Viajeros en el control de embarque del aeropuerto de Madrid-Barajas. / E. P.

España se descuelga de la reforma de Schengen consensuada por la UE

El Gobierno de Pedro Sánchez se queda solo al considerar que el borrador socaba la libre circulación de ciudadanos

EUROPA PRESS

Los ministros de Interior de la Unión Europea consensuaron este viernes la base de su posición negociadora con el Parlamento Europeo para la reforma del Código Schengen, si bien España no dió su apoyo a la redacción del texto al considerar que pone en riesgo los principios del espacio de libre circulación al no limitar la reintroducción de controles internos a situaciones excepcionales.

La Comisión Europea propuso el pasado diciembre revisar las reglas del Código de fronteras Schengen para agilizar el cierre coordinado de fronteras tanto interiores como exterior en casos de crisis sanitarias o de presión migratoria que consideren ponen en riesgo la seguridad en la UE. También defendió la necesidad de aclarar los supuestos y plazos para reintroducir los controles interiores, que el código limita a situaciones muy precisas y temporales, dado que hay al menos cinco países que mantienen estos controles de manera constante desde 2015, entre ellos Francia y Alemania, sin consecuencias.

En este contexto, una «amplia mayoría» de países han respaldado el texto de consenso que permitiría iniciar las negociaciones con la Eurocámara pero que no gusta ni a España ni a otros países como Polonia, Hungría y Eslovenia, según fuentes europeas.

En el caso de España, el ministro Fernando Grande-Markaska lamentó en el debate con sus socios que la posibilidad de introducir esta vigilancia reforzada deje de ser una opción de último recurso y excepcional y pase a considerarse una opción «igualmente válida» con la posición convenida a Veintisiete. «No es socavando la esencia de Schengen como reforzaremos nuestra seguridad, salvo que se piense que no todos los Estados miembros somos iguales», defendió Grande-Marlaska ante sus colegas europeos, según un comunicado difundido por el Ministerio al término de la reunión europea.

España defiende que la libertad de movimiento y la ausencia de controles fronterizos son dos elementos «absolutamente compatibles con la seguridad» y lamenta que el bloque avance hacia una reforma que haga que estos controles «no sean excepcionales».

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya avisó en una sentencia del pasado abril de que la existencia de una amenaza grave para el orden público sólo permite a un Estado miembro cerrar su frontera interior durante un periodo máximo de seis meses y que cualquier prórroga que exceda ese plazo contraviene el Código de fronteras Schengen.

Debloqueo del pacto de migración

Por otro lado, los ministros de Interior de la UE respaldaron también con «amplia mayoría», en palabras de la presidencia de turno que ocupa Francia, posiciones sobre la reforma de la política migratoria y de asilo común que podrán «desatascar» la negociación del Pacto Migratorio, aparcado desde hace años por las fuertes diferencias entre los Estados miembro.

Una de las claves ha sido el respaldo de un amplio grupo de países a una declaración política que define la «solidaridad obligatoria» en materia de acogida de refugiados llegados a los países en la primera línea de entrada a la UE, con una redacción que prevé que los socios que quieran asumir una parte de la reubicación de personas compensen esa falta de apoyo con el pago de fondos o el envío de medios adicionales para gestionar la llegada de los migrantes rescatados en alta mar.

Una docena de países se han comprometido ya a recibir a migrantes en el marco de ese mecanismo voluntario, entre ellos Francia y Alemania, pero la Comisión Europea espera contar con más países cuando lance la plataforma con la que se coordinará esta iniciativa antes de que acabe junio. En los equilibrios para desbloquear la reforma ha jugado también la concesión de los países del sur de Europa para trocear la negociación del Pacto, en lugar de abordarlo en bloque como querían de salida, y cerrar ya la posición de los Veintisiete respecto a dos piezas clave pero más fáciles de negociar: el reglamento sobre la base de datos biométricos común (Eurodac) y el llamado 'screening' para registrar y poder rechazar en la frontera exterior a los migrantes que representen una amenaza para la seguridad de la UE.