La arista

Una campaña enfangada

05/12/2015

Enfangar la campaña. Reside en el ADN político de José Manuel Soria enfangar las relaciones en cada una de las situaciones en las que interviene. Lo demostró cuando, desde dentro del Gobierno que presidía Paulino Rivero, trató de envenenar la imagen pública del presidente, filtrando facturas de gastos de protocolo, además de hacer correr rumores e informaciones sobre su gestión en los ambientes de poder de las Islas. Perdió la partida y salió de aquel gobierno por la puerta de atrás. Volvió a repetir su estrategia en los momentos posteriores a la constitución del pacto CC-PSOE liderado por José Miguel Pérez y Paulino Rivero, dando órdenes a sus compañeros de ceder todo el poder municipal para impedir el pacto. No lo logró, pero encharcó la política canaria durante bastantes meses. Repitió la estrategia con el mismo pacto, ahora liderado por Fernando Clavijo, con mucho menos posibilidades de hacer daño por la estrepitosa derrota en casi todas las instituciones.
En esta campaña electoral, algunos esperamos con paciencia, alguna de las tretas del presidente del PP y candidato, sobre todo porque se presentaba Victoria Rosell, enemiga íntima y fuente de todos sus males, junto a su compañero sentimental, el periodista Carlos Sosa, uno de los más críticos con su gestión a lo largo de estos años y autor de algunas de las querellas más dolorosas para Soria, como la del Salmón. La operación llegó, en este caso, de manos de la Fiscalía, a la que, según la propia Rosell, hizo llegar Soria, un contrato de alquiler de una emisora de su compañero a la Unión Deportiva Las Palmas. Por los datos publicados, no parece que el asunto tenga substancia jurídica alguna, pero el daño está hecho a la candidata y a Podemos, por mucho que se empeñen en dirigir la basura contra Soria. La campaña electoral ha quedado salpicada de basura.  
El asunto, según la propia Fiscalía, está siendo tratado como una sanción, sin que, por el momento, existan indicios de un delito penal. En principio la Fiscalía no reconoce la existencia de una prevaricación u otro delito, es decir, que Victoria Rosell haya dictado una resolución injusta beneficiando al presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, en el proceso penal que instruía por un supuesto fraude a Hacienda. Todo lo contrario, la magistrada no sólo no resolvió el asunto antes de pedir la excedencia, sino que imputó dos delitos más a Ramírez.  Una extraña circunstancia, porque si de lo que se acusa a Rosell es de no haberse abstenido, es decir, de una infracción disciplinaria, como reconoce la Fiscalía que es lo que investiga, el órgano competente para este tipo de asuntos es el Consejo General del Poder Judicial, al que ya tendría que haber trasladado el expediente tras obtener la convicción de que no existe delito alguno. Posiblemente, la Fiscalía no esté en esta línea, y tras acusar a Rosell de un retraso malicioso en el asunto que tramitaba contra Ramírez, considere que las pesquisas le pueden llevar a encontrar algo más que una actuación en contra de la independencia judicial, por la que también está obligado a velar y a actuar.  

una justicia bajo sospecha. Una justicia bajo sospecha. La Justicia en Canarias no ha dado muestras de imparcialidad frente a la política, y eso se paga ante los ciudadanos que sospechan de la complacencia con la que se ha tratado a la clase política, especialmente al PP, en esta última etapa. Alguna de sus actuaciones han intentado condescender con el poder político, ahora encarnado en José Manuel Soria, aunque no lo haya pedido directamente. El mal está en el origen, en la necesidad que tienen los jueces de contar con la política para continuar con su carrera en la Judicatura, aunque eso no justifica el manoseo y la condescendencia. Basta recordar el aplazamiento del juicio por el caso Faycán antes de las elecciones de mayo pasado y que el presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Emilio Moya, justificó, precisamente, en la necesidad de no interferir en el proceso electoral de la candidata del PP en Telde, María del Carmen Castellano, una de las acusadas en el proceso de corrupción más escandaloso que ha vivido Telde. Un gesto que pasará a la hoja de servicios prestados de Emilio Moya, pero que no sirvió de nada, porque los ciudadanos la sacaron, casi a patadas, de la Alcaldía.  
 La propia absolución a Jorge Rodríguez constituye otro de los capítulos que inducen a la sospecha. Una sentencia en la que los hechos probados, reconocen la participación del histórico dirigente del PP en el caso Europa, una trama político empresarial de influencias en las corporaciones gobernadas por el PP en varios municipios en los que Rodríguez actuaba como intermediario de la constructora Grupo Europa, pero que el magistrado ponente, el ex presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Ramón Navarro, consideró que el diputado no había actuado con la fuerza suficiente para condenarlo. Sólo hizo gestiones inicuas.  José Ramón Navarro se tomó su tiempo para dictar la sentencia, mientras concurría ante el Consejo General del Poder judicial como candidato preferido de los conservadores para ocupar la presidencia de la Audiencia Nacional, en la que desembarcó y desde la que puso la sentencia.
El caso de Agueda Montelongo parece que sigue el mismo criterio político-judicial, no molestar al PP en período electoral y dejar la sentencia para después del 20 de mayo. Un fallo que, según los expertos, no tiene mayor dificultad para que tres magistrados, cuyo trabajo no es excesivo, se reúnan, adopten una decisión y el ponente, en este caso el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Antonio Doreste, escriba los diez folios que ocuparán unos hechos que parecen probados, los argumentos jurídicos y un fallo. ¿Por qué ha esperado casi tres meses el Tribunal Superior de Justicia de Canarias para dictar esta sentencia?  
Dado los antecedentes de la actuación de la judicatura canaria, las aseveraciones de Victoria Rosell de que fue el mismo José Manuel Soria el que llevó a la Fiscalía los contratos que su compañero, el periodista Carlos Sosa, había firmado con la Unión Deportiva Las Palmas para la cesión o alquiler de una emisora de radio, parecen verosímiles aunque el fiscal jefe de Canarias lo haya desmentido de forma tajante.  Nosotros, los ciudadanos, los que analizamos las complejas relaciones entre la justicia, la política y los empresarios, nos quedamos con la sospecha, pero la ex jueza y candidata de Podemos debe tener pruebas contundentes o indicios sólidos de que la Fiscalía ha actuado a las órdenes de Soria.   

una relación escabrosa. En el fondo de este asunto existe una larga y tribulada relación entre José Manuel Soria, Carlos Sosa y Victoria Rosell, en la que ninguno es, del todo, completamente inocente. Una relación que ha ido mucho más allá de la sana crítica periodística, del ejercicio independiente de la Justicia, de las prácticas éticas de la política y la administración de recursos públicos y privados. Una relación que ha contaminado demasiados espacios públicos en esta isla y muchas relaciones profesionales y personales. No es cuestión de entrar aquí en los detalles de los agravios de uno y otro lado, pero la historia entre los protagonistas está viciada por el odio sarraceno que se profesan y que ha derivado en una lucha en la que han metido a casi todos los poderes de la región.
No es Soria inocente en esta pugna. Ha marcado con fuego a sus enemigos y ha intentado sacarlos de la vida pública, arruinarlos y machacarlos. Estas elecciones y la presencia de Rosell como candidata de Podemos, le ha dado la oportunidad de fraguar su venganza sabiendo que ,más allá del resultado en los tribunales del daño mediático y el argumento que proporciona a  su partido, está la satisfacción de arrastrar en la arena pública a quién considera su peor enemigo. Tampoco es inocente Rosell. Su trayectoria está plagada de roces y polémicas, además de exhibir su ideologizada forma de entender la justicia y a sus enemigos. Y tampoco es inocente Carlos Sosa, al que ha podido más la encarnizada batalla contra Soria, su visión de la realidad desde parámetros ideológicos muy marcados en la izquierda, que el ejercicio leal de la profesión periodística. Dicho de la manera más prudente, la polémica Soria-Rosell, va mucho más allá de la política y  tiene todos los componentes propios de esa ciénaga, con la que retrató a López Aguilar la Canarias profunda, esa de la que evitamos hablar por temor a hundirnos en ella, o a que te echen de las Islas.