¿Paraíso fiscal? ZEC o no ZEC

Las empresas de la Zona Especial Canaria (ZEC) han podido mover tanto dinero como un paraíso fiscal a través de las autopistas internacionales por las que fluye el dinero negro. Otra cosa es acreditarlo. Por eso, la Agencia Tributaria se ha puesto manos a la obra tras detectar, en su base de datos, más de una docena de estas entidades (sobre todo, las procedentes de Europa del Este), podrían ocultar operaciones de dudosa legalidad.

La alarma saltó en septiembre de este año, cuando el consejo rector que preside el socialista Juan Alberto Martín, desveló, a través de su registro oficial en la web zec.org, que el volumen de empresas adscritas pasaba en nueve meses de 421 a 868, con 13.000 empleos y una inversión comprometida de 1.578 millones.

Al fisco no le encajaba algo, sobre todo, por el efecto llamada en tiempos de crisis. Escudriñó en las declaraciones fiscales de los últimos cuatro ejercicios y comprobó que, de la noche a la mañana, varias empresas disfrutaban de las bonificaciones tributarias de la ZEC acreditando actividades valoradas en decenas de millones de euros por servicios facturados fuera de España.

Según fuentes conocedoras del caso, para despachos de abogados y consultoras especializadas en territorios de opacidad financiera, la ZEC se ha convertido en «un reclamo» por su elevada exención fiscal, donde el Impuesto sobre Sociedades tributa al 4%, el más bajo de toda la UE, y también, por la flexibilidad de los gestores a la hora de inscribir empresas a mansalva que, una vez activas, no se someten a los criterios de vigilancia y seguimiento que exige la legislación. Es más, Hacienda ha detectado incumplimientos en el número de empleos no creados y en las inversiones no materializadas que, según los casos, serían consideradas como ficticias.

La Agencia Tributaria trata de esclarecer la equivalencia entre el dinero declarado en España por las entidades ZEC y el origen y naturaleza del negocio en sí mismo. El objetivo no es otro que dejar claro a la comunidad internacional que la ZEC es un producto «serio» y «no una vía de entrada para otras actuaciones», según las mismas fuentes.

La hipótesis más analizada apunta hacia las operaciones cruzadas entre filiales de una misma entidad ZEC, de forma que el pago o exoneración de los tributos sirva para limpiar dinero sin demasiado coste fiscal o sin llamar la atención de las autoridades tributarias y de los supervisores del servicio de blanqueo de capitales.

El fisco estima que el coste de las sanciones rozaría los 5 millones de euros, que es la cifra tope a la que podrían llegar las actas incoadas. Algunas empresas han contratado a letrados mercantilistas para el litigio con Hacienda. Sin embargo, está por determinar cuánto dinero han movido las empresas ZEC en los últimos ejercicios. Según estimaciones fiables, la facturación real oscila entre 400 y 500 millones, pero si se incorporan los activos de empresas de tenencia de valores, la cifra se triplicaría a 1.200 millones.

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