Un Gobierno telúrico

El descubrimiento de yacimientos que albergan, al parecer, importantes cantidades de teluro o telurio en montañas submarinas ubicadas en aguas relativamente cercanas al Archipiélago, ha levantado tanta expectación mediática y política como abierto numerosos interrogantes. Como ocurriera hace unos pocos años con el anuncio de las tan polémicas prospecciones petrolíferas, en el tema intervienen muy distintos aspectos: económicos, científicos, medio ambientales y hasta políticos. Supongo que, en esta oportunidad, no habrá un José Manuel Soria ni un Antonio Brufau que, desde el Ministerio de Industria y desde la multinacional empresa privada, en feliz y permanente coincidencia, intenten vendernos los miles de puestos de trabajo que crearía la extracción del producto. Aunque ello tuviera poco que ver con la realidad, igual que la lluvia de millones que presuntamente caería, cual maná, sobre las Islas. Y, al tiempo, espero que no vuelvan a faltarnos al respeto a los ciudadanos y ciudadanas de este Archipiélago tratándonos de tercermundistas, de enemigos de la modernidad- por no compartir su particular y muy interesada visión sobre el asunto. Ni, tampoco, que haya algunos medios de comunicación dispuestos, como los hubo entonces, a promulgar semejantes falsedades y a fustigar a los que pensaban (pensábamos) que Canarias tenía mucho que perder y poco que ganar en esa explotación del crudo gofio. Aunque vaya usted a saber. Las cosas han cambiado. Teníamos entonces un presidente, hay que reconocerlo, que se tomó este tema muy en serio y que fue capaz de enfrentarse al Estado, en las prospecciones y en otros asuntos; por eso, tal vez, se lo cargó CC. Ahora parece que vivimos tiempos de luna de miel entre los dos ejecutivos, el canario y el central; y una deriva conservadora que afecta, de manera especial, a la sostenibilidad, con un regreso de la vieja filosofía del cemento y el ladrillo, la de la burbuja y sus terribles consecuencias económicas, sociales y medioambientales. Parecen dispuestos a repetir la historia como si no fuera posible tener memoria y aprender consecuentemente de ella, para no insistir en los errores del reciente pasado. Espero y deseo, eso sí, que podamos contar con una sociedad canaria que, como en las masivas movilizaciones contra el petróleo, muestre su sensibilidad con el territorio y el medio ambiente. Y con unas instituciones que, al menos en aquella etapa, estuvieron a la altura de las circunstancias. Pocas veces ha habido mayor sintonía, mayor nivel de acuerdo ciudadano, político e institucional.

extracción. Me refería anteriormente a los múltiples aspectos que tiene el reciente descubrimiento. En primer lugar, sin duda, el económico, por el uso del telurio en componentes de la telefonía móvil o en la fabricación de paneles solares; y el hecho de que, según los primeros resultados dados a conocer de las investigaciones, podría cifrarse en más de 2.600 toneladas las que se encuentran en la montaña submarina Tropic, a 250 millas al suroeste de la isla de El Hierro. Aunque numerosos expertos han destacado las enormes dificultades de las extracciones, al efectuarse a más de mil metros de profundidad y el elevado coste que supondrían las mismas, al menos con la tecnología actual. Lo que podría dilatar en el tiempo cualquier intento de explotación minera en la zona. Los científicos, por su parte, no ocultan el enorme interés que despierta el descubrimiento y su contribución a un mayor conocimiento geológico de la zona. Señalando que, además de telurio, se encuentran concentraciones significativas de cobalto, níquel, vanadio y hasta platino. Luego están los aspectos medioambientales. Al respecto cabe plantearse numerosos interrogantes. ¿Qué consecuencias tendría una posible extracción de ese u otros minerales sobre la fauna y la flora marina? ¿Afectaría a la pesca que se efectúa en esa área o en ámbitos próximos? ¿Es posible que esas montañas submarinas puedan en un futuro estar sometidas a algún tipo de protección? Y, en fin, los elemento de carácter político o jurídico. No se ha aclarado suficientemente las dudas sobre su ubicación y quién tendría la propiedad sobre ese lecho marino. Como se sabe, Canarias no tiene reconocidas sus aguas, ni siquiera las interiores que tienen una parte importante de aguas internacionales. Solo se le reconocen las doce millas en torno a cada uno de los territorios insulares.

plataforma continental. Canarias y España tienen aguas territoriales hasta las 12 millas. Nuestra zona económica exclusiva llegaría hasta las 200 millas (salvo cuando hay un estado por medio), en las que se cuenta con preferencia para realizar una serie de actividades de orden económico. Y lo que España pretende ahora es ir más allá, con el reconocimiento de la plataforma continental que le proyecte más allá de las 200 millas, intentando impedir que, mientras resuelva el expediente Naciones Unidas, países terceros pretendan explotar las riquezas en la zona. Desde el punto de vista político institucional se ha vuelto a reproducir la misma falta de respeto que en el caso de las fracasadas prospecciones petrolíferas. Recuerden que entonces incluso llegaron a plantear su suspensión en aguas próximas a Baleares y a la Comunidad de Valencia, gobernadas entonces por el PP, por razones medioambientales y por tratarse de comunidades turísticas, con el hoy eurodiputado conservador Esteban González Pons como máximo defensor de que no se llevarán a cabo las prospecciones en el Mediterráneo. Pero lo más grave, en mi opinión, ha sido el ocultismo del Estado sobre este tema. La actuación del Gobierno de Mariano Rajoy ha resultado, una vez más, poco o nada presentable. Debió informar al Ejecutivo canario sobre las iniciativas desplegadas y sobre los resultados que se iban produciendo en las investigaciones. No que este se enterara, literalmente, por la prensa. Parece una cuestión de mínimo respeto y lealtad institucional, el que merecen todas las comunidades autónomas. Lo contrario, el actuar, una vez más, de espaldas a la Comunidad canaria, obviando a sus instituciones y a su ciudadanía, sí que se corresponde con un procedimiento propio de un Gobierno completamente telúrico y, por tanto, carente de la transparencia exigible en estos y otros casos.