Los espejos no tienen memoria

Los que esperan por su juicio

05/10/2013

1.- Onalia Bueno y el caso Góndola
Onalia Bueno, delgada y muy blanca. Todavía es una mujer bella. La que fuese alter ego del actual alcalde de Mogán, Francisco González, se mueve intranquila y algo nerviosa. Es la primera vez que nos vemos. Está imputada por la comisión de cuatro presuntos delitos en el caso Góndola, en los tiempos en los que ella y González dominaban el municipio casi a su antojo. Ha venido a la cita y eso es algo que habla muy bien de su coraje. En seguida me lo suelta: «Tengo las grabaciones de todo lo que dijiste: yo era para ti la mente que había urdido las operaciones urbanísticas». No es la primera vez que me reprochan cosas que dije. Uno debe aguantar sus errores con dignidad, aunque fueran errores forzados por las circunstancias, por la espesura de la época, por el lugar dónde te encontrabas, porque en aquel instante sólo existía un pensamiento único dominado por el jefe de Policía (Narciso Ortega), la Fiscalía Anticorrupción (creada al efecto por el candidatable al Gobierno de Canarias, Juan Fernando López Aguilar, durante su estancia como ministro de Justicia), y por algunos jueces con fanáticos deseos por escalar posiciones.
Recuerdo algunas mañanas. Especialmente una donde me llaman, yo llamo, y empiezo el programa como si retransmitiera un partido de fútbol. «Hoy van a detener en Telde a siete personas; de hecho, ahora mismo, la Guardia Civil está deteniendo al concejal equis». Al momento, un correo me «contesta»: «Imposible, estoy en casa, y por aquí no está la Guardia Civil». Le respondo desde los micrófonos: «Espera un poco y ya verás». A los cinco minutos un compañero de Telde certifica ante la audiencia que equis ya fue detenido. De los siete tres ya no figuran como imputados. Entre los imputados, la alcaldesa Mari Carmen Castellano, conducida al calabozo aquella mañana de noviembre de 2006, junto el ex primer edil Francisco Valido.
En realidad, relaté una obviedad. Un medio llegó a describir con detalle quiénes serían los detenidos y cuáles las imputaciones, dos meses antes de producirse. ¿Qué estaba ocurriendo? La Policía, desde la escala superior, y la Fiscalía, hablaban continuamente con los periodistas que conducían las distintas investigaciones sobre corrupción en los diferentes medios, y les hablaban, para implicarlos y para hacerlos suyos, de situaciones inimaginables. La famosa libreta de Toñi Torres nació en charlas así; y los numerosos ataques que contra su prestigio recibieron los policías que se negaron a colaborar con aquella persecución política, también. El periodista condenaba de antemano porque, de alguna forma, lo habían implicado en los detalles y en el transcurrir diario de la investigación, de forma que casi era un fiscal, o un sabueso más. En relación con el caso Faycán, todos los que estaban en la profesión siguiendo el asunto sabían lo que iba a suceder, qué día, a qué hora, y por qué. Lo mismo sucedió en Góndola, en Eólo, y en Unión. Hubo mucha más discreción durante la instrucción del caso de Las Teresitas, y el de Arona, donde la mayoría del material periodístico salió a la luz cuando el sumario dejó de estar blindado por la Justicia.

2.- Doscientos imputados en Canarias a la espera de un juicio justo
El paso de los acontecimientos ha dejado una cosa clara en mi cabeza: No hubiera habido una aparente lucha contra la corrupción si no hubiese un objetivo político determinante: llevar a la presidencia del Gobierno a Juan Fernando López Aguilar. En las criptas del PSOE se dio la orden de aniquilar a José Manuel Soria, a su partido, y a Coalición Canaria, bajo el deseo de que bajaran sus apoyos electorales entre la población. Corrupción había, por supuesto, y algunos de los detenidos son culpables. Pero no todos. De los casi doscientos imputados que existen en Canarias (15 por el affaire Arona; 37 en Faycan; 15 en Las Teresitas; 7 en el Eólico; unos 100 en el Unión; 14 en el Góndola…, sin contabilizar, por lo tanto, una veintena de procedimientos que se extienden por los juzgados del Archipiélago, que añadirían un número mayor de implicados), de los casi mil testigos, de las decenas de miles de hojas utilizadas en los expedientes, una parte significativa de ellos son inocentes, bien porque nunca tuvieron que ver con nada de los que se les acusa, bien porque pasaban por allí y era necesario hacer bulto con ellos, o bien porque nunca se les podrá probar lo que supuestamente hicieron.
Por el caso Góndola han pasado doce jueces. Es el récord. Por los otros un mínimo de cuatro, o cinco, o seis. Cada vez que llega un juez hay que empezar de nuevo. Que se lo digan a la actual responsable de Unión, que cree que terminará lo que empezó con discutible diligencia César Romero Pamparacuatro dentro de un año. Eso si no la cambian. Aquella secuencia de detenciones, pinchazos telefónicos, sospechas por doquier, una Canarias encanallada puesta de rodillas en los juzgados, iniciada en 2005, y cuya explosión originó un terremoto durante 2006 y 2007, con la réplica final en Lanzarote en 2009, no ha tenido una sola respuesta en forma de juicio en ninguno de los asuntos citados. Han pasado seis y siete años y no hay justicia que diga los que son culpables o inocentes… Han pasado seis y siete años criminalizados en los medios, en su vida particular, tomados como delincuentes, retratados al lado de sus hijos como basura a la que había que desaparecer…, y no sabemos a qué atenernos. Si despreciarlos para siempre, o levantarles una estatua por lo que han sufrido sin motivo.
Contemplando lo sucedido en Malaya pienso en los doscientos imputados. ¿Los culpables recibirán una ayuda samaritana al final? ¿Habrá tantos deseos de verdad en la Justicia, tantos deseos de autocrítica y de responder a la verdad con la verdad, que serán capaces de distinguir entre lobos y ovejas? ¿Tocará esta Justicia la excelencia y sabrá detectar que lo que fue una persecución política también persiguió contaminar a la propia Justicia? Lo espero con todas mis fuerzas. Para ya. Para que la Justicia sea Justicia. ¿Qué valor tiene incriminar a un político delincuente dentro de diez años cuando la sociedad ya lo separó del rebaño del poder? ¿Quién puede reparar la inocencia de un ciudadano cuando dentro de esos diez años se sepa que no tuvo nada que ver? De alguna forma los que orquestaron aquellas operaciones lograron su objetivo: colocar a López Aguilar a las puertas del poder autonómico, y lanzar una manta de sospechas sobre todas las instituciones. Y, por si fuera poco, ni la corrupción ni quienes la elaboran cuidadosamente han desaparecido del escenario.

