La vicepresidenta evita poner fecha a la nueva ley de servicios sociales
La consejera competente en Políticas Sociales del Gobierno autonómico, Patricia Hernández, rechazó concretar cuándo pretende sacar adelante la ley de servicios sociales, un texto que su antecesora en el cargo se marcó también como objetivo prioritario durante las dos legislaturas anteriores.
El presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, anunció en su discurso de investidura -6 de julio- que la aprobación de un proyecto de ley de servicios sociales sería su «primer objetivo» desde que tomara posesión del cargo, y que la aprobaría «antes de terminar este año».
Sin embargo, la vicepresidenta y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Patricia Hernández, evitó ayer poner fecha al nacimiento del texto.
En la comparecencia que Hernández pidió hacer en el Parlamento para informar de los objetivos de su mandato, varios diputados se refirieron a una de las leyes que más prontitud prometía. Entre ellos, surgió la diputada del grupo Nacionalista, Elena Luis Domínguez, que subrayó lo «importante que es aprobar cuanto antes la ley de servicios sociales».
En su respuesta, Patricia Hernández dijo que «el problema es que el texto que estaba no se había pactado con las asociaciones». Además, «le he dicho a mi equipo que convoque a las corporaciones locales», así que «preferimos prorrogarlo en el tiempo a que dentro de un año nos digan que la ley no sirve para nada».
La diputada del grupo Socialista, Teresa Cruz, enfatizó en la necesidad de «realizar un diagnóstico exhaustivo y riguroso sobre la política social y la prestación de los servicios antes de hacer la ley porque sólo así será realmente efectiva».
Canarias tiene una Ley de Servicios Sociales que fue aprobada hace 28 años. Inés Rojas, la antecesora en el cargo de Patricia Hernández, se pasó los últimos ocho años de las dos legislaturas en las que permaneció al frente de la consejería anunciando el nuevo texto.
La aprobación por parte del Gobierno del Estado de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local en 2013 aceleró el compromiso del Ejecutivo de aquel año al verse en la obligación casi repentina de asumir unas competencias que, de hecho, han sido ejercidas por los ayuntamientos.
Posteriormente, con la Ley canaria de Ayuntamientos, el reparto competencial se clarificó pero la Comunidad Autónoma sigue teniendo, hoy por hoy, la misma ley que en 1987.
Otro de los temas para los que tampoco puso fecha cierta la consejera fue en relación al cobro efectivo de las prestaciones canaria de inserción (PCI) que, según la consejera, van a quedar cubiertas con los 7,5 millones de euros previstos en el proyecto de ley de crédito extraordinario y que todavía está por aprobar el Gobierno autonómico.
La diputada del grupo Popular, Josefa Luzardo, no logró arrancar mayor concreción que la previsión del Ejecutivo de sacar la ley en octubre y de solicitar al Parlamento la tramitación abreviada.
