Un millón de nuevos 'ilegales' en EE UU al suspender Trump el estatus de refugiados a miles de migrantes

La «deslegalización» de cientos de inmigrantes que habían recibido protección humanitaria y gozaban de un estatus legal para vivir y trabajar en el país, les ha dejado en la vulnerabilidad legal, y susceptibles de ser deportados en cualquier momento. Asimismo, más de 300.000 personas que buscaban asilo en EE UU han visto sus citas abruptamente canceladas en la frontera sur.

En febrero, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció que la Administración estaba en proceso de terminar con el estatus legal temporal, o TPS, para los inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Desde entonces, miles de ellos cuyos casos migratorios estaban en proceso judicial pendiente de resolución, han visto sus casos rechazados en los tribunales, al tiempo que los agentes federales se disponen a arrestarlos de inmediato.

Estos procesos de reversión del estatus migratorio han expandido drásticamente los números de 'ilegales' que se encuentran en el país, lo que ha permitido elevar las cuotas de deportación del departamento de inmigración.

El mes pasado, el Supremo permitió a la Administración Trump cancelar el TPS de unos 350.000 venezolanos que huyeron del régimen de Nicolás Maduro. En un fallo separado, el alto tribunal refrendó la decisión del Ejecutivo de revocar el TPS de otros 532.000 inmigrantes, de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Como resultado de las decisiones judiciales, casi 900.000 personas han quedado vulnerables a la deportación.

El programa TPS (Estatus de Protección Temporal), creado por el Congreso en 1990, otorga cobertura temporal de inmigración a personas que huyen de conflictos armados, desastres naturales y condiciones «extraordinarias y temporales» en sus países de origen. Bajo el estatus, los beneficiarios pueden solicitar permisos de trabajo renovables y protecciones contra la expulsión.

Los grupos de defensa de los inmigrantes han argumentado que el Gobierno maneja deliberadamente estereotipos «falsos y negativos», del tipo de los que el propio presidente utiliza en sus alocuciones públicas de que las cárceles extranjeras se vacían a base de enviar criminales a EE UU, para justificar la cancelación del TPS.

«La Administración Trump está creando activamente un número mayor de indocumentados al deslegalizarlos literalmente y eliminar anticipadamente su permiso laboral, una cruel bofetada en la cara a cientos de miles de personas que siguieron al pie de la letra el proceso que el Gobierno de EE UU les pidió», señaló Karen Tumlin, directora del Centro de Acciones de Justicia, que engloba a grupos de defensa inmigrantes. La organización Haitian Bridge Alliance ha señalado que se trata de una medida de «castigo» por seguir la ley, que está «destrozando muchas vidas, obligando a las familias a entrar en el caos y empujando a los más vulnerables a su propia auto-deportación», señaló su director, Guerline Jozef.

Como parte de sus argumentos al Supremo, la Administración Trump adujo que se trata de un problema de seguridad nacional que «estresa a la Policía, los refugios de la ciudad y los servicios de ayuda en las comunidades locales, que habían alcanzado un punto de ruptura». En el escrito de apelación al alto tribunal para revertir el estatus se recogieron las expresiones despectivas de la propia secretaria de Seguridad Nacional, Noem, que calificó de «bolsas sucias» a los beneficiarios del TPS, «que incluyen a miembros de pandillas y criminales peligrosos».

La jueza del Supremo Ketanji Brown Jackson advirtió en una opinión disidente que el tribunal ignoró las «consecuencias devastadoras de permitir que el Gobierno revirtiera precipitadamente las vidas y los medios de vida» de miles de personas, mientras que sus procesos legales están aún pendientes.

El hecho de que la Administración haya prohibido la entrada al país de nacionales provenientes de 19 países que considera inseguros parece contradecir la decisión de revocación del TPS con un argumento que niega precisamente la inseguridad en esos territorios. «Se ve la hipocresía», dijo Kelli Stump, presidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración. «Esto es parte de un muro invisible contra la inmigración que perjudica a nuestra nación y erosiona los valores fundamentales de Estados Unidos», añadió.