Columbia se aviene a pagar multas por antisemitismo de 200 millones para recuperar la financiación federal

«Esta resolución no solo restablecerá la capacidad de Columbia para participar plenamente en las históricas asociaciones federales de investigación, sino que garantizará una continuidad crucial para el profesorado, los estudiantes y el personal de todas las disciplinas, muchos de los cuales han visto peligrar años, incluso décadas, de avances hacia descubrimientos médicos y científicos», escribió la presidenta Claire Shipman al explicar la decisión en un email a la comunidad universitaria.

Los primeros 250 millones de dólares (212 millones de euros) del Instituto Nacional de Salud en fondos destinados al Centro Médico Irving habían desaparecido el 7 de marzo, cuando el Grupo de Trabajo Federal para Combatir el Antisemitismo apuntó a la prestigiosa universidad en la que comenzaron el año pasado las protestas por la guerra de Gaza. La Universidad no tardó en claudicar. En su primer intento de calmar la furia de Trump, implantó un nuevo sistema disciplinario, con el que ejerció suspensiones y sanciones a los estudiantes involucrados en las protestas, aceptó un sistema de supervisión académica para el profesorado, prohibió el uso de máscaras en el campus y contrató a 36 nuevos policías.

La humillación pública no logró que regresaran los fondos congelados ni que acabaran las presiones federales. La semana pasada incorporó la definición de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto a la suya propia de antisemitismo y se comprometió a aplicarla en su política institucional, incluyendo la regulación del discurso y la conducta en el campus, con lo que silenciaba de hecho las protestas pro-palestinas y limitaba la libertad académica del profesorado.

El miércoles anunció también expedientes disciplinarios contra 80 estudiantes que el 7 de mayo del año pasado participaron en la ocupación de la Biblioteca Butler a modo de protesta por los nexos financieros de la Universidad con empresas o fondos de inversión que contribuyen indirectamente a la masacre de Gaza. De ellos, 60 han sido suspendidos, la mayoría por dos años, y diez expulsados definitivamente. Otra decena que colaboró con los agentes tras la intervención policial ha recibido un castigo más benigno y estarán a prueba bajo libertad condicional académica.

Fue ahí cuando cuajó el pacto con el Gobierno, tras aceptar este el pago de 200 millones a lo largo de tres años por permitir el antisemitismo y otros 21 millones adicionales por favorecer la diversidad en sus contrataciones de empleo con discriminación positiva. La presidenta lo ha interpretado como una victoria porque, según ella, Columbia «mantiene el control sobre sus decisiones académicas y operativas», que dice fue el norte de sus negociaciones. «El Gobierno federal no dictará lo que enseñamos, quién enseña ni a qué estudiantes admitimos», aseguró.

Shipman explicó a la comunidad estudiantil y académica que la batalla que Harvard ha llevado a los tribunales, al contar con más recursos, estaba causando mucho dolor y serios desafíos a la institución que preside. «No solo se trataba de los 400 millones de dólares en subvenciones federales, sino también de la suspensión de la mayor parte de los 1.300 millones de dólares anuales que recibimos en financiación federal», escribió. «La posibilidad de que eso se prolongase indefinidamente, junto con la posible pérdida de científicos de primer nivel, pondría en peligro nuestro estatus como institución de investigación líder a nivel mundial».

La Casa Blanca contaba con que a medida que se acercara el comienzo del curso académico y los plazos para solicitar becas y subsidios federales, esta y otras instituciones se doblegarían ante sus demandas. Shipman añadió que la Universidad verá más esfuerzos para combatir el antisemitismo «en los próximos meses». Como parte del acuerdo, la institución académica ha aceptado la designación de un «supervisor y árbitro independiente como terceras partes neutrales», que obligará al Gobierno a seguir unos pasos determinados si considera que la Universidad no está cumpliendo el acuerdo y viceversa.