El ya expresidente de Perú, Pedro Castillo. / EP

Autogolpe fugaz

DANIEL REBOREDO Historiador y analista de política internacional

América va de sobresalto en sobresalto. El último, previamente anunciado por las investigaciones de la Justicia contra el presidente peruano, Pedro Castillo, y su gabinete, cuajaron en días pasados, después de semanas de supuestas investigaciones, con la acusación de ser el líder de una presunta organización criminal muñidora de contratos públicos para obtener ganancias ilícitas. La denuncia es un torpedo a la línea de flotación del precario equilibrio en el que se mueve el país desde que Castillo ganara las elecciones en 2021 y se suma a las cinco anteriores de las que salió indemne. Desde entonces, la crisis política del país ha sido una constante. Perú vive años de inestabilidad política en las últimas décadas, provocada por una alta rotación de presidentes, todos acusados de corrupción (Alan García, Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski), a la que se suman encarcelamientos, huidas del país, suicidios, etcétera.

Esta es la normalidad política del país andino. Normalidad acentuada tras el efímero y fugaz autogolpe realizado por Castillo el pasado miércoles, tres horas antes de que se iniciara en el Congreso el debate sobre su posible destitución. Maniobra fracasada que ha terminado con su arresto y traslado al penal limeño de Barbadillo donde se encuentra Alberto Fujimori, el expresidente que también realizó un autogolpe en 1992 y que en este caso triunfó gracias al apoyo ciudadano y del Ejército. Pocas horas sirvieron para que tras su decisión de disolver el Congreso peruano terminara su aventura para instaurar un Gobierno de emergencia nacional que era un fracaso desde su concepción. Un plan insensato y disparatado acaba con la posibilidad de ser condenado a prisión de 10 a 20 años y con la reafirmación de un Congreso que tiene mucha peor reputación que él.

El presidente Castillo y su partido Perú Libre han sido una decepción para los peruanos, tras doscientos años de gobiernos conservadores, porque un año después de su triunfo no sólo no ha cumplido sus promesas (reforma constitucional, segunda reforma agraria, sanidad, pobreza y modificación del orden neoliberal) sino que ha terminado con ultraconservadores y divulgadores de la conspiración, después de que políticos renovados e instruidos abandonaran su proyecto al detectar los bandazos e incoherencias del mismo. Sucesión de gabinetes presidenciales (cinco en concreto) y de más de un centenar de ministros así lo constatan.

Pero no olvidemos la influencia y, en no pocas ocasiones, malas artes de la derecha y de sus presiones constantes a través de la Fiscalía, la prensa y el propio Congreso. Los medios de comunicación se alinearon contra Castillo mucho antes de asumir la presidencia, sometiéndole a él y a su familia a un acoso y a una persecución continuada. Respecto al citado Congreso, cabe señalar, como botón de muestra, que en el plazo de un año se han producido en torno a una decena de intentos de sustitución, abriendo con sorprendente complacencia innumerables comisiones de investigación por denuncias de casos de corrupción y llegando en varias ocasiones hasta la moción de censura que siempre superó y que en esta ocasión también lo habría hecho a pesar de las 'evidencias' contra él, su entorno y algunos de sus exministros.

Tres horas han hundido a Castillo y unas 'pocas más' durará la presidencia de Dina Boluarte, muy débil políticamente y bajo la presión inmisericorde y combinada del cesarismo parlamentario y de la masa pobre y desesperada del país.

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