Cristina Fernández, ayer poco antes de difundirse el veredicto / EFE

Condenan a Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua por corrupción

«Esta condena estaba ya escrita», denuncia la vicepresidenta argentina, para quien la Fiscalía pedía hasta 12 años de cárcel por el 'caso Vialidad'

DIANA MARTÍNEZ

La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, recibió ayer su primera condena por corrupción durante sus mandatos como presidenta del país. Los jueces del Tribunal Oral Federal 2 sentenciaron a la exmandataria a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para cargo público por «administración fraudulenta en perjuicio de administración pública», según el fallo. En cambio, fue absuelta de los delitos por presunta asociación ilícita, lo que redujo a la mitad la condena que solicitaba para ella la Fiscalía.

Cristina Fernández, de 69 años, cuenta con un amplio historial judicial por presuntos casos de corrupción, aunque hasta ahora no había sido condenada y algunas de las denuncias se habían sobreseído. El asunto por el que ha sido sentenciada, conocido como 'causa Vialidad', está relacionado con las irregularidades detectadas en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez durante los gobiernos del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y de su viuda, Cristina Fernández (2007-2015), en la provincia de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo.

El propio Lázaro Báez, el exsecretario de Obras Públicas José López y el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti han sido condenados también a 6 años. Después de tres años y medio de audiencias, son las máximas condenas dictadas por la corte para los doce acusados, algunos de los cuales han resultado absueltos. Asimismo, el tribunal ha pedido decomisar a los condenados los efectos del delito, 84.835 millones de pesos (unos 482 millones de dólares). Contra la sentencia cabe recurso en los tribunales superiores, y en todo caso Cristina Fernández tiene inmunidad hasta diciembre de 2023, cuando termine su mandato. Según recuerda su equipo legal, para mandarla a la cárcel tendría que ser destituida de su cargo en un juicio político.

«Persecución política»

«Esta condena estaba ya escrita», denunció ayer la vicepresidenta, que siguió de forma virtual la lectura del fallo desde su despacho en el Congreso. La mandataria se considera víctima de una «persecución política» de la que participan un «Estado paralelo» y «una mafia judicial». Tras la divulgación del veredicto reiteró que, en cuanto presidenta de Argentina, no era su competencia ni sancionar leyes ni administrar y ejecutar el Presupuesto, por lo que no tenía responsabilidad en las actuaciones que se le han imputado.

Fernández afirmó que los jueces «puestos» por el expresidente Mauricio Macri «le protegen a él» y también a quienes trataron de acabar con ella a principios de septiembre, cuando sufrió un intento de asesinato al regresar a su hogar tras una sesión en el Congreso y un individuo le apuntó a la cara con una pistola. El agresor no llegó a efectuar ningún disparo porque el arma se encasquilló.

Tras el dictamen, Kirchner aseguró que en las elecciones del próximo año no será «candidata a nada, ni a presidenta, ni a senadora». «Mi nombre no va a estar en ninguna boleta», subrayó. «No voy a someter a la fuerza política que me dio dos veces el honor de ser presidenta y una vicepresidenta a que la maltraten en período electoral», argumentó la mandataria, quien insistió en que el 10 de diciembre de 2023 concluye su mandato «y me vuelvo como me volví el 10 de diciembre de 2015 (cuando empezó el Gobierno de Mauricio Macri), a mi casa».

En las dos imágenes de vídeo se aprecia cómo el agresor apunta con su pistola a Kirchner, a escasos metros de su rostro, el pasado mes de septiembre.

Desde horas antes de que la Justicia emitiera el fallo, los seguidores de la dirigente de izquierdas salieron a las calles en distintos puntos de Buenos Aires, provocando cortes en varias vías, para mostrarle su apoyo. Bajo la consigna de «frenar el golpe y liberar a Cristina», el partido Miles y la Federación Tierra Vivienda y Hábitat encabezaron una movilización hasta los tribunales. También protestaron ayer la Asociación de Trabajadores del Estado y la formación Frente Patria Grande. En total, sumaron más de 600 personas. Ante la situación, y con el fin de evitar posibles enfrentamientos, las autoridades aplicaron un fuerte dispositivo de seguridad.