Una mujer espera en una parada de autobús de Sarajevo en la que se exhibe propaganda electoral. / afp

Bosnia celebra elecciones en pleno repunte de las tensiones nacionalistas

Al complejo proceso de votación para los comicios presidenciales, parlamentarios y locales se presentan 7.200 candidatos agrupados en 90 partidos y 38 coaliciones

A. G.

La población de Bosnia y Herzegovina está llamada a las urnas este domingo para unas elecciones presidenciales, parlamentarias y locales marcadas por un repunte de la retórica nacionalista que ha hecho planear el espectro de la guerra que sacudió el país europeo entre 1992 y 1995.

En juego están los puestos en la Presidencia tripartita -integrada por un bosniaco, un serbobosnio y un bosniocroata-, la Asamblea Parlamentaria bosnia, los organismos legislativos de la Federación y la República Srpska -las dos entidades que integran el país-, la Presidencia y la Vicepresidencia de la República Srpska y diez asambleas cantonales en la Federación.

El complejo proceso de votación pone sobre la mesa 518 cargos, con más de 7.200 candidatos acumulados, el 43% de los cuales son mujeres. Los candidatos concurren en las filas de 90 partidos y 38 coaliciones, mientras que 17 lo hacen como independientes, según recoge la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES).

Los comicios tendrán lugar en medio de la peor crisis política en el país desde el final de la guerra en 1995, especialmente por la intención declarada por el líder serbobosnio de impulsar un proceso separatista de la República Srpska y el fracaso de las negociaciones para modificar la ley electoral, algo defendido por los bosniocroatas y a lo que se oponen los bosniacos.

Los Acuerdos de Dayton

El conflicto bélico de Bosnia se cerró hace 27 años con la firma de los Acuerdos de Dayton, que establecieron una Constitución que conformó dos entidades autónomas -la Federación, de mayoría bosniaca y bosniocroata, y la República Srpska, de mayoría serbobosnia- y tres pueblos constituyentes. La situación derivó en un Estado central debilitado que daba importantes competencias a las entidades y que derivó en bloqueos políticos a causa del disenso entre las distintas comunidades sobre la toma de decisiones.

Así, el Gobierno nacional quedó estructurado con unos poderes limitados, mientras que las entidades cuentan con autoridad en asuntos de defensa, seguridad, justicia, impuestos, educación y sanidad, entre otros.