Poder para los municipios
Proteger el paisaje, permitir que se desarrolle la actividad económica e impedir que se consuma más territorio es el objetivo último de la Ley del Suelo cuyo anteproyecto fue aprobado ayer por el Consejo de Gobierno. El nuevo texto deja en manos de las corporaciones locales la gestión de su planeamiento.
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, presentó este lunes el borrador de la Ley del Territorio, que pretende agilizar y dar seguridad jurídica a la gestión del suelo en las Islas.
El documento parte de un análisis que recoge una «maraña normativa importante», con tres leyes, multitud de planes, «fronteras confusas» entre lo insular y lo municipal y una serie de adaptaciones sucesivas «que hacen muy complicado movernos con seguridad jurídica en el mundo del urbanismo», dijo el presidente después de dar a conocer el nuevo texto al Consejo de Gobierno. A partir de ahora se inicia el trámite que permitirá que el texto llegue al Parlamento antes del verano y pueda estar aprobado a final de año.
El borrador, con más de 400 artículos, viene a sustituir a la Ley del Territorio (2000), la Ley de Armonización y Simplificación (2014) y las Directrices de Ordenación (2003) y, «previsiblemente», también supondrá la derogación de la Ley de Proyectos Estratégicos, puesto que cuando entre en vigor la nueva ley, se reducirán los plazos y no será necesario adelantar los tiempos.
Este documento, agregó el presidente, «hablará de urbanismo, medio ambiente y territorio», pero no regulará sobre turismo, patrimonio histórico, comercio, actividades clasificadas o vivienda, sin perjuicio de algunos ajustes a través de las disposiciones adicionales. Éste es el caso de los criterios para la construcción de nuevas instalaciones hoteleras, que según Clavijo, aún se está analizando si debe ser incluido en esta norma.
En cualquier caso, señaló que se sustituirán las citadas leyes pero «no se derogará su espíritu» sino que se recoge «todo lo bueno» que tienen para incorporarlo al cuerpo de la ley. Además, hizo hincapié en que se prohibe clasificar nuevos suelos. En este punto, el presidente detalló que las estimaciones de Grafcan apuntan a la existencia de 100.000 millones de metros cuadrados de suelo urbanizable sin usar, cifra que la Consejería rebaja a la mitad. Esta superficie, indica, es más que suficiente para los próximos veinte años.
Fernando Clavijo criticó la excesiva rigidez que ha tenido hasta ahora la normativa sobre el territorio y «el espíritu de que lo que no está en el plan está prohibido», lo que generaba procedimientos «interminables».
Apostilló a este respecto que, según los datos de la Fecam, el plazo medio para aprobar un plan general es de doce años, lo que genera «mucha tensión entre administraciones y una carga injustificada a empresas y ciudadanos». Ante esta situación, dijo el presidente, se han buscado «vías de escape» pero que no constituyen soluciones, como la aplicación del artículo 47 de la Ley del Territorio para suspensión del planeamiento, una práctica «excepcional en la ley que se convirtió en habitual», dijo.
