Luzardo: «No soy una incumplidora de sentencias»
La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Pepa Luzardo, respondió ayer a las críticas recibidas por el papel jugado por el Ayuntamiento respecto a la orden judicial de cierre de las terrazas y ventorrillos del parque blanco diciendo que «no soy incumplidora de sentencias».
El cierre de las terrazas de Carnaval irrumpió en el Pleno del Ayuntamiento que se celebró ayer en el Auditorio Alfredo Kraus. Y justo cuando menos se esperaba, en el punto del orden del día referido al frente litoral. En un rifirrafe con la portavoz de Compromiso por Las Palmas de Gran Canaria, Nardy Barrios, la alcaldesa sentenció: «No soy una incumplidora de sentencias».
La alcaldesa se pronunciaba así por vez primera desde que el juez calificara la actitud de la regidora municipal como «inaceptable» y «rebelde» por su demora en la aplicación de la sentencia de cierre de las tres terrazas y de los cuatro ventorrillos ubicados en el parque blanco.
Informe jurídico
La primera edil argumentó que «lo único que he hecho es seguir los pasos que nuestro informe jurídico nos aconsejó». Luzardo justificó así la postura del Ayuntamiento, cuya intención era romper los acuerdos suscritos con los adjudicatarios de los locales para que se abriera así un plazo de alegaciones durante el cual pudieran abrir al menos las noches de los mogollones principales. Alegó la alcaldesa que «si la Sala lo hubiera querido, nos hubiera dicho que cerráramos en 24 horas pero sólo nos dijo que iniciáramos los trámites oportunos» para ello.
Entendió el Ayuntamiento que el inicio de los trámites no implicaba la ejecución inmediata de la sentencia. Y eso a pesar de que el fallo judicial deja claro que «se impone a la Corporación que proceda a la clausura de los establecimientos propios del carnaval situados en la zona del parque Juan Rodríguez Doreste.
«Yo soy muy respetuosa y he jurado en varias ocasiones la Constitución», prosiguió Luzardo, «no soy una rebelde ni voy por la vida de kamikaze».
Asombro por la dureza del auto
El entorno de la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Pepa Luzardo, reconocía ayer que se había quedado sorprendido de la dureza del pronunciamiento del juez. De hecho, resaltaron las diferencias que había entre el primer fallo y la segunda orden judicial en cuanto al tono. Lo cierto es que el grupo de gobierno también fue sorprendido por el modo en que se desencadenaron los acontecimientos. El sábado hubo una reunión con los representantes vecinales y todo indicaba que los mogollones habían garantizado su continuidad. Por eso, el domingo el Consistorio ordenó la reducción del volumen de la música en el parque de Santa Catalina así como el cierre de los ventorrillos a las doce de la noche, para demostrar a los vecinos que presentaron la demanda la buena voluntad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para desbloquear las negociaciones mantenidas entre las dos partes. En lo que nunca hubo acuerdo fue en la compensación económica solicitada por los vecinos, que llegó a los 18.000 euros, según confirmaron fuentes municipales.
El procedimiento, paso a paso
3 de febrero de 1997. El alcalde José Manuel Soria desestima la petición de traslado de los mogollones hecha por los vecinos.
22 de julio de 2002. Se estima el recurso vecinal contra el decreto del Ayuntamiento.
13 de abril de 2005. El Tribunal Supremo dicta sentencia.
20 de enero de 2006. Los vecinos reclaman la ejecución de la sentencia que favorece a sus intereses.
20 de febrero de 2006. El TSJC ordena al Ayuntamiento que cierre las terrazas de carnaval.
27 de febrero de 2006. El TSJC ejecuta el cierre.
Montesdeoca: "Hay que pasar página"
El concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Paulino Montesdeoca, apostó ayer por «pasar página» tras el cierre de las terrazas del Carnaval situadas en el parque blanco y pensar en el «día a día de la ciudad», dijo a Acn Press.
Según Montesdeoca, el Ayuntamiento «actuó de acuerdo al informe de la asesoría jurídica» que propuso «dar traslado a los titulares de las terrazas para que, en trámite de audiencia, opinasen cuál era la situación» al haber «concurso de adjudicación y derechos de terceros que había que garantizar».
Sin embargo, la comunidad de vecinos presentó un escrito «diciendo que no se había procedido a cerrar, aunque reconocía que se había aminorado el ruido de las terrazas», por lo que pidió la ejecución inmediata de la terraza, lo que llevó a la resolución de la Sala de lo Contencioso estableciendo su cierre inmediato «y eso es lo que inmediatamente acatamos».
Así, dijo, tras recibir, sobre las 14.00 horas del lunes, la resolución de la Sala en la que se indicaba que «no están de acuerdo con el procedimiento del Ayuntamiento», «me puse en contacto con el inspector jefe» de la Policía Local «para que de manera inmediata se desplazara y precintara» las terrazas, comunicándoselo previamente a los propietarios para que pudieran sacar sus enseres. Por lo tanto, insistió, «ya están cerradas las terrazas» y «creo que hay que pasar página y seguir pensando en las decisiones del día a día de la ciudad».
El PSOE cuestiona la actitud del grupo de gobierno
El portavoz socialista en el Ayuntamietno capitalino, Arcadio Díaz Tejera, iba a presentar una moción de urgencia sobre el cierre de las terrazas en la que solicitaba que «de ahora en adelante se ejecuten las sentencias en firme». Sin embargo, la discusión no se presentó como moción sino como un debate con la alcaldesa Pepa Luzardo, quien le reiteró que el grupo de gobierno había seguido los pasos marcados por los servicios jurídicos municipales. Fue entonces cuando Arcadio Díaz Tejera solicitó el informe jurídico para conocer la base argumental de la postura defendida por el Consistorio capitalino.
El edil socialista consideró «bochornoso para el prestigio de la autoridad local» el papel desempeñado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria al tratar de demorar la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo.
Según Acn, la portavoz de Compromiso por Las Palmas de Gran Canaria, Nardy Barrios, también se sumó a las críticas: «La señora alcaldesa nos vuelve a demostrar que carece de aptitudes para el cargo que desempeña, pues no sólo no soluciona los problemas que se producen en la ciudad sino que los agrava continuamente, creando crispación, desasosiego y enfrentamiento entre los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria».
Por su parte, la portavoz de Coalición Canaria, Alicia Gómez, dijo que «la alcaldesa incumple una ordenanza municipal y criterios de salud» al decir que si se cerraban las terrazas iba a producirse un botellón en el parque blanco.
