Una playa entre lo civil y lo penal
El juicio civil del caso Las Teresitas quedó este jueves visto para sentencia, un fallo que, sin embargo, no se conocerá en tanto no se resuelva la causa penal que sentará en el banquillo al exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, y a otros 12 acusados por supuesta corrupción urbanística en la operación de compraventa del frente de playa en el año 2001.
Si después de dos días de juicio ha quedado algo claro es que las causas civil y penal del caso Las Teresitas no se pueden separar así como así. La prueba más palpable de ello es el hecho de que la sentencia que resolverá la propiedad de los terrenos del frente de playa y su valor no se hará pública en tanto no se resuelva la causa penal, que ya tiene abierto el procedimiento de juicio oral y en la que están acusados por corrupción urbanística 13 personas, todos ellos actores imprescindibles en la operación de compraventa que en 2007 anuló el Tribunal Supremo.
La principal evidencia de los vasos comunicantes que hay entre la causa civil y la penal es el informe de tasación del frente de playa elaborado por la exarquitecta municipal Pía Oramas y que ha sido estos dos días el centro de la controversia. Y eso a pesar de que el abogado de Inversiones Las Teresitas SL (ILT), la entidad vendedora del frente de playa en 2001, dijera ayer que ni siquiera se podía considerar como prueba. «No lo ha visto nadie», admitía el letrado municipal, que advertía de que es «objeto de la causa penal» averiguar dónde está. El informe no fue incorporado al expediente de compraventa, causa por la que, entre otras, el Supremo anuló la transacción. La Policía lo halló años después en el ordenador de Oramas en la Gerencia de Urbanismo y se ha incorporado a la causa penal.
El abogado de ILT luchaba ayer por desligar ambas causas insistiendo en que allí lo que se juzgaba era un litigio entre personas jurídicas: ILT y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el comprador de los terreno, y que es en la jurisdicción penal donde se juzgará a las personas físicas, es decir, a los accionistas de ILT, los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia, al exalcalde chicharrero, Miguel Zerolo, y a miembros del gobierno, el pleno y técnicos municipales hasta sumar un total de 13 personas.
El letrado municipal por contra insistió en que «autoridades y funcionarios han perdido enormemente» por hacer «todo lo que han podido» para que se llevara a cabo la compraventa y se pagara. Algunos están en la causa penal por ello, dijo.
