Varios manifestantes protestan en Berlín con fotos de cuatro activistas ejecutados por el Gobierno de Myanmar. / EFE

La ONU investiga crímenes de guerra en Birmania

Las ejecuciones de disidentes son una respuesta militar al profundo descontento popular en el país asiático

GERARDO ELORRIAGA

No lo llames Tatmadaw, no son fuerzas armadas gloriosas, tal y como dice el término birmano, llámalo Sit-tat, ejército a secas, despójalo de cualquier honra porque tan sólo es un aparato al servicio de una élite depredadora. La comunidad de blogueros Global Voices, altavoz para muchas expresiones contrarias al discurso oficial, ha difundido un texto en el que se cuestiona el nombre de la institución castrense que domina la vida e, incluso, la muerte en el país asiático. El régimen militar de Myanmar ha ejecutado recientemente a cuatro disidentes por delitos vinculados con el terrorismo, práctica que no había llevado a cabo desde los años ochenta. Ahora bien, la aplicación de la pena de capital es tan solo la cima del iceberg semisumergido. La antigua Birmania sufre una crisis social y una represión brutal de enormes proporciones.

De hecho, los investigadores de la ONU que examinan la situación de los Derechos Humanos en Birmania han alertado de que cada vez tienen más pruebas de abusos continuados sobre la población civil que serían constitutivos de crímenes de la humanidad; evidencias que ya han puesto en conocimiento de organismos como el Tribunal Penal Internacional. En concreto, ha recabado más de tres millones de piezas procedentes de unas 200 fuentes en los últimos tres años. Los expertos han constatado que los abusos son una constante y afectan de forma grave a colectivos vulnerables como mujeres y niños.

Una jubilación puede considerarse el desencadenante de esta nueva fase de control del Ejército y la consiguiente oleada de terror. El pase a la reserva del general Min Aung Hlaing, al cumplir los 65 años, resultaba perjudicial para los militares ya que su condición de Comandante de las Fuerzas Armadas y vicepresidente de facto le confería un inmenso poder que podía caer en manos civiles. No cabían remilgos. El precedente turco resulta inquietante para Estados como Myanmar o Egipto, dominados por la tupida red de intereses políticos y económicos de sus cúpulas.

Hay mucho que perder. La élite castrense no solo ha dirigido el país prácticamente desde su independencia, sino que, literalmente, se ha apoderado de sus recursos. El Ejército posee dos conglomerados económicos gigantescos, la Corporación Económica de Myanmar, con intereses en la minería o las telecomunicaciones, y la Myanmar Economic Holdings Limited, implicada en la agricultura y la alimentación, entre otros sectores comerciales.

La tensión es consustancial a la vida política local. El golpe de Estado del 1 de febrero de 2021 cercenó un proceso de liberalización completamente viciado por la tutela militar. Sus inductores explicaron la iniciativa y el posterior arresto de Aun San Suu Kyi, líder de la Liga Nacional para la Democracia, partido mayoritario, esgrimiendo razones tan delirantes como un presunto pucherazo electoral y la defensa constitucional.

Estrategia de extrema brutalidad

El rechazo a la cohabitación con un poder civil explica esta estrategia de extrema brutalidad. A ese respecto, la persecución de la minoría musulmana de los rohingya ha sido una moneda de cambio entre las dos facciones. El prestigio de la ex Consejera Nacional y Premio Nobel de la Paz se derrumbó cuando defendió la actuación de las tropas alegando motivaciones terroristas, tesis que aún sostiene no para congraciarse con su rival, sino, sobre todo, para recabar el apoyo de la etnia bamar, de fe budista, que supone casi dos tercios de la población total. El respaldo de esta comunidad resulta esencial para mantener el poder a cualquiera de los bandos.

No, no se trata de un hecho aislado. El ahorcamiento de los cuatro reos es un aviso para navegantes en una atmósfera sumamente enrarecida por razones locales y globales. La persecución llevada a cabo tras la asonada ha provocado más de 700 víctimas. Un centenar de presos condenados a la pena capital espera al otro lado del corredor de la muerte. Las maneras son expeditivas. La administración de justicia se halla en manos de tribunales militares y sus condenas no admiten apelación.

La crisis ha incidido en problemas estructurales. La política de hostigamiento ha alentado las fuertes tendencias centrifugas de sus Estados orientales, habitados por diversas minorías contrarias al régimen centralista. Amnistía Internacional denuncia bombardeos indiscriminados y cientos de miles de desplazados como respuesta a este recrudecimiento de las hostilidades.

Pero una amenaza aún mayor llega desde Europa. El Producto Interior Bruto de Myanmar se retrajo un 18% el pasado año como consecuencia de la subida de precios de los cereales y no se espera un despegue al final del presente. El peligro para el Gobierno de Hlaing radica en una población incapaz de asimilar los onerosos precios, y es que la mitad de los birmanos podría hallarse bajo el umbral de pobreza en el nuevo escenario. El ajusticiamiento también puede interpretarse como una medida preventiva ante lo sucedido en la cercana Sri Lanka. Al parecer, todo vale cuando los privilegios del Tatmadaw o el Sit-tat se cuestionan.