EE UU culpa a Podemos y Belarra del aumento del antisemitismo en España
Detecta un repunte del 77% en los delitos de odio contra judíos y señala a la exministra por acoger en el Congreso un acto que justificó el atentado de Hamás en 2023
T. Nieva
Martes, 12 de agosto 2025, 21:06
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha detectado un repunte del antisemitismo en España. Según el último informe sobre derechos humanos, se ha registrado ... un aumento de los delitos de odio contra judíos en 2023 y 2024. El 7 de octubre de 2023 tuvo lugar el ataque de Hamás contra Israel en el que murieron 1.200 personas. El documento señala a la exministra Ione Belarra, dirigente de Podemos, por organizar el 3 de junio de 2024 un acto en el Parlamento en el que dos oradores propalestinos invitados «glorificaron el ataque de Hamás y afirmaron que Israel no tenía derecho a existir».
En el apartado del documento estadounidense sobre 'actos de antisemitismo e incitación antisemita', los servicios diplomáticos de Washington constatan que «grupos de la comunidad judía expresaron su preocupación por el uso de lemas que consideraban antisemitas por parte de políticos» en España.
De hecho, el informe de EEUU asegura que el Ministerio del Interior español ha registrado «un aumento significativo en el número de delitos de odio antisemitas», al pasar de trece en 2022 a 23 en 2023. Además, el Observatorio de Antisemitismo de la Federación de Comunidades Judías de España denunció «múltiples incidentes antisemitas durante el año».
En este punto, refleja que dichos incidentes incluyeron discursos de odio antisemitas en redes sociales, así como amenazas de violencia contra personas judías y vandalismo. También recuerda que la Red Académica contra el Antisemitismo observó «un ambiente hostil en los campus» universitarios. Como consecuencia, denunció acoso a estudiantes y académicos judíos.
El Gobierno «ha tomado medidas»
No obstante, Washington concluye que en España no se han producido «cambios significativos en la situación de los Derechos Humanos». Considera que no ha habido «informes creíbles de violaciones significativas» en este sentido y que el Gobierno ha tomado «medidas creíbles para identificar y castigar a los funcionarios que han cometido abusos contra los Derechos Humanos.
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