Uganda se convierte en el cuarto país africano en aceptar deportados de EE UU

Después de que el ministro de Exteriores ugandés, Bagiire Vincent Waiswa negase el miércoles que hubiera un pacto formal, ayer lo confirmó en las redes matizando que se trata de un acuerdo «temporal» por razones humanitarias, al afectar solo a inmigrantes sin antecedentes penales que tengan miedo fundamentado de ser retornados a sus países de origen. Entre las condiciones que ha impuesto está que no sean menores sin acompañar. Su «preferencia» es que sean de países africanos, pero matizó en su comunicado que «ambas partes están trabajando las modalidades detalladas de cómo implementar el acuerdo».

El acuerdo es parte de la ofensiva de Trump para encontrar terceros países dispuestos a recibir a migrantes que no necesariamente tienen vínculos con ellos, como parte de la política de Trump para endurecer leyes migratorias y mostrar músculo frente a su electorado. En julio, Ruanda aceptó recibir a 250 personas bajo la promesa de asistencia para formación laboral, atención médica y alojamiento. Semanas antes, ocho inmigrantes fueron trasladados a Sudán del Sur, vía Djibouti, en condiciones que organizaciones de derechos humanos describieron como inhumanas: encerrados en un contenedor metálico. Y eso seguía al caso de Esuatini, una monarquía absoluta en el sur del continente, que aceptó ingresar en sus cárceles a cinco deportados con antecedentes penales. Entre los llegados a esas cárceles africanas había cubanos, jamaicanos, mexicanos, así como nacionales de países asiáticos como Laos y Mianmar.

La Casa Blanca defiende estas fórmulas como acuerdos «de cooperación internacional» para combatir la inmigración irregular, pero los expertos lo califican de otra manera. Juristas y ONG's consideran que se trata de una externalización forzosa que viola los principios de no devolución recogidos en el derecho internacional, al esquivar las garantías que protegen a los solicitantes de asilo en territorio estadounidense. «Deportar sumariamente a países donde corren riesgo de sufrir daños sin permitirles solicitar asilo constituye una clara violación de la prohibición de devolución», dijo en un comunicado Human Rights Watch.

La batalla contra la inmigración es una de las grandes banderas de Trump, que busca comprar la ayuda de otros países dispuestos a cargar con la factura política y humanitaria. A cambio, los países receptores obtienen respaldo diplomático, asistencia económica y apoyo militar. En el caso de Uganda, que alberga ya a 1,6 millones de refugiados de Sudán del Sur y la República Democrática del Congo, la capacidad de absorción está en entredicho. El propio ministro de Exteriores ha insistido en que su país «carece de infraestructura» para recibir más población desplazada. Un alto cargo del ministerio de exteriores, Henry Oryem Okello, dijo a Associated Press que las discusiones con el gobierno estadounidense implican «visados, aranceles, sanciones y otros asuntos relacionados».

Preguntado al respecto, el Departamento de Estado estadounidense declinó comentar sobre lo que considera «negociaciones privadas», pero dijo en un comunicado estar «haciendo todo lo posible para apoyar la política del presidente de mantener a los estadounidenses seguros expulsando a los inmigrantes ilegales que no tienen derecho a estar en Estados Unidos».

Entre la docena de países con los que hasta ahora ha alcanzado algún tipo de acuerdo para aceptar deportados de terceros países destacan El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá y Paraguay, pero todo indica que no serán los únicos.