Québec, de nuevo

Los nacionalistas democráticos vascos y catalanes se han mirado siempre en el espejo de Québec, el territorio francófono del Canadá, una parte de cuya población mantiene inveteradas ansias independentistas. Tras algunas escaramuzas violentas en los años sesenta, las fuerzas centrífugas de aquella región se encauzaron democráticamente a través del Partido Quebequés, que ganó por primera vez las elecciones en la provincia en 1976 y promovió dos referendos pro independencia; el de 1980 registró la derrota de los secesionistas con un 59,5% de votos en contra; en 1995, la victoria del 'no' fue mucho más ajustada y apenas consiguió en 50,5% de los sufragios. Posteriormente, la 'Clarity Act' -la ley de la Claridad- ha puesto coto a estas intermitentes tentativas plebiscitarias y ha establecido la doctrina, acuñada por el Tribunal Supremo del país, de que la secesión ya no podría lograrse por mayoría simple: requeriría una mayoría sustantivamente cualificada, que no se fija expresamente en la norma.

Por todo ello, lógicamente, las votaciones canadienses en el Parlamento de Ottawa han suscitado reacciones inmediatas en España. El mismo martes, el Gobierno Vasco, por boca de su portavoz Miren Azkárate, manifestaba que la propuesta de Harper supone "una buena muestra" de cómo se soluciona este tipo de conflictos en las "democracias europeas e internacionales". Ciertamente, el Partido Nacionalista Vasco, en su actual etapa, tiene plena legitimidad para hacer estas manifestaciones, toda vez que el propio presidente Imaz ha manifestado con reiteración, al respecto del 'proceso de paz', que es impensable que la reforma del marco institucional pueda realizarse bajo la tutela de ETA -lo que significa implícitamente que no es posible abordarla en tanto el terrorismo no se haya desactivado definitivamente- y que, por descontado, habrá de seguir los cauces procesales del ordenamiento vigente, de la Constitución en el logro de fórmulas imaginativas transversales que sean admisibles por las distintas sensibilidades presentes en Euskadi.

Lo irónico -y hasta desesperante si no conociéramos al entorno etarra- es que el mismo lunes, antes incluso de que el nacionalismo democrático reflexionase sobre la cuestión de Québec, también Batasuna, por medio de su portavoz Joseba µlvarez, pusiese desde París el ejemplo quebequés como modelo de resolución de conflictos también para el País Vasco. Quizá hayan olvidado los persistentes radicales de Batasuna, con Otegi a la cabeza, que en el Parlamento de Ottawa no había presión de terrorismo alguno sobre las cabezas de los diputados que representaban la voluntad popular de los canadienses. Ni que el contencioso quebequés lleva un desarrollo de treinta años en los que la gravedad de la confrontación no ha generado el menor brote de violencia, ni de alta ni de baja intensidad, por lo que los ciudadanos anglófonos y francófonos puede comportarse siempre en uso de su libérrima capacidad de opinar, sin otros condicionantes.

Efectivamente, en fin, el modelo quebequés puede ser (o no ser) un espejo en que nos miremos los españoles en general y los vascos en particular. Lo que sí es en cualquier caso es la prueba fehaciente de que las democracias tienen a su disposición innumerables vías para gestionar esta clase de contenciosos identitarios, que siempre encuentran cauces para desarrollarse y progresar hacia consensos sucesivos siempre que quienes los manejan se limiten a utilizar en el asunto las armas de la palabra y del voto democrático.