Retrato de la familia Trump en el banquillo

Los hijos del dirigente republicano, coacusados junto a su padre en la demanda, fueron nombrados directivos de la empresa en un fideicomiso en enero de 2017 cuando su progenitor asumió la presidencia hasta inicios de 2021. Ivanka Trump fue excluida del juicio en julio tras ganar una demanda que alegaba su propia separación del negocio familiar tras ingresar en la Casa Blanca como consejera. Ivanka, que ha intentado varias acciones para evitar tener que declarar, deberá sin embargo testificar este viernes, cuatro días después de su padre.

En turnos consecutivos durante tres días, los dos hermanos coacusados se dedicaron a negar su participación en operaciones de tasación fraudulenta que inflaban -o desinflaban con propósitos fiscales- el valor de las propiedades del emporio Trump para obtener beneficios financieros de bancos y aseguradoras inmobiliarias. Ambos atribuyeron repetidamente la responsabilidad de estas tasaciones a su equipo de contables, así como a los consultores financieros externos de la Organización Trump, y declararon su ignorancia sobre un proceso que ellos mismos verificaron y autorizaron.

«Confié en que Mazars y mi equipo de contabilidad me dijeran lo que es correcto. Para eso tenemos contables», señaló Donald Trump Jr. ante el tribunal en el bajo Manhattan. Ataviado con un resplandeciente traje azul ejecutivo y corbata rosa, fue el primero en testificar en el juicio, ya en su quinta semana, donde derrochó altanería y desdén hacia los no versados en el arte de hacer negocios.

Aun así, el hijo mayor de Donald Trump, a quien nadie ha acusado nunca de agudeza mental, parecía no entender la gravedad de su situación cuando bromeaba con los presentes antes de que diera comienzo la sesión judicial. «Debería haberme puesto maquillaje», señaló a los fotógrafos de prensa. «Hazme parecer sexy», le dijo al dibujante de la sala.

Eric Trump, embutido en traje ejecutivo y arrogancia similares, se distanció repetidamente del proceso de tasación del emporio familiar y afirmó no recordar o no haber estado involucrado en las declaraciones financieras. Eric, que en algún momento subió la voz en el micrófono para responder a las preguntas, culpó a la exabogada de la compañía Sheri Dillon de los errores de veracidad, a pesar de que los correos electrónicos mostrados en el tribunal revelaban múltiples intercambios con la tasadora en 2014. «Yo solo me dedico a derramar cemento, y a la operación de inmuebles. No me enfoco en la tasación de propiedades», señaló tajante.

Los fiscales han reunido una ingente cantidad de evidencias durante años de investigación, incluidos documentos financieros firmados por los dos hermanos, correos electrónicos, y declaraciones de testigos envueltos en el proceso de tasación, que no sólo contradicen las declaraciones de los Trump, sino que además prueban su implicación activa en los procesos de tasación de propiedades.

«Eric tenía ideas más elevadas sobre el precio de la propiedad», señalaba el testimonio de un consultor de la exclusiva firma de servicios inmobiliarios comerciales Cushman & Wakefield respecto a sus conversaciones de meses sobre la tasación de la mansión Seven Springs de los Trump en Westchester, al norte del Estado. Los correos revelaron también múltiples conversaciones entre la firma y Eric Trump sobre la aplicación de un tipo de exención fiscal para alguna de las propiedades.

Por su parte la firma internacional de consultoría fiscal Mazars US cortó lazos con la Organización Trump el año pasado a la vista de la investigación señalando que no le era posible ya respaldar todos los estados financieros que preparó para la empresa.

Según el testimonio del director ejecutivo de un grupo de inversión, Michiel McCarty, los bancos sufrieron pérdidas valoradas en unos 168 millones de dólares debido a la tasación inflada de al menos cuatro propiedades. McCarty explicó que, si los bancos hubieran recibido valoraciones precisas de los activos, habrían cobrado a la Organización Trump tasas de interés más altas.

