La arista

Las sobras de Las Teresitas

11/09/2016

Es altamente llamativo como Coalición Canaria se deshace de todos los casos de corrupción que la han rodeado en estos últimos 20 años. En Canarias, cuando hablamos de la corrupción del PP le ponemos nombre y apellidos, los del partido, pero por alguna extraña maniobra de distracción histórica, periodistas y medios de comunicación dejamos huérfanos de padre y madre los casos en los que se investigan, imputan o juzgan a los políticos nacionalistas. Se trata de una respuesta automática, sin reflexión alguna, como la que se pone en marcha cuando hablamos de CC en relación con la representación de los canarios.   Escribimos y decimos, sin ningún tipo de argumento veraz, que "Canarias planta cara a Madrid en el Congreso" en referencia a los diputados de CC a los que hemos atribuido históricamente la representación de todos los canarios, cuando la realidad es que hubo un tiempo en el que representaron a más de doscientos cincuenta mil canarios y hoy sólo a sesenta mil, y de la provincia de Tenerife.

Pues bien ahí están, sentados en el banquillo de la Audiencia Provincial de Tenerife, una veintena de técnicos, políticos y empresarios, quizás lo más granado de una época en Santa Cruz de Tenerife, a los que no relacionamos con Coalición Canaria a pesar de que la corrupción, si existió en forma de prevaricación y malversación de caudales públicos, se produjo en el seno de este partido. Miguel Zerolo hace tiempo que fue abandonado a  su suerte por CC y quién le sucedió en el cargo, como aspirante y como alcalde, procuró también colocarlo en el rincón de los olvidados y linchar su gestión como si un nuevo partido regenerado surgiese de las cenizas. Es una virtud de los nacionalistas distinguirse en cada etapa como un nuevo partido con un nuevo líder, como si los que vienen detrás heredaran la marca sin asumir la historia y las deudas.

CC no es como el PP, que conserva en el tiempo sus propios pecados y a los pecadores. Zerolo no es Soria, y creo que ya no espera una palabra de apoyo de ninguno de sus compañeros de partido, ni de los que lo auparon en su momento, ni de los que ahora rigen los destinos del partido. Se tendrá que defender solo, y si, finalmente, es absuelto, tampoco lo felicitarán, y mucho menos le darán una oportunidad, aunque sea para demostrar a la sociedad que en el proceso de la verdad judicial se cometen muchas injusticias. Soria fue durante mucho tiempo uno de esos mártires políticos en los que se apoyó el partido para demostrar que hubo una cacería de brujas, una posición que le valió para recolocarse en Madrid y obtener la complicidad de muchos compañeros. Miguel Zerolo no correrá con la misma suerte, su partido quema las naves del pasado y sus tripulaciones para las nuevas aventuras y ha puesto todos sus cañones en su contra.

Quince años lleva el asunto de despacho en despacho y en boca de mucha gente, demasiados para lo corta que es la vida de sus protagonistas y suficientes para llenar de libelos páginas de historia de Canarias. Será el tribunal que juzga a los acusados quien decida, pero el caso Las Teresitas tiene mucho de cuento de terror, de mala ficción literaria y de engaño. La "operación manos limpias", la que impulsó el ex ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, para después desembarcar como candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias, recogió el testigo de un caso que moría y lo revitalizó a base de múltiples informes policiales que dieron con una inexperta jueza en el Tribunal Superior de Justicia, Carla Bellini, que acogió todo el material que nadie ordenó confeccionar a la policía, y que fue hábilmente filtrado a la prensa para crear la atmósfera de que Canarias era una ciénaga y que para regenerarla había que votar a López Aguilar. Muchos de aquellos titulares de prensa que venían directamente de la Policía, quedaron en nada aunque costaron mucho trabajo, tiempo y dinero a la administración pública.

La magistrada Bellini, instalada en la sala de lo penal del  Tribunal Superior de Justicia de Canarias como magistrada autonómica de la mano de José Manuel Soria,  no tuvo autoridad para parar a un osado jefe superior de Policía que le enredó el procedimiento. Su falta de experiencia convirtió el asunto en una amalgama de papeles que sólo satisfacían la necesidad de combate mediático más que el orden y el criterio de una investigación rigurosa. Desbrozar todo ese material ha traído por el camino de la amargura a los jueces que se han hecho cargo del asunto y ha retraso considerablemente el juicio que el viernes comenzó en la Audiencia Provincial. También es verdad que Miguel Zerolo lo complicó mucho más al procurarse una plaza de senador en Madrid mientras pudo maniobrar en su partido, cuando aún conservaba un puesto de diputado autonómico. Sea como sea, 15 años es mucho tiempo para que la justicia sea justa y todos los intereses desplegados en torno a este asunto complican una decisión que estará condicionada por la tinta que ha corrido.

Esos intereses han impedido, también, que algunas sombras en el proceso no se hayan iluminado, como la filtración de la sentencia del Tribunal Supremo un mes antes de su publicación en la que se anulaba el Plan General de Santa Cruz, impulsado por Zerolo, y devolvía al frente de playa de Las Teresitas su condición de urbano. Alguien, desconocido para el procedimiento, supo de esta sentencia y de sus consecuencias. En los solares del frente de playa se podrían levantar torres y convertir la zona en una Marbella. Existía un inconveniente, los solares, carentes de valor hasta esta sentencia, eran de muchos y pequeños propietarios unidos por una junta de compensación, por lo que se puso en marcha el proceso para su adquisición. Una empresa, un testaferro, un préstamo millonario y un colaborador necesario que engañara a los propietarios, redondearon la operación. Las Teresitas, el gran negocio inmobiliario del siglo en Santa Cruz estaba en manos de un pequeño grupo de empresarios dispuestos a hacer negocio sin que nadie lo supiese. Un mes después, cuando se publicó la sentencia, las oscuras operaciones de Ignacio González y Antonio Plasencia adquirieron todo su sentido.

¿Quién filtró esa sentencia en el Tribunal Supremo? ¿A quién en Tenerife? Nada se ha investigado mientras las verdaderas víctimas de ese engaño, los pequeños propietarios, fueron vilmente engañados sin que sus derechos se hayan restablecido ni nadie los haya protegido.    

Después vino la compra venta por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. ¿Se pusieron de acuerdo Miguel Zerolo, alcalde de Santa Cruz, y todos los grupos de la corporación con los empresarios para comprar el frente de playa por 55 millones de Euros cuando estaba valorado por los técnicos municipales en 19? Esa es la pregunta a la que debe responder el tribunal que ahora juzga este asunto, aunque, si hubo pelotazo hay otros implicados y otros hechos que el procedimiento y quienes lo han dirigido, como la fiscal María Farnés, no han querido tocar.