¡Que recauden ellos!

Observo con escaso optimismo el abierto proceso de debate de la nueva financiación autonómica. Lo que salió de la Conferencia de Presidentes fue la constitución de una Comisión de expertos que debe emitir un informe antes de que finalice el año. No es que piense que la manera de empantanar un problema sea, precisamente, crear una Comisión, aunque algunos ejemplos en Canarias y en España nos puedan llevar a ser muy escépticos sobre los resultados de la misma. Se dan algunas circunstancias que hacen mucho más compleja la ya de por sí difícil cuestión. Por un lado, Cataluña y sus reivindicaciones. Establecidas en torno a la posibilidad de decidir qué relación mantienen con el Estado, con una sociedad prácticamente fracturada por la mitad entre independentistas y favorables a la permanencia en España. Situación distinta sería si existiese una tercera vía factible, de máxima descentralización, federal o confederal, como insinuó el expresidente Artur Mas en una conferencia en la capital del Reino. Restañar las abiertas heridas tras el fiasco que supuso la traumática desnaturalización por parte del Tribunal Constitucional del Estatut -aprobado por dos tercios del Parlament, ratificado en referéndum por la ciudadanía catalana y apoyado también por la mayoría del Congreso de los Diputados- no va a resultar, en modo alguno, sencillo. Las dos partes, Estado y Generalitat, están obligadas a intentar abordar desde la política, es decir, desde el diálogo, la flexibilidad, las cesiones mutuas y los acuerdos, un asunto hoy absolutamente bloqueado. Este tema, con todas sus aristas, ni puede ni debe resolverse en los tribunales, sino en las mesas de negociación. Pero el encaje de Cataluña en el Estado tiene, asimismo, una relevante parte fiscal y económica. La Comunidad catalana, una de las que más aporta a la bolsa común en sus informes suelen destacar que a pesar de ser la tercera comunidad con más capacidad en recursos tributarios se convierten en la decimoquinta cuando se trata de recursos reales recibidos-, aspira a incrementar notablemente la parte que actualmente le corresponde del pastel de la financiación. Y eso solo puede hacerse disminuyendo lo que hoy llega a otras comunidades. Lo que perjudicaría esencialmente a las más pobres, como es el caso de Canarias. Supongo que los dirigentes y el conjunto de la sociedad catalana mirarán con sana envidia como les va a los vascos con su modelo diferenciado, reconocido en el propio texto constitucional, que tanto ha contribuido a consolidar su desarrollo y calidad de vida. Es cierto que, en relación con el conjunto del Estado, Euskadi dispone de un modelo económico más equilibrado y diversificado, de un buen peso del sector industrial. Y, por eso, encabeza las listas autonómicas en cuantía de salarios, prestaciones o pensiones.

cupo. A ello se añade un sistema fiscal que recauda el conjunto de impuestos y que luego paga al Estado una parte por los servicios que este presta en la Comunidad vasca, el denominado cupo vasco. Lo que hasta ahora ha sido muy beneficioso para sus intereses, posibilitando una sociedad con mayores niveles de equidad que en el resto del Estado, con buenos servicios públicos, reducido desempleo y elevada formación de su gente. Cataluña se mira en el espejo del País Vasco y en su momento ya planteó un procedimiento que emula al concierto económico vasco. Basado, esencialmente, en la recaudación de todos los impuestos a través de la Agencia Tributaria Catalana y, posteriormente, el establecimiento de la cuota que le correspondería abonar a Cataluña por dos conceptos: el pago de los servicios que el Estado les presta y la solidaridad interterritorial. De llegarse a un acuerdo de ese tipo, Cataluña mejoraría sensiblemente su actual situación que, con toda seguridad, es de infrafinanciación. Pero se resentiría el global de la financiación autonómica y Canarias sería una de las damnificadas.

corresponsabilidad. Canarias tiene otros problemas, como el de la (falta de) corresponsabilidad fiscal. Recientemente, el Consejo General de Economistas y Asesores Fiscales ejemplificaba en torno a las diferencias autonómicas con relación al Impuesto de Sucesiones. Señalando que una persona soltera de 30 años «que herede 800.000 euros (200.000 correspondientes a la vivienda del fallecido) tendría que pagar 164.049 euros en Andalucía, frente a los 134 euros que pagará en Canarias». Añadiendo que en Madrid, «una autonomía a la que otras han acusado de hacer dumping fiscal para favorecer atraer la riqueza a través de rebajas de impuestos, este supuesto heredero abonaría 1.586 euros». Como en casi todas las cosas el todo o nada no parece razonable. Y a la hora de aplicar este impuesto se deberían tener en cuenta los factores económicos, con distintos tramos del mismo. Pero Canarias, junto a algunas CCAA, optó por su práctica desaparición. Limitando en algunas decenas de millones anuales unos ingresos que podrían contribuir, por ejemplo, a reflotar nuestra ahogada sanidad. Otro tanto ha sucedido con la reducción del IGIC a los perfumes. Por muy justas que sean nuestras aspiraciones a un mejor trato, estas se van a ver obstaculizadas por las medidas adoptadas, de forma irresponsable, electoralista y conservadora, por los gobiernos de Canarias. Se va a discutir euro a euro. Y desde otros lados se cuestionará, con razón, unas políticas fiscales que no tienen el menor elemento de corresponsabilidad. Distintas nacionalidades y regiones, entre ellas Andalucía y la Comunidad de Valencia ya han exigido al Gobierno central que establezca un tipo mínimo y máximo en los impuestos de Sucesiones y de Patrimonio para reducir las diferencias, evitar la competencia fiscal y la desimposición. Algunos grupos parlamentarios, como los del PSOE y Ciudadanos, también se muestran a favor de esta armonización. Como en la vieja frase lapidaria española de comienzos del siglo XX, ¡Que inventen ellos!, en Canarias algunos dirigentes políticos se empeñan en proclamar ¡Que recauden ellos! Lo que supone un daño a las arcas públicas autonómicas y consolidar una fiscalidad injusta, sin la menor progresividad. Con esos mimbres, con esos postulados, con esa asentada práctica, en medio del debate sobre la financiación nos van a dar hasta en el carné de identidad.