El Congreso de EE UU aborta en el último minuto una hecatombe financiera

El lunes el Gobierno estadounidense se quedará sin fondos para cumplir con sus obligaciones fiscales, según la previsión revisada de la secretaria del Tesoro Janet Yellen. Desde que George W. Bush dilapidara a partir de 2001 el superávit que dejó Bill Clinton, el Ejecutivo añade cada año al déficit un billón de dólares de media, por lo que tiene que contraer nueva deuda con la que pagar los gastos autorizadas por el Congreso. Para no caer en el impago era necesario que este aprobara elevar el límite de la deuda, establecido en 31,4 billones, una baza negociadora con la que el líder republicano Kevin McCarthy contaba desde antes de ser elegido portavoz del Congreso en enero, confesó este jueves. Biden había optado por el viejo principio de no negociar con terroristas dispuestos hacer explotar la economía mundial si no aceptaba importantes recortes del gasto público.

«Soy un optimista», dijo este jueves eufórico McCarthy. «Esperé 97 días a que se sentara a negociar conmigo, al igual que aguanté 15 rondas (de votación) para ser elegido portavoz». En ambos casos, el diablo se esconde en los detalles.

La Casa Blanca le ha permitido clamar victoria al atribuirse exageradamente el mayor recorte del gasto público que se haya aprobado en la historia de Estados Unidos, pero según 'The New York Times' también ha negociado reponer parte de esos fondos en partidas de gasto no discrecional que después podrá pasar a los renglones que más necesite. También en enero McCarthy tuvo que pactar con los congresistas más extremistas del Freedom Caucus una cláusula kamikaze que permitirá a cualquiera de ellos proponer su cese en una votación expedita. La ley de responsabilidad fiscal aprobada la pasada noche, por 314 a 117, podía haber sido la mecha que incendiase al ala de ultraderecha, de no haber obtenido un respaldo tan mayoritario.

«Esta es una noche fabulosa», clamaba eufórico McCarthy, mientras sus allegados le endiosaban como «el mejor estratega» que hubieran conocido en su vida, dijo el congresista Garret Graves. En las 99 páginas se describen los cambios fiscales que permitirán a EE UU ahorrar 2,1 billones de dólares en los próximos dos años. «Y eso gracias a que en noviembre obtuvimos el mandato de los votantes para gobernar la Cámara Baja», se regocijó McCarthy. «Si Nancy Pelosi hubiera seguido siendo la portavoz simplemente hubieran aprobado seguir endeudándose con un gasto irresponsable e insostenible», acusó.

La propia congresista californiana que ejerciera de portavoz del Congreso durante ocho años reconoció este jueves en su intervención que el acuerdo obtenido bajo la supervisión directa de Biden, quien llegó a cancelar su viaje Australia y Papua Nueva Guinea para seguir negociando, es, cuando menos, «cuestionable», pero se trataba de un mal necesario para salvar la reputación crediticia de Estados Unidos.

«¿Y si tan buen trato ha conseguido usted, por qué cree que han votado en favor de esta ley más demócratas que republicanos?», le preguntaron a McCarthy durante la conferencia de prensa celebrada al término de la votación. «Yo creo que tenían que dar la cara por su presidente», respondió, «pero si crees que les gusta endurecer los requisitos laborales (para obtener ayudas alimenticias), que podamos cambiar las revisiones medioambientales (para aprobar proyectos energéticos), desprenderse de 20.000 millones de dólares que tenían para contratar a más inspectores de Hacienda, devolver las ayudas restantes del Covid… Si de verdad crees que les gusta, genial, mañana vuelvo con más, porque yo no he conseguido todo lo que quería».

Biden no va a contradecirle. «¿Crees que hacerlo me ayudaría a que se apruebe la ley?», contestó a la prensa el domingo. «No, por eso vosotros no negociáis bien». Y es que antes de que pueda firmar la ley aún la tiene que aprobarla el Senado, donde algunos como Bernie Sanders, ya han adelantado que no le apoyarán, por lo que necesitará votos conservadores. Mejor que piensen que el trato es un golpe para su gobierno. «Le hemos quitado cada dólar que tenían para contratar más empleados de Hacienda», presumió McCarthy, que no comparte su lucha contra la evasión fiscal corporativa y asegura que hubiera servido para acosar a la clase media.

Además, el Gobierno renuncia a los fondos aprobados para paliar los efectos de la pandemia, eleva el requisito de estar trabajando para obtener ayudas alimenticias de 49 a 54 años, aprueba gaseoductos, acelera los informes de impacto medioambiental en las concesiones energéticas, quita 400 millones al Centro de Control de Enfermedades Infecciosas (CDC, por sus siglas en inglés) que ha estado al frente de la pandemia, cancela el perdón de la deuda estudiantil, sube el gasto militar, congela el gasto discrecional no militar del 2024 a los niveles de este año y solo contempla para el 2025 una subida del 1% que, al no llegar siquiera a la inflación, supone una reducción de facto.

A cambio, los republicanos se comprometen a no volver a chantajear a Biden con bloquear la subida del techo de la deuda durante lo que le queda de mandato y han dejado intactos sus logros en temas como infraestructura o cambio climático, así como los seguros médicos de subsidio público para jubilados e indigentes -Medicare y Medicaid respectivamente-. «No podíamos negociar todos los presupuestos, así que nos hemos centrado en el 11% de los mismos», explicó McCarthy, que originalmente buscaba renegociar el 22% y congelar el gasto discrecional a diez años. «Es un primer paso que muestra lo que es posible, luego volveremos a por más. Hoy es un gran día en América», lapidó.