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Tras el atentado del pasado sábado contra el senador Miguel Uribe Turbay, precandidato a la presidencia de Colombia, la actividad es frenética en dos frentes. ... Por un lado, los médicos continúan tratando de salvarle la vida. Las expectativas no son buenas. «El paciente continúa en estado crítico y ha tenido escasa respuesta a las intervenciones y manejos médicos realizados», ha comunicado hoy el hospital Fundación Santa Fe de Bogotá, la única institución autorizada por la familia del político para informar sobre su salud. «Su situación reviste la máxima gravedad. Por lo tanto, el pronóstico continúa siendo de carácter reservado», finaliza el comunicado. Su mujer, María Claudia Tarazona, no lo ha podido dejar más claro: «Necesita un milagro».
Por otro lado, las Autoridades tratan de dilucidar qué es lo que sucedió. Se sabe que el adolescente de 15 años que efectuó los disparos mientras Uribe daba un mitin es un sicario cuya madre murió y que vive con su tía porque el padre está en el extranjero. «¡Perdón, lo hice por plata! ¡Por mi familia!», gritó cuando fue reducido, incapaz de huir porque también había resultado herido de bala en una pierna. «Es apenas un ejecutor material», ha afirmado la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo.
La gran incógnita está en quién lo contrató. Y, a ese respecto, todavía no se han producido grandes avances. Del arma homicida, una pistola Glock de 9 milímetros, se sabe que fue adquirida legalmente en Estados Unidos en 2020, pero no cómo llegó hasta Colombia ni quién se la dio al asesino, que aún no ha sido interrogado. Establecer si el arma fue utilizada en otros crímenes podría ayudar a despejar la principal duda. «Ese es el objetivo número uno, determinar qué red sicarial contacta como ejecutor material a este menor, para eso hacemos un estudio de balística», ha explicado Camargo.
A este examen se suma el de un millar de vídeos que obran en manos de los investigadores. «También se analiza el recorrido del esquema de seguridad del senador Miguel Uribe hasta el lugar de los hechos, de manera que podamos identificar si estaba siendo sometido a vigilancia», ha añadido Camargo, sin dar más detalles sobre las conclusiones a las que hayan podido llegar las pesquisas, en las que participan 188 agentes de Inteligencia de la Policía.
«No se descarta la participación de grupos armados, grupos de delincuencia común, organizada y mafias como la 'junta del narcotráfico' y también otros actores ocultos», ha aseverado el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez. «Quien haya cometido el atentado está haciendo todo lo posible por mantener su anonimato», ha sentenciado, al tiempo que ofrecía 3.000 millones de pesos colombianos (unos 640.000 euros) por información que facilite la captura de los culpables.
Sánchez sí ha avanzado los motivos que pudieron haber motivado el crimen: «Podríamos agruparlos en tres grandes grupos: si fue directamente por tratarse de Miguel Uribe Turbay, o si fue por ser político y todo lo que va alrededor de su partido político o si se trata de desestabilizar al Gobierno nacional, a través de atentados a algunos miembros que piensen diferente»
No obstante, muchos temen en Colombia que, sea quien sea, tenga las conexiones necesarias en las altas esferas del poder para torpedear la investigación. No en vano, según el diario Semana, varios vídeos muestran que el sicario tenía un teléfono móvil que podría ser clave para desentrañar lo sucedido pero que, curiosamente, los agentes no encuentran.
Sin duda, muchas sospechas recaen sobre el entorno del presidente colombiano, Gustavo Petro, rival político de Uribe y principal responsable de la creciente polarización política del país. Hoy, el mandatario ha anunciado que todos los hijos de su gabinete, incluida su hija Antonella, habían recibido amenazas de muerte. «Este hecho refuerza la hipótesis de que el autor del atentado es un enemigo del gobierno», ha analizado, en lo que algunos consideran un intento de exculparse.
Aunque Colombia se ha echado a las calles para mostrar su solidaridad con Miguel Uribe y su familia, protagonizando improvisadas vigilias y manifestaciones pacíficas, el miedo a que la violencia política de antaño vuelva crece. No en vano, el expresidente Álvaro Uribe, líder del partido Centro Democrático en el que también milita Miguel Uribe, ha informado de que los servicios de Inteligencia le han advertido de que se prepara un atentado contra él. En este clima, otro precandidato presidencial, el exministro y exsenador colombiano Mauricio Lizcano, ha decidido suspender sus actos políticos «en solidaridad» con Uribe y para que la ciudadanía reflexione: «La violencia no puede tener espacio en la democracia», ha escrito.
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