratorio y las vías de inmigración legal, y combatir el tráfico de personas».