El secretario de prensa del Pentágono, John Kirby, en una conferencia de prensa / EP

El dron que mató a una familia en Kabul abochorna a los mandos del Pentágono

Estados Unidos ha lanzado 14.000 ataques 'quirúrgicos' con su programa de drones en los últimos 20 años

MERCEDES GALLEGO Nueva York

En el fragor de la guerra todo es oscuro y confuso, salvo el dolor de las víctimas. Al final, no fue solo el Estado Islámico el que escribió el sangriento epitafio de la Guerra de Afganistán, sino un dron estadounidense, que puso el punto final. Con él se repetía el patrón del imperialismo norteamericano en la región y los errores que han hecho perder esas guerras y, sobre todo, la confianza de los pueblos a los que quieren llevar la democracia.

Dos días después del brutal atentado contra el aeropuerto Hamid Karzai, que dejó 183 muertos, incluyendo 13 militares estadounidenses, la Inteligencia alertaba de otro ataque inminente con coche bomba. Faltaban horas para que despegase el último avión americano de Afganistán y la tensión se cortaba a cuchillo. Pero el Toyota Corolla blanco sobre el que se cebó el misil americano para abortar otro ataque no era el que al día siguiente dispararía cohetes contra las tropas sin causar bajas, sino el que conducía Zamari Ahmadi, un ingeniero afgano de 40 años que llevaba 13 trabajando para la ONG californiana Nutrition & Education International. Cuatro días antes ésta había solicitado al Departamento de Estado la evacuación y asilo político de sus empleados y familiares.

Con Zaid murió también su sobrino de 25 años, a punto de casarse, que se acercó a la ventanilla del coche cuando llegó a casa. Todos los niños habían salido a recibirle. Su hijo mayor, de 12 años, le pidió que le dejase aparcar. Segundos después el dron que le había vigilado durante las últimas ocho horas dejó caer sobre ellos un misil de alta precisión. Tres adultos y siete niños, los más pequeños de dos y tres años, murieron en la explosión.

«Los americanos dicen que son miembros del Estado Islámico», lloraba su hermano en la morgue, rodeado de pequeños cadáveres carbonizados. «¡Míralos! ¿Tú crees que estos niños eran yihadistas del Estado Islámico?».

Investigación periodística

La presencia de periodistas en Kabul, que cubrían el caótico final de veinte años de guerra, permitió que la verdad saliera a la luz. Durante tres semanas el Pentágono insistió en que el ataque había sido «un éxito» porque evitó un nuevo atentado. Las «explosiones secundarias» que aseguraba haber visto confirmaban que el automóvil iba «cargado de explosivos». Y aunque no tenía indicios de civiles fallecidos, no se responsabilizaba de quien pudiera acompañar a «los terroristas».

Fue una investigación de 'The New York Times', con vídeos de las cámaras de seguridad que congelaron las últimas horas de Ahmadi, la que demostró el craso error y abrió un espacio para la duda en la cúpula militar. A eso le siguió un inusual acto de contrición por parte del comandante general Kenneth McKenzie: «Fue un error, ofrezco mis sinceras disculpas», zanjó.

Llegaban con la promesa de una investigación «independiente» por parte de las fuerzas aéreas. El resultado lo presentó hace dos semanas el teniente general Sami Said, sin compartir el informe, que está clasificado como confidencial. Lo poco que reveló arroja escalofriantes detalles sobre el funcionamiento del programa de drones, que en los últimos veinte años han lanzado más de 14.000 ataques «quirúrgicos» sobre Afganistán, Pakistán, Yemen y Somalia, dejando más de 2.200 muertos (454 de ellos niños), según los datos del Bureau of Investigative Journalism, con sede en Londres. Casi tantas como soldados estadounidenses caídos en Afganistán.

Detrás del Reaper MQ-9 que siguió a Ahmadi en su último día de vida, también llamado 'Depredador B', había un equipo de «entre 5 y 10 personas», dijo Said. Se coordinaban «por chat», de lo que se deduce que estaban en diferentes ubicaciones y la mayoría no tenía acceso a lo que veían las cámaras del avión sin piloto. A uno de los niños se le puede ver en los vídeos dos minutos antes del ataque, pero sus verdugos no se percataron o al menos no lo mencionaron en el chat. «No he visto ninguna falta de conducta o negligencia criminal», concluyó el investigador. «Lo que he encontrado es que las desconexiones eran la acumulación de fallos en un proceso en el que había mucha gente involucrada», les disculpó. Según él, eso no viola las leyes de la guerra.

Horas de vigilancia

«Así es como la bola empezó a rodar», explicó. «Al contrastar la Inteligencia con la información en tiempo real, el Toyota Corolla blanco se convirtió en un 'vehículo sospechoso', y con el tiempo, en un vehículo tan sospechoso que alcanzó el grado de objetivo».

Al principio del día solo buscaban un Toyota Corolla blanco al suroeste del aeropuerto. El de Ahmed era uno cualquiera, pero tras ocho horas de observar sus movimientos desde el sigiloso dron, un grupo de militares nerviosos se convenció de que delataban una inminente actividad terrorista.

Había entrado esa mañana con su coche a unas «instalaciones desconocidas» (la de la ONG californiana) situadas en la misma zona donde la Inteligencia había detectado la preparación de un atentado. Le vieron recoger un «maletín» de ordenador, como el que utilizaron los kamikazes del atentado contra el aeropuerto. Más tarde visitó una garita de seguridad de los talibanes, e incluso vieron cómo metía las garrafas en el coche (cargadas de agua para llevar a su casa) con ayuda de otros «cómplices» a los que luego dejó en sus casas, con efusivos abrazos, antes de retirarse para perpetrar el atentado. Tenían que pararlo antes de que fuera demasiado tarde.

Cuando lo vieron aparcar en el callejón de su casa solo identificaron «a un adulto» reclinado en la ventanilla y decidieron que ese era el mejor momento para destruir el «objetivo». Se encontraba a tres kilómetros del aeropuerto y aunque el tráfico era extremadamente lento, el resto del camino atravesaría zonas más pobladas. Con pulsar un botón se acabó todo para él y los niños que se acercaron a recibirle.

El costo humano de las «guerras quirúrgicas»

Ahmadi era el que llevaba dinero a la familia. Su hermano Emal, de 32 años, que también perdió ese día a su hija de tres, Malika, se ha quedado al cargo de los 15 familiares que quedan, sin trabajo ni ayudas de ningún tipo. En el callejón sigue el Toyota Corella calcinado y una furgoneta contigua que cogió fuego. Un mes y medio después de que el Pentágono matara a toda su familia, nadie del gobierno americano había ido a hablar con él, solo periodistas. «Estoy tan triste y enfadado», confesó a Los Angeles Times. Irónicamente, fueron los talibanes los que aparecieron en su casa a transmitirle la disculpa del Pentágono, lo que dejó a su familia aún más expuesta, si cabe, a las represalias de los nuevos amos.

Desde Pasadena (California), su jefe, Steven Kwon, para quien Ahmadi «era como un hijo», dijo por teléfono, ha reclamado al gobierno que indemnice a la familia y la reubique en EEUU. «No entiendo cómo el ejército más poderoso del mundo pudo ver a Ahmadi, un trabajador humanitario que viajaba en un coche muy común, seguirlo durante ocho horas y no darse cuenta de quién era o de que estaba en la sede de una organización humanitaria», protestó decepcionado con la investigación. Ahmadi había pasado su último día haciendo recados para la organización sin ánimo de lucro que desde 2003 distribuía alimentos entre los afganos para luchar contra la desnutrición infantil y femenina.

Las garrafas que llenó de agua en el trabajo las llevaba a su casa, en un barrio obrero donde escasea. El maletín que recogió contenía un ordenador. Y las instalaciones «desconocidas» es la sede de NEI en Kabul. Pero poco a poco las piezas de su vida encajaron en las de un tablero mucho más retorcido, donde los asustados soldados componían la foto de un terrorista a punto de causarles daño. El tiempo se acababa. Al menos para él.

Casi el 90% de las víctimas de ataques aéreos no eran los objetivos pretendidos, según una investigación que hizo The Intercept con una muestra de mil ataques ocurridos entre 2015 y 2019. Las guerras «quirúrgicas» que EEUU estrenó en Irak – donde un tanque confundió la lente del cámara de Telecinco José Couso con la mira de un francotirador- se baten lo mismo en casa que en la celebración de una boda (Yemen, 2013). En Afganistán batieron el record en 2019, con 7.423 proyectiles lanzados como parte de la ofensiva con la que el gobierno de Donald Trump quiso forzar a los talibanes a negociar, pero mientras los ataques se doblaron, las investigaciones para determinar daños civiles cayeron a la mitad. De las 563 que el Resolute Support llevó a cabo, solo 74 se consideraron creíbles, y de ellas apenas 14 fueron investigadas «en profundidad», según la ONU, que multiplica por cinco el número de víctimas inocentes que cuenta el Pentágono.

«Cada vez que tiras una bomba con munición hay posibilidades de que haya bajas civiles. Nos tomamos esa responsabilidad muy en serio», se conformó entonces el general Austin Miller, que dirigía las fuerzas en Afganistán.