Una jueza federal declara ilegal el despliegue de la Guardia Nacional en Washington DC

Con todo, la sentencia que repicó por todo el país no ordena la retirada inmediata de los militares, sino que da al gobierno 21 días para que reconsidere su decisión o apele, que es lo que probablemente ocurra. A estas alturas no hay prisa, porque la jueza cree que el uso de militares para labores policiales ya ha causado «un perjuicio irreparable» a los poderes soberanos de la ciudad bajo la Ley de Autogobierno (Home Rule Act), «que están siendo usurpados por las acciones ilegales de los demandados.»

Trump lanzó el operativo tras ver en las redes sociales la foto del joven de 19 años Edward Coristine, quien fue víctima de un asalto un sábado a las cuatro de la madrugada, cuando dos adolescentes intentaron robarle el coche. Como parte del equipo de intocables que Elon Musk llevó al llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental, el apodo de «Big Balls» que le habían puesto sus compañeros en el ambiente testosterónico del nuevo gobierno contrastaba con el aspecto desvalido y descamisado con el que aparecía sentado en el suelo, limpiándose la nariz ensangrentada con la camiseta.

«El crimen en Washington está totalmente fuera de control», decidió el presidente, para justificar el despliegue de la Guardia Nacional. Según un informe oficial del Metropolitan Police Department of the District of Columbia (MPD), los delitos violentos ya habían caído un 26% respecto al año anterior, cuando a su vez se había producido un descenso del 35% con respecto a 2023. Según el Washington Post, el gobierno de Trump ya tenía preparada la orden ejecutiva «para hacer frente a la epidemia de delincuencia» a falta de una excusa. La que le proporcionó Big Balls.

La ley le autorizaba a desplegar a los militares en la capital federal en caso de emergencia para restablecer el orden y proteger las instalaciones del gobierno federal, pero el plazo de 30 días expiró a final de septiembre, sin que se hayan retirado los efectivos, a los que se habían añadido tropas de otros estados. El rotativo de la capital asegura que, internamente, el presidente ha extendido esa misión hasta final de febrero. En la orden ejecutiva el presidente dejaba abierto el plazo, que duraría: «… Hasta que yo determine que se han restablecido las condiciones de ley y orden», escribió.

La jueza, sin embargo, ha considerado que su presencia viola varias leyes y que el presidente carecía de autoridad para enviar allí tropas de otros estados. «Esta intromisión federal sin precedentes no es normal ni legal», contestó satisfecho el fiscal general demócrata de Washington DC un comunicado. «Ya es más que hora de permitir que la Guardia Nacional vuelva a casa: a sus vidas cotidianas, a sus trabajos habituales, a sus familias y a sus hijos». La decisión, previsiblemente, queda en manos del Tribunal de Apelaciones y puede que del Supremo