Protestas frente al Supremo en EE UU. / FOTO: reuters | VÍDEO: ATLAS

Biden asegura estar preparado para responder a la suspensión del aborto

El Tribunal Supremo confirma que la opinión jurídica filtrada es auténtica, pero afirma que no es el fallo definitivo

MERCEDES GALLEGO Corresponsal en Nueva York

Para aquellas mujeres atormentadas por un embarazo indeseado que se despertaron este martes sobresaltadas por la noticia de que el Tribunal Supremo ha ilegalizado el aborto en Estados Unidos, la directora de la organización Planned Parenthood tenía un mensaje que podía sonar surrealista: «El aborto sigue siendo legal en este país, pero la ventana se está cerrando».

No se refería a las 23 semanas de gestación que contempla la sentencia Roe versus Wade, con la que en 1973 se legalizó en todo el país el derecho a interrumpir el embarazo, sino al momento de junio próximo en el que el Supremo decida formalizar la sentencia filtrada el lunes a través de 'Político'. Nunca en la historia del máximo tribunal se había producido una filtración semejante, pero tampoco había habido un fallo que retrocediese de forma tan fundamental los derechos de las mujeres. Presuntamente algún empleado del Supremo pensó que adelantar la noticia es la última oportunidad de frenar el seísmo que se avecina.

El juez en jefe John Roberts tardó más de doce horas en admitir la legitimidad del documento, que, insistió, no es la opinión definitiva del tribunal. Lo hizo con un comunicado furibundo en el que anunciaba el comienzo de una investigación para esclarecer la «traición» con la que alguien intenta minar la «integridad» de su trabajo al que, advirtió, «no le afectará en modo alguno» la filtración ni la indignación popular. Su reacción a la «atroz ruptura de confianza» no era nada para la que se produjo en las calles.

LAS CLAVES:

  • «Ruptura de confianza». La Corte anuncia el comienzo de una investigación para esclarecer la filtración

  • Concepto. Miles de mujeres se lanzaron a las calles para denunciar que son ellas las que se juegan la vida

Desde que se conoció la noticia a las 20.30 horas del lunes -madrugada de este martes en España-, las mujeres de Washington DC se echaron a las calles en dirección al edificio que alberga al tribunal para gritar furiosamente en sus escalinatas. Lejos de amainar las protestas, al amanecer llegaron más mujeres. Entre ellas se encontraba, desgañitándose, la senadora Elizabeth Warren. «He vivido cuando el aborto era ilegal y las mujeres se jugaban la vida», entonó. «¡Y estoy aquí para deciros que no vamos a volver a eso!», prometió.

En 1973 los abortos clandestinos representaban el 17% de las muertes relacionadas con el embarazo, y eso era ya una disminución sustancial de lo que ocurría antes de que 17 estados lo permitiesen. Según un estudio de la Universidad de Princeton, en los años 50 el aborto era la principal causa de mortalidad de las mujeres embarazadas. Las pudientes viajaban a Nueva York o California para tenerlos de forma segura en una clínica limpia, pero ocho de cada diez mujeres de bajos ingresos intentaban interrumpirse el embarazo ellas mismas con toda clase de objetos punzantes e hierbas desgarradoras. Hoy, sin embargo, mueren más durante el parto.

Cuestión de salud pública

El aborto no es solo una cuestión moral o política, sino una de salud pública que, a partir de julio, afectará al menos a los 80 millones de mujeres estadounidenses que viven en 13 estados donde se ilegalizará automáticamente tan pronto como el Supremo formalice el fallo filtrado y los que lo limitan severamente. Otros siete estados tienen preparadas las leyes y probablemente habrá más que se apresuren en las próximas semanas. El Partido Republicano gobierna en 28 estados, pero los demócratas tendrán que defender en noviembre 16 de los 22 gobiernos que controla. El Supremo no podía haberle pasado mejor acicate político para movilizar a las bases, aunque sean mujeres las que paguen el precio.

Biden ya prometió durante la campaña que si durante su mandato el tribunal invalidaba la sentencia Roe versus Wade enviaría una propuesta de ley al Congreso para proteger ese derecho con la legislación apropiada. Este martes, en un comunicado, reiteró que su Gobierno «está listo» para actuar, porque poco después de la polémica ley de Texas que limita el aborto a 15 semanas de gestación y criminaliza a los médicos ya encargó a su Consejo de Políticas de Igualdad que preparase la respuesta para lo que pudiera fallar el Supremo en los casos que tenía sobre la mesa.

Su preocupación es que el tribunal no pare ahí, sino que vaya a por otros derechos fundamentales que no vea afianzados en la tradición del país, como los anticonceptivos o los matrimonios homosexuales. La responsabilidad recaerá «en los votantes», advirtió, que en noviembre tendrán en sus manos renovar el Congreso y un tercio del Senado.