La Justicia argentina suspende la polémica reforma laboral de Milei

La medida cautelar solicitada por la Confederación General del Trabajo (CGT) –la mayor central obrera del país– puso freno a los cambios que habían entrado en vigor el pasado 29 de diciembre. Su famoso 'shock' económico con el objetivo de recortar el gasto público y levantar la decadente economía del país motivó la nueva regulación, que implicaba la extensión de los periodos de prueba en las empresas o la reducción de los permisos por embarazo y contemplaba las jornadas de hasta doce horas. También pretendía minimizar las aportaciones y contribuciones de jubilación y las indemnizaciones y limitaba el derecho a huelga hasta casi eliminarlo.

El anuncio del DNU que derogaba o modificaba más de 300 leyes sobre todo del ámbito económico fue firmado el pasado 20 de diciembre y llevó a las calles en dos ocasiones a miles de argentinos descontentos con este decreto que elude el trámite de pasar por el Parlamento antes de su aprobación. El texto acumula en los tribunales más de una decena recursos en su contra. Uno de ellos acusa a Milei penalmente por «abuso de autoridad» y por «traición a la patria».

La suspensión decretada por la Cámara de Apelaciones es una medida provisional hasta que se discuta la validez del DNU en el Congreso. El fallo cuestiona la «necesidad» y «urgencia» de la reforma laboral. Según uno de los jueces que votó a favor de este 'pause', Alejandro Sudera, no se evidencia objetivamente la premura de adoptar las numerosas medidas. El presidente justifica sus intervenciones con que «Argentina requiere un cambio de rumbo urgente para evitar un desastre mayor». Mientras el sindicato de trabajadores, de mayoría peronista, tilda el documento de «regresivo» y cree que «atenta» contra los empleados.

El Ejecutivo recurrirá la decisión, según anunció ayer el procurador general del Tesoro, Rodolfo Barra. El caso se elevaría entonces a la Corte Suprema, donde ya se encuentra una denuncia contra el DNU por parte del Gobierno provincial de La Rioja, en el oeste del país. El máximo tribunal argentino analizaría en febrero la «inconstitucionalidad» del compendio de leyes.

Éste es el primer revés de la Justicia a Milei en menos de un mes desde su llegada al poder. El mandatario se podría enfrentar a un panorama complicado para llevar a cabo sus propuestas. Su «motosierra» se paraliza temporalmente y teme que la pugna que ya tiene con el poder judicial también afecte a la cuestión legislativa. El Gobierno tiene un largo terreno que allanar en el Parlamento. El oficialismo está en minoría en el Congreso, donde tiene 38 de 257 diputados y siete de 72 senadores.

El peronismo y la izquierda ya han expresado su total rechazo a las iniciativas de Milei. Sobre la mesa no sólo está su polémico decreto de urgencia, también se encuentra la 'Ley Ómnibus' con más de 600 cambios legales. Uno de los más destacados es la declaración del 'estado de emergencia' que dotaría al mandatario de «superpoderes» para gobernar sin necesidad de pasar antes por la aprobación de las Cámaras.

El tijeretazo de Milei ya había dejado a unos 7.000 funcionarios públicos sin empleo después de no autorizar la renovación de los contratos de menos de un año de antigüedad y ayer canceló el pago de los salarios a los obispos. El Estado argentino corta así sus relaciones con la Iglesia católica. «Esto coincide con los alineamientos de este Gobierno: la austeridad de gasto y la defensa de la libertad de culto. Entendemos que el Ejecutivo no tiene por qué dar un tratamiento desigual a una religión sobre otra», explicó ayer el portavoz de la Casa Rosada, Manuel Adorni. La asignación económica para un centenar de sacerdotes era de unos 55.000 dólares (unos 50.300 euros) al mes, y no se actualizaba desde hacía varios años, según la prensa argentina. La histórica decisión pone fin a un acuerdo alcanzado en 2018 por la Conferencia Episcopal con el anterior mandatario, Alberto Fernández.