El Congreso republicano respalda la teoría de que Biden 'no ejerció' la presidencia de EE UU

Biden no es, ni mucho menos, el primer presidente en recurrir a la firma digital que usan ejecutivos de todo el mundo. Legalmente, según un memorando de 1929 del fiscal general de EE UU, no se requiere la firma personal del presidente para que un indulto o conmutación sea válido, solo su autorización, como afirma el exmandatario que hizo en cada ocasión. Harry Truman, Gerald Ford, Barack Obama y un sinfín de cargos de gobierno, entre los que destaca por su frecuencia el secretario de Defensa Donald Rumsfeld, recurrieron a este sistema que les ahorra la parte ceremonial que Trump adora.

Para el actual presidente, la crítica al autopen refrenda su teoría de que Biden estaba demasiado senil para gobernar y, en realidad, eran otros poderes en la sombra de la «izquierda radical» los que ejercían el mando. Ese debate no solo le permite desviar la atención hacia otras cuestiones sustantivas sobre las decisiones que tomó Biden, sino también anularlas, si sigue adelante el proceso iniciado por el Comité de Supervisión y Reforma de Gobierno de la Cámara de Representantes.

Según este, el círculo más íntimo del presidente en la Casa Blanca «organizó uno de los mayores escándalos de la historia de Estados Unidos: ocultar a un presidente con un deterioro cognitivo y negar cualquier forma de confirmación de ese declive», señala el informe.

El comité considera que todas las acciones del mandatario firmadas por autopen, incluyendo el perdón preventido con el que blindó a su hijo de la persecución política de Trump, deberían ser anuladas. «El costo del plan para ocultar las secuelas del deterioro físico y mental del presidente Biden fue enorme, aunque probablemente nunca podrá calcularse por completo», opina. «El encubrimiento puso en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos y la confianza del país en sus líderes.»

El informe no aporta pruebas e incluso recurre a una relación de datos de campaña que nada tienen que ver con el Gobierno de Biden, como sus resultados en las encuestas electorales. Ni siquiera incluye las transcripciones de las entrevistas con los 14 miembros de su Administración a los que citó el comité, pero señala especialmente a los tres que se acogieron a la quinta enmienda para no testificar, incluyendo al médico del presidente, Kevin O'Connor, para quien pide que se le arrebate el título para ejercer.

«Los tres deberían ser imputados», afirma el informe, que recomienda a la fiscal general, Pam Bondi, que abra una investigación judicial. Bondi respondió en X agradeciendo el informe, que considera «extremadamente útil», y aseguró que su personal ya ha iniciado una revisión del caso.

Los demócratas han desestimado las acusaciones en las que no ven fundamento alguno, porque «como sabéis, el autopen es legal», recordó a la prensa el congresista Robert García, miembro de ese comité. Un portavoz del expresidente Biden interpretó que la investigación «sobre acusaciones infundadas ha confirmado lo que estaba claro desde el principio: el presidente Biden tomó las decisiones de su mandato. No hubo conspiración, ni encubrimiento, ni conducta indebida», afirmó en un comunicado.

Con todo, si el Gobierno de Trump persevera en esa vía podría poner en tela de juicio numerosas acciones de su predecesor. Hasta que la legalidad cuestionada sea dirimida por el Supremo, eso añadiría otra capa de caos y confusión al Gobierno de EE UU.