3.- Entre tiburones y lebranchos
La primera vez que tuve una información solvente de todo esto fue en el final de 2006. Un amigo común buscó un encuentro clandestino con un algo cargo policial. Había llevado la investigación del caso Eólico y, de repente, fue separado por órdenes de Ortega y sustituido por Concepción de Vega, entonces responsable de la Brigada de Información. Que la Brigada de Información llevara en Gran Canaria todas las investigaciones referidas a la corrupción era una rareza, pero De Vega también era la persona de confianza de Ortega y por él quedaría marcada para el futuro.
Me relató que las órdenes que tuvo desde el principio fue «cazar» a Adán Martín y a José Manuel Soria en el estanque del caso Eólico. Y que todos los micrófonos que se colocaron iban encaminados a demostrar la teoría de que ambos líderes se habían puesto de acuerdo para manipular el concurso a favor de sus respectivas familias empresariales. Sin embargo algo inesperado sucedió: un particular denunció en el juzgado unos correos del entonces presidente de la Cámara de Comercio, José Miguel Suárez Gil, que lo conectaban a la trama, y por ahí empezó la investigación del juez Miguel Ángel Parramón. Luego ocurrió algo definitivo: la sala de lo contencioso suspendió el concurso al encontrar irregularidades en el pliego. Se acabó. Los tiburones dejaron de hablarse. Sólo quedaron las piezas menores. Los lebranchos. Ortega había acusado a mi interlocutor de no poner toda la carne en el asador para liquidar judicialmente a Soria y a Martín. Y por eso lo separó de la investigación.
De Onalia Bueno sé que en su día denunció a Concepción de Vega por detención ilegal. Al parecer al ser detenida fue llevada al despacho de De Vega, la cual la interrogó durante horas, auxiliada por la cúpula policial presente en el acto, y en ausencia de cualquier abogado. La creo. Esos eran los métodos de la época. También sé que varios policías fueron denunciados por sus compañeros por la comisión de supuestos delitos. Algunos de esos juicios se han visto ya: esos policías formaban parte de la investigación de los casos Faycán y Góndola y fueron «aniquilados» cuando que algunos de sus compañeros –de la cuerda de Ortega y De Vega- se dedicaban a colocar pruebas falsas contra los políticos del PP.
Onalia me dice su verdad. Se separó de Francisco González -y tanto se separó que estuvo en el continente americano cuatro años- cuando supo que éste había declarado ante la Justicia que ella era la responsable de la Concejalía de Urbanismo y, por ende, de las decisiones «ilegales» que allí se habían tomado. Lo niega con tesón. No tenía competencias en Urbanismo. Se sintió traicionada y se fue de su lado. González, su amigo, su alcalde, su cómplice, le echó la culpa. Hoy es la oposición al alcalde de Mogán. En aquella célebre rueda de prensa de González en el Hotel Iberia, la que pudo costarle la Alcaldía, o que la policía lo detuviera allí mismo por tráfico de influencias, salió el nombre de Onalia. «Onalia y yo», dijo González, «pensando en el futuro tenemos que aprovechar ahora que podemos para hacer nuestros pinitos cuando ya no estemos en política…». Causa vergüenza ajena. «Me quiso llevar con él al precipicio», dice Onalia. «Ese Onalia y yo, fue la causa para que me fuera lejos a buscar paz, sosiego, calma, para entenderlo todo».