Sanidad sólo ha recibido ocho denuncias por incumplimiento de la Ley antitabaco
Lourdes Bermejo
Miércoles, 19 de enero 2011, 12:48
El servicio de inspección sanitaria de Canarias solo ha tramitado ocho denuncias por incumplimiento de la nueva Ley reguladora del consumo, venta y suministro de tabaco, que entró en vigor el pasado 2 de enero. El director general de Salud Pública, José Fernando Díaz-Flores, ha explicado este miércoles en Lanzarote, donde presentó el programa estratégico de inspecciones sobre tabaquismo, que la población está cumpliendo "de forma espectacular" la Ley. Las denuncias, interpuestas por la asociación de consumidores FACUA, se refieren a casos de fumadores en bares y restaurantes, una asociación de vecinos, una terminal aeroportuaria y un centro sanitario.
Con respecto al programa de inspección, el departamento pretende realizar en los próximos tres meses una media de mil visitas mensuales en las siete islas, "para poder contar en mayo con un informe fidedigno del grado de cumplimiento de la Ley". El responsable sanitario aseguró que la campaña tiene un objetivo "más informativo que punitivo" y que no se incrementará el personal específico con el que cuentan las áreas de Salud y que suma 125 inspectores en Canarias.
Díaz-Flores anunció, por otra parte, la intención del Gobierno regional de intervenir en la publicidad de tabaco que se hace en lugares públicos "donde tengan acceso los menores". De esta forma, el responsable de Salud Pública indicó que, en primer término el departamento se dirigirá al Ministerio de Sanidad para conocer las medidas legales que se van a adoptar aunque, "en el caso de que no sean suficientes, el Ejecituvo canario procederá a legislar estos extremos. En concreto, el área de Salud considera inadecuada la publicidad de marcas de tabaco en centros con afluencia de familias, como supermercados o comercios.
En Canarias aún fuma el 32% de la población mayor de edad, un porcentaje apenas dos puntos menos del anterior a la Ley reguladora del consumo de tabaco del año 2005, pero que ha subido con respecto a los primeros años de la entrada en vigor de la citada regulación, cuando se redujo al 29,6% de la población.