En sus testimonios los hijos de Trump tuvieron que caminar por una fina línea entre no perjudicar a su padre -o a sí mismos y evitar cometer perjurio. A diferencia de Ivanka, que cuenta con su propia independencia económica al estar casada con el millonario Jared Kushner, Eric y Donald Jr. están emplazados a responder siempre a una audiencia sobre ellos o sobre su padre, de quien son empleados en la Organización Trump y de cuya fortuna y voluntad dependen permanentemente.

Con sus estrategias restringidas, a los hijos de Trump solo les quedaban dos opciones: invocar la Quinta Enmienda para no autoinvolucrarse y evitar responder, como ya hicieron en sus declaraciones durante la investigación en la que Eric llegó a invocarla más de 500 veces. Una opción complicada que en sí implica ocultación, y por ende revela culpabilidad. La otra alternativa, que es la que han elegido, consiste en mostrar ignorancia y falta de memoria, pero conlleva también el riesgo de perjurio, con el peligro añadido de que todo lo que declaren podrá ser potencialmente utilizado en su contra en cualquier otro proceso.

Pero las sesiones no pasaron sin incidentes. La mención de la Fiscalía del uso de la Quinta Enmienda por Eric Trump derivó pronto en un acalorado intercambio entre el abogado del exmandatario, Christopher Kise, y el juez, Arthur Engoron, sobre la parcialidad en el caso. Exasperado y con golpe de mazo, la paciencia del magistrado parecía agotarse cuando Kise volvió a mencionar el hecho de que la asistente del juez le pase notas durante las sesiones, como parte de su trabajo.

El juez Engoron terminó al día siguiente ampliando la orden mordaza de Trump a todo su equipo de defensa, al que prohibió terminantemente hacer referencias a «comunicaciones confidenciales» entre él y su secretaria. También reveló que su despacho había sido «inundado con cientos de llamadas telefónicas, mensajes de voz, correos electrónicos, cartas y paquetes de acoso y amenazas» desde el comienzo del juicio. En el fondo de todo ello se trata de un intento de la defensa de crear una narrativa de un juicio injusto para Donald Trump con el fin de presentar una potencial demanda de anulación por falta de imparcialidad.

La oficina de la Fiscalía General planea cerrar su caso contra el expresidente después de que la familia termine de testificar esta semana. Un juicio que ya está perdido en virtud de la sentencia del magistrado previa al proceso que estableció la persistencia sistemática de delitos de fraude financiero durante décadas, y cuya sola finalidad es establecer el valor económico de los daños, una cifra que se fijará a partir de los 250 millones mínimo que pide el Ministerio Público y que puede ascender hasta los 600 millones. Los daños vienen determinados por la legislación, que dictamina que los beneficios obtenidos de forma fraudulenta son también ilegales.

«Es como si alguien roba dinero para ir al casino, donde lo apuesta y gana diez veces más y luego lo devuelve antes de que se note», señala David Cay Johnston, Pulitzer en periodismo económico de investigación cuya cobertura durante décadas de la casa Trump constituye la pulpa de varios de sus libros. «Tienes dos delitos: uno robar y el otro, como es una ganancia obtenida por medio de un delito, es también delito y hay que devolverla», añade Johnson. «En el caso de Trump, se trata de ganancias obtenidas por medio de fraude, y por tanto hay que liquidarlas».

La familia, que también ha perdido el permiso comercial para operar empresas en el Estado, se encuentra ahora ante el dilema del proceso de identificación de bienes comerciales y negocios contenidos bajo el paraguas de la Organización Trump, que supervisa un contable judicial nombrado por el juez. Una vez establecido el valor de los activos, un auditor se hará cargo de su liquidación final para proceder a los pagos por este orden: primero se saldan las deudas (préstamos y pagos a otros adeudados), después se paga al Estado, y por último a Trump.

Las propiedades incluyen las torres y hoteles del magnate republicano, así como los campos de golf y quizás incluso el exclusivo resort de Mar-a-Lago, en Florida. Un serio golpe al vasto entramado de negocios inmobiliarios de Trump que, según la revista 'Forbes', autora de la famosa lista de los hombres más ricos del planeta, en un informe de septiembre establece el valor neto del negocio global del expresidente estadounidense en 2.600 millones.