Un Gobierno de clase turista

En este sentido, Canarias se adelantó a la orden que aprobó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro cuando convirtió al resto de sus compañeros en turistas, obligándoles a viajar con esta tarifa económica.

En realidad, desplazarse con el menor costo ya estaba contemplado en Canarias en un decreto que fue aprobado en 1997, en el que se recoge todo lo referido a las dietas que cobran los altos cargos y el personal que trabaja al servicio del Gobierno autonómico, incluyendo sus empresas, organismos y fundaciones. Pero su cumplimiento no ha sido tan estricto como a partir del decreto impulsado por el exconsejero de Economía, Hacienda y Seguridad, Javier González Ortiz.

En él, se ahonda en la excepcionalidad de saltarse la tarifa turista para viajar, y sólo se admiten billetes más caros con permiso de quien ordena el viaje por su «duración o representación», y «en casos de urgencia».

Para el personal de la Comunidad Autónoma, se han reducido al máximo los viajes interinsulares cuando las videoconferencias sean una alternativa factible.

Fuera de Canarias, los altos cargos podrán llevar personal de apoyo pero «el menor número posible» y siendo «estrictamente necesarios por razón de la especialidad».

Se mantiene el importe de las dietas diarias por alojamiento -102,56 euros para altos cargos y 65,97 euros para el resto del personal- y manutención -53,34 euros para los primeros y 37,40 euros para los segundos- entendida ésta como el gasto originado por almuerzos y cenas.

Tampoco se ha actualizado el importe de los 0,19 euros por kilómetro recorrido que paga la Comunidad Autónoma a quienes se desplacen con su vehículo particular para asistir a los actos relacionados con su actividad.

Sin embargo, utilizar el «transporte público colectivo» cuando los desplazamientos se realicen dentro del municipio en el que esté el puesto de trabajo no se cumple, a pesar de estar contemplado tanto en el decreto de 1997 como las medidas de 2